La fotografía de Carlos Slim y Francisco Cervantes en Palacio Nacional, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, podría ser la antesala de un nuevo consejo empresarial que se estaría cocinando ahora que el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) va a dejar esa posición para convertirse en el gran operador gubernamental del dueño de Grupo Carso.
La quinta reunión pública entre Slim y la presidenta Sheinbaum confirma que el multimillonario mexicano, con quien hubo cierto distanciamiento tras la tragedia de la Línea 12 en el 2021, es el principal consejero de su gobierno.
Al igual que con López Obrador, Slim tuvo sus desencuentros al inicio del gobierno, pero muy pronto se convirtió en su principal asesor, con quien sostuvo al menos 15 encuentros formales en su sexenio. Ahora, con Sheinbaum, la historia se repite. El contexto, sin embargo, parece ser mucho más complicado.
El encuentro de este lunes revela la consolidación de un bloque político-empresarial encabezado por Slim y Cervantes, quienes, según fuentes allegadas a ambos, alistan la conformación de una especie de “mini Consejo Mexicano de Negocios” con un pie en el sector privado y otro en Palacio Nacional.
¿Quiénes podrían formar parte de ese consejo? Eso está por verse. Quizá sean solo las decenas de empresas del multimillonario, las cuales serían representadas por Cervantes una vez que deje la presidencia del CCE. ¿Qué pasará con el grupo asesor de empresas que encabeza Altagracia Gómez? Esa es otra pregunta.
La necesidad de este nuevo consejo llega en un momento crítico para la economía mexicana. El Inegi confirmó que el PIB cayó 0.3% entre julio y septiembre, y los indicadores adelantados apuntan a un cierre de año débil. El IOAE estima que la actividad económica de octubre prácticamente no creció (0.0%), con una nueva contracción en las actividades secundarias (-2.1%), reflejo del estancamiento industrial y la desaceleración manufacturera. En paralelo, la ENOE reportó un mercado laboral que pierde dinamismo. La tasa de desocupación subió a 3.0%, aumentó la informalidad y se redujo el número de trabajadores ocupados en sectores industriales y de servicios profesionales, lo que anticipa un 2025 de crecimiento limitado y un entorno laboral más incierto.
A eso se agregan las amenazas jurídicas de ministras como Lenia Batres, quien ha propuesto reabrir casos firmes para “recalcular” impuestos. La sola discusión en la Corte encendió todas las alertas entre inversionistas nacionales y extranjeros. No se trata solo de inseguridad jurídica, sino de la posibilidad de que el nuevo Poder Judicial atente contra derechos adquiridos y genere un precedente que desate litigios masivos, frene inversión y acelere la salida de capitales.
Este ambiente explica por qué los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios impulsaron con fuerza la llegada de José Medina Mora al CCE. El nuevo presidente de la llamada cúpula de cúpulas de la iniciativa privada apunta a ser una voz más crítica del sector privado hacia el gobierno de Sheinbaum, sobre todo en temas fiscales, judiciales y regulatorios.
El contexto social y económico tampoco ayuda. En México proliferan las protestas de transportistas, agricultores, comerciantes y microempresarios, inconformes con la inseguridad, la extorsión, la falta de apoyos, el aumento de cargas laborales y el débil crecimiento económico. Son señales de un malestar que también está llegando a Estados Unidos, donde cámaras empresariales han advertido al Congreso y a la USTR sobre violaciones al TMEC, incertidumbre regulatoria y fallas en la protección al inversionista. Es un cóctel complicado que presiona al gobierno mexicano desde adentro y desde fuera.
Posdata 1
La pregunta es si Slim, el empresario más rico e influyente de México, podrá incidir en algo más que en diagnósticos técnicos. Este lunes pasó más de tres horas con Sheinbaum, tiempo suficiente para revisar proyecciones económicas y también los temas que preocupan a los empresarios. Slim conoce mejor que nadie la sensibilidad de los inversionistas, la importancia de reglas claras y el riesgo de tener a un Poder Judicial en contra de los empresarios en plena desaceleración. Su aportación, si es que quiere hacerla, será convencer a la presidenta de enviar señales de certidumbre antes de que el deterioro avance y el país llegue a un punto de no retorno.
Posdata 2
Tras conocerse que la Suprema Corte decidió atraer, por insistencia de la ministra Lenia Batres, el caso fiscal de 2 mil 868 millones de pesos contra FEMSA, las acciones del gigante regiomontano cayeron 1% este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores. Para una emisora de ese tamaño, ese retroceso implica miles de millones de pesos en valor de mercado evaporados en cuestión de horas, reflejando la preocupación inmediata de los inversionistas por la intervención extraordinaria de la Corte.
El golpe fue aún más profundo en Coca-Cola FEMSA (KOF), cuya acción retrocedió 2.58% durante la sesión. El viraje de la SCJN, sumado al antecedente de la ministra Batres de intentar flexibilizar la cosa juzgada, elevó la percepción de riesgo para las empresas sujetas a litigios fiscales de alto perfil. La reacción bursátil es una muestra de desconfianza ante la posibilidad de que litigios puedan revertirse por presiones políticas.
Las caída de FEMSA y KOF confirman que la inseguridad jurídica tiene un costo inmediato y cuantificable. En este caso impactó a dos de las emisoras más grandes e internacionales del mercado mexicano.
Posdata 3
Una buena para el gobierno mexicano. Este lunes, la Secretaría de Economía anunció una victoria jurídica relevante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de que el tribunal arbitral desestimó la demanda presentada por Access Business Group LLC, la cual buscaba obtener más de 2 mil 700 millones de dólares por una presunta expropiación de terrenos en Jalisco.
El tribunal determinó que no tenía jurisdicción para revisar el caso porque los hechos reclamados ocurrieron fuera de la vigencia del TLCAN, con lo que desactivó una de las demandas más onerosas que enfrentaba el país.
El fallo también ordenó que la empresa pague cerca de 1.3 millones de dólares por gastos procesales del gobierno mexicano, un mensaje jurídico contundente para otras compañías que buscan litigar bajo las disposiciones del antiguo tratado comercial. La resolución confirma que las obligaciones sustantivas del TLCAN no se extienden mecánicamente bajo el TMEC, lo que fortalece la posición del Estado mexicano en futuras controversias y reduce los riesgos asociados a compensaciones multimillonarias.
@MarioMal