Se acaba de publicar una conversación entre Michael Sandel y Thomas Piketty sobre la igualdad. El libro no dice nada nuevo sobre el pensamiento de los dos autores; más bien parece una entrevista de Sandel a Piketty. No obstante, sirve como un resumen de lo que ambos piensan sobre distintos problemas actuales. Me interesa traer a colación una nota que actualmente aplica muy bien a México. En una parte del libro hablan de la desmercantilización de varios bienes y servicios como un aspecto fundamental e imprescindible de la renovación de la izquierda contemporánea. En palabras de Sandel, la desmercantilización es “quitar la motivación del lucro de varios sectores económicos”. Es decir, que ciertos bienes y servicios operen fuera de la lógica del mercado para entrar a la esfera del interés público, donde su goce y disfrute se vuelve un derecho de todos y no un privilegio de quienes los puedan pagar. Ponen como ejemplo la magnitud que representan los sectores educativos y de salud, que en algunos países llegan a representar el 25% de la economía nacional, y hablan sobre cómo en los países desarrollados ya operan fuera de la lógica de lucro.

Lo ideal, dicen ambos, es que la izquierda contemporánea no sólo se concentre en la redistribución del ingreso, sino en la desmercantilización de bienes y servicios que son imprescindibles para una vida digna. Bueno, en México parecería que estamos haciendo todo lo contrario. Según la reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) el gasto de bolsillo de los hogares mexicanos en salud aumentó un 41% de 2018 a 2024. En educación el gasto se mantiene relativamente estable, pero sigue siendo uno de los rubros en que más invierten los mexicanos de su propio bolsillo; después de los alimentos, el transporte y la vivienda, los hogares mexicanos gastan en educación.

Peor aún, la presidenta acaba de anunciar que su administración ha ahorrado 50 mil millones de pesos en la compra de medicamentos ante la crisis de desabasto en medicinas e insumos médicos. Lo celebra como si ahorrar en derechos fuera un logro, como si el Estado fuera una empresa y sus accionistas fueran a aplaudir los ahorros porque les traerán más dividendos. La lógica del gobierno debe ser otra porque cada peso no gastado es una receta médica que no se surte, un doctor que renuncia al sector público, una medicina que no se encuentra, un centro de salud abandonado. Claro, no se entiende —porque es de verdad incomprensible— cómo en esto celebran ahorros y tiran el dinero en refinerías que no refinan, aeropuertos que no operan al cien por ciento y megafarmacias que no distribuyen.

Pero hay algo más. Los programas sociales, al final, acaban alimentando la lógica de mercado. A las personas se les entrega dinero que pueden gastar en lo que sea, y lo gastan muchas veces en bienes y servicios que el Estado debería brindar. Por eso la ENIGH muestra cómo ha aumentado el gasto de bolsillo de los mexicanos en salud. Ante la falta de médicos y medicinas en el sector público, se opta por consultar médicos privados. Esto implica que el dinero público está parando en manos privadas y que el presupuesto “ahorrado” por el gobierno es una transferencia de costos de los bolsillos de la ciudadanía a los de las empresas que sustituyen al Estado. Por esta y otras razones, el proyecto de la austeridad no puede ser definitivo, sino que debemos buscar crear la arquitectura institucional que permita fortalecer los servicios públicos de salud, educación, vivienda y todo aquello que garantice bienes y derechos fundamentales.

Estoy a favor de los programas sociales, pero estos no deben ser el sucedáneo de la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales mediante infraestructura pública. Esta es no sólo una agenda pendiente de la izquierda mexicana, sino la muestra de un retroceso.

Diputado local en Durango

@MartinVivanco

 Thomas Piketty & Michael Sandel, Equality. What it Means and Why it Matters, Polity, 2025.

 Piketty & Sandel, Equality. What it Means and Why it Matters, p. 12.

 

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