Esta semana recordé una columna que escribió Carlos Peña sobre la violencia en Chile. La releí y me impactó que parece escrita para el México de estos tiempos. Lo que escribo a continuación es una especie de glosa de las ideas de Peña.
Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y los defensores del régimen salen a decir que “no se politice el tema”. Háganme el favor. La muerte, dice Peña, es un asunto habitual, una muerte a balazos puede ser incluso sólo un tema policial, pero la muerte a balazos de un alcalde en medio de una celebración pública no es ni natural ni policial. Es un asunto político.
El Estado es un aparato que reclama para sí el monopolio de la violencia entendida como el uso de la fuerza legítima. La concentra para que ésta, la fuerza, no sea la soberana en nuestras relaciones sociales. Quienes llevan las riendas del Estado son, precisamente, las autoridades políticas. Es decir, aquellas personas que hicieron campaña y se encumbraron en una posición de autoridad a través del voto. Y “si por torpeza, prejuicio ideológico, incapacidad, somnolencia o lo que fuera, el Estado pierde el monopolio de la fuerza o es incapaz de poner orden, entonces la responsabilidad recae en la autoridad política, en el jefe del Estado y en el aparato gubernamenal”.[1]En este caso, al tratarse de un delito de orden federal, la responsabilidad recae directamente en la Presidenta y sus secretarios y secretarias. Cuando se le hizo saber eso a la mandataria, después del atroz asesinato, salió a decir que el gobierno había hecho lo que había podido. Que Manzo tenía a 14 agentes de la Guardia Nacional para su protección. Olvida que la responsabilidad que tiene el gobierno en este caso equivale a lo que los abogados llaman responsabilidad por los resultados: “en materia de seguridad pública, la autoridad no puede excusarse arguyendo que hizo sus mejores esfuerzos para proteger a la ciudadanía [y a Carlos Manzo], para evitar que el hombre fuera un lobo para el hombre como desgraciadamente está hoy ocurriendo”. Si a pesar de todo la violencia se impone; entonces el Estado ha fallado, punto.
Luego, señala Peña, que desde el estallido social del 2019 se diseminó en Chile la idea de que la principal tarea del Estado era alcanzar la igualdad y la justicia distributiva. El objetivo, sin duda valioso, causó tal entusiasmo en la opinión pública y el aparato gubernamental al grado de opacar la función básica del Estado, que es la seguridad. Algo similar ha pasado en México desde el 2018. Desde los “abrazos, no balazos”, hasta las múltiples campañas de ataque “a las causas sociales de la violencia”; se ha producido en el gobierno una especie de inhibición en la tarea de controlar la violencia. Por supuesto, algo hay de ideológico. La izquierda asocia el uso legítimo de la fuerza con la represión política. En el discurso del día siguiente a la tragedia, la presidenta dejó ver los nubarrones de esta posición.
Sin embargo, es un gran error de la izquierda cederle los asuntos de la seguridad a la derecha. No sólo porque abre la puerta a que la ciudadanía, harta de la anarquía, busque la opción de orden y seguridad en la mano dura de un personaje de ultraderecha; sino que merma su posición como gobierno. Porque el Estado, “en vez de reprimir a quienes emplean la violencia, se reprime a sí mismo y no logra empinarse a la altura de su deber”.
Y, por supuesto, no basta con explicaciones del tipo de las que formuló la presidenta: sí lo protegimos, ahí estaba la Guardia Nacional, como si el asesinato de un alcalde en un evento público, a minutos de haber tenido a su hijo en brazos, “fuera admisible en un Estado democrático comprometido con sus deberes”…, “deberes que son, como queda dicho, obligaciones de resultado, no de medio, no deberes de conducta, sino la garantía ante los ciudadanos de que hay cosas que simplemente no ocurrirán” como este asesinato atroz. Esa garantía se ha incumplido.
Concluyo con el cierre de Peña:
“Las autoridades políticas no deben fungir de intelectuales que dudan frente al sentido de los acontecimientos, ni deudores de obligaciones de conducta, ni personas que se excusan una y otra vez describiendo circunstancias o culpando a quienes le antecedieron. Al menos cuando se trata de evitar que las personas mueran a balazos, el Presidente y los ministros tienen obligaciones de resultado. Y hasta ahora las incumplen de manera flagrante”.
Cambien “el Presidente” por “la Presidenta”, y ya está.
@MartinVivanco
[1] Peña, Carlos, “La muerte a balazos es un asunto político”, El Mercurio, julio de 2024, disponible en: https://www.elmercurio.com/blogs/Registro/Login.aspx?urlBack=/blogs/2024/07/17/117869/la-muerte-a-balazos.aspx