La discusión sobre la prohibición del nepotismo ha opacado una discusión más importante sobre la misma iniciativa. Hablo de la reelección consecutiva de legisladores.
Cuando hablamos de representatividad en una democracia buscamos, en principio, proteger el poder político de la ciudadanía. Su capacidad de incidir en las decisiones de gobierno por medio de incentivos que sitúen los intereses ciudadanos en el centro de cualquier política pública. Una de las muchas maneras en que se pretende resguardar este poder en todas las democracias del mundo (a excepción de Costa Rica) es con la reelección consecutiva de legisladores. De esta manera, cualquier argumento a favor o en contra de esta medida debe revisarse a la luz del impacto en la representatividad ciudadana auténtica.
Los principales objetivos de la reelección consecutiva de legisladores son simples: se busca profesionalizar la figura del legislador y fortalecer el vínculo entre representados y representantes. El trabajo legislativo no es cosa sencilla, requiere de muchos conocimientos y habilidades adquiridas que se refuerzan con la experiencia. Si la experiencia laboral es valiosa en cualquier otro trabajo, ¿por qué no lo sería para las y los legisladores? Pero el segundo objetivo es todavía más importante: todo legislador y legisladora debe responder a la ciudadanía.
La reelección consecutiva es el único mecanismo vinculante que tiene la ciudadanía de aprobar o rechazar el trabajo de sus legisladores. Por lo mismo, las y los legisladores que le deben su permanencia en el cargo a la ciudadanía son más propensos a responder ante los intereses de quienes los eligieron y los podrían reelegir. De esta manera, quitar la reelección de legisladores permite que las y los legisladores se deslinden de los ciudadanos a quienes les deben sus curules.
Las razones para defender la reelección de los legisladores son claras en la teoría, pero en la práctica se dice, siguiendo el propio discurso de la presidenta, que este mecanismo permite que las “élites se perpetúen en el poder”. Si ese es el problema, las soluciones son otras. Prohibir el nepotismo estaría en la lista desde luego, como también regular los mecanismos de financiamiento electoral. Pero prohibir la reelección consecutiva de legisladores se asocia más con la centralización del poder que con el interés de impedir que las élites capturen el poder. Para evitar que las élites se perpetúen en el poder son esenciales los contrapesos, la división de poderes e, insisto, evitar que, a través del financiamiento electoral poderes fácticos —“salvajes”, en palabras de Ferrajoli— se apropien de lo público a través de su dinero. Medidas contrarias a las acciones del hoy oficialismo.
La representatividad se fortalece cuando el representante —en este caso, desde el legislativo— sabe que se debe a la ciudadanía y le responde a ella: no a las dirigencias partidistas, no a otros gobernantes, no a los grupos facciosos. Prohibir la reelección consecutiva nos da legisladores que se deben a todos los anteriores menos a las y los ciudadanos que los eligieron. Y si nuestro breve ejercicio de reelección consecutiva en el legislativo no nos dio los resultados esperados (menos del 20% de las y los legisladores a nivel federal se reeligieron) es porque la reforma de 2014, lejos de minimizar el poder de las cúpulas partidistas, lo fortaleció. Como bien dice Diego Forcada en un trabajo inédito: “el principal filtro de las personas legisladoras con intención de reelegirse se encuentra en las dirigencias de sus propios partidos políticos. Las reglas —y la ausencia de las mismas— concentran en las dirigencias partidistas la capacidad para abrir la puerta o cerrarla para la reelección.”[1]
El camino para garantizar legisladores que respondan a la ciudadanía es claro, lo aplican todas las democracias del mundo (menos una) y se aleja de lo que propone hoy el oficialismo. Un proyecto que sólo escucha su propio discurso de autolegitimación pero es sordo ante las exigencias ciudadanas. Quitar la reelección de legisladores es alejar, aún más, el poder político de la ciudadanía.
Abogado
@MartinVivanco