Cuando asumió la presidencia de México, Claudia Sheinbaum heredó el enorme desafío de conducir el proyecto de la 4T bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador. Doce meses después, la Presidenta ha comenzado a imprimirle sello con decisiones que van desde combatir el contrabando de combustibles y el huachicol fiscal, hasta marcar límites a las Fuerzas Armadas y entregar el control de la inteligencia civil y financiera a su hombre fuerte, Omar García Harfuch. No obstante, la reforma político-electoral que anunció hace unas semanas y confirmó este 1 de octubre –muy emblemático para ella– significará el verdadero parteaguas de su gobierno y su apuesta política.
La reforma de su autoría no solo pretende eliminar a los diputados y senadores plurinominales, sino acabar con el fuero constitucional que durante décadas blindó a legisladores frente a la justicia. Se trata de un movimiento que combina simbolismo y poder. Por un lado, golpea a los “aviadores” de la política que han hecho carrera a la sombra de las listas de los partidos, y por otro sacude las bases de una tradición que permitió a muchos evadir la justicia. “La Presidenta no tiene fuero, pues tampoco deberían tenerlo los diputados y senadores”, sentenció ayer, con lo que envió una señal inequívoca a aliados y opositores.
La eliminación de los plurinominales representa un golpe directo a los partidos satélite que han encontrado en esos espacios su posibilidad de supervivencia. El Partido Verde y el PT serían los más afectados al perder la vía que les garantiza curules sin competir en las urnas. Sheinbaum parece dispuesta a prescindir de ellos, incluso a confrontarlos en territorios donde han sido socios incómodos, como San Luis Potosí y Quintana Roo, rumbo a 2027. La jugada responde a la construcción de lo que en Palacio Nacional llaman el “segundo piso de la 4T”: un proyecto menos dependiente del liderazgo carismático de López Obrador y más enfocado en lo institucional y en los resultados; uno que busca legitimidad en la austeridad y el combate los privilegios. Así, mientras se sacude a aliados indeseados, fortalece a Morena como eje del movimiento.
El anuncio es dinamita para la coalición oficialista. El expetista Gerardo Fernández Noroña calificó la idea de eliminar plurinominales como “una barbaridad”, mientras que Pablo Gómez, encargado de la comisión presidencial para la reforma electoral, insistió en que habrá una consulta ciudadana, aunque reconoció que Morena usará su mayoría para encauzar el proceso. La advertencia de que los cambios no se aprobarán de inmediato suena más a estrategia de dosificación que a freno real. Con el control de ambas cámaras, el oficialismo tiene capacidad para modificar la Constitución. El riesgo está en la percepción, pues si la reforma se interpreta como una medida para reducir la pluralidad y reforzar la sobrerrepresentación de la mayoría, podría leerse como un regreso al viejo presidencialismo. Pero si se presenta como una limpieza del sistema político, puede consolidar a Sheinbaum como la Presidenta que terminó con dos de los privilegios más cuestionados de la política mexicana: el fuero constitucional.
Ese “movimiento que combina simbolismo y poder” adquiere todavía más fuerza en el contexto de los señalamientos contra Adán Augusto López. Mientras el líder de Morena en el Senado enfrenta cuestionamientos por ingresos millonarios y dudas sobre el pago de impuestos, la Presidenta se lanza con una reforma que busca erradicar privilegios y blindajes como el fuero. El mensaje es que ni aliados cercanos ni opositores podrán refugiarse en curules o escaños para evadir la rendición de cuentas. Y ahí está la dimensión de poder: consolidar el control de Morena sobre el aparato legislativo, deshacerse de socios incómodos como el Verde y exhibir que en la 4T la agenda ya no la marcan los viejos operadores, sino la Presidenta.
La eliminación del fuero ha sido la bandera histórica de movimientos ciudadanos que reclaman igualdad ante la ley, aunque igualmente es una herramienta de protección legítima para garantizar la independencia legislativa. Sin fuero se abren interrogantes sobre las garantías para que no se use la justicia como arma política.
Sheinbaum apuesta a que el simbolismo supere las dudas técnicas y políticas. Un Congreso sin privilegios frente a un Ejecutivo que se asumirá igual de expuesto ante la justicia puede darle a la Presidenta la legitimidad institucional que López Obrador construyó con el discurso del pueblo contra las élites; de pobres contra ricos. Del otro lado, un mal manejo de la reforma podría derivar en la percepción de concentración de poder y de debilitamiento de contrapesos.
A un año de gobierno, Sheinbaum va dejando claro que no será una administradora pasiva de la herencia de López Obrador. Ya mostró que se pueden tocar intereses —desde el robo de combustibles hasta el escrutinio de las Fuerzas Armadas y los aliados del movimiento— y ahora se lanza por la joya de la corona: la reforma político-electoral que a López Obrador no le alcanzó el tiempo de aprobar.
Posdata 1
“Soy un pésimo neoliberal”, lanzó Edgar Amador ayer en su comparecencia en el Senado, en respuesta a la legisladora del PRI, Carolina Viggiano. La frase buscó arrancar aplausos del oficialismo y marcar distancia con la ortodoxia económica, aunque también exhibió la paradoja de un discurso que presume estabilidad mientras el déficit ronda el 4.3% del PIB, la deuda pública escala a 52.3% y la economía se estanca por debajo del 1% en 2025.
En materia macroeconómica, el secretario de Hacienda desechó las críticas opositoras sobre una posible recesión: “No hay recesión, agosto muestra solidez en comercio, empleo y consumo”, dijo. Citó ventas de la ANTAD y balanza comercial como prueba de dinamismo, aunque dejó fuera la desaceleración industrial y la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos y la próxima renegociación del TMEC.
Amador enumeró varias cifras espectaculares: más de un billón de pesos a programas sociales, 149 mil millones a becas y 904 mil millones a salud, además de 850 mil millones en infraestructura. Todo bajo la bandera del “humanismo mexicano”, que, según el secretario, combina derechos sociales con disciplina fiscal.
Sobre el sector energético, dijo que por primera vez en 12 años “la gran mayoría” de las agencias mejoraron la perspectiva crediticia de Pemex gracias a la estrategia de capitalización y refinanciamiento.
La pregunta central de los inversionistas y analistas es si el gobierno logrará mantener la sostenibilidad del gasto (social, sobre todo) sin una reforma fiscal o mayor endeudamiento.
Posdata 2
El gobierno de Claudia Sheinbaum ya puso en marcha las consultas internas rumbo a la revisión del TMEC. Son dos carriles: 30 sectores clave de la economía y las 32 entidades federativas, desde las más vinculadas al comercio internacional hasta aquellas con menor exposición. La novedad es que se firmó un acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para organizar estos ejercicios en conjunto y, sobre todo, para mantener un mecanismo de consulta fortalecido; una evolución del llamado “cuarto de junto” que garantice interlocución privilegiada con la iniciativa privada, pero ahora más plural.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó este miércoles la reunión con senadores de las comisiones de Economía, mientras que el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez se sentó con diputados de todas las bancadas. Desde Luis Donaldo Colosio hasta Alejandra Barrales, pasando por Marko Cortés y Enrique Vargas, todos coincidieron en que la revisión del TMEC requiere cerrar filas. El Senado ya dejó claro que será respaldo político de la cancillería en este proceso.
La inquietud en el CCE giraba en torno al futuro del “cuarto de junto”, esa sala de guerra empresarial que acompañó la negociación del tratado en 2018. Lo que Ebrard explicó, según los asistentes, es que el esquema se mantiene, pero ampliado. El CCE seguirá siendo el eje, aunque se incorporarán voces sectoriales y estatales para legitimar el consenso.
El mensaje es que el gobierno quiere llegar a 2026 con una sola voz. Y por ahora, el foco estará en los foros estatales y sectoriales que se realizarán en las próximas semanas.
Posdata 3
Por cierto que hablando del TMEC, vaya declaraciones del asesor del Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien dijo recientemente que “las conversaciones con los países (del acuerdo) probablemente serán bilaterales”.
Esto lo dijo al explicar por qué las negociaciones del TMEC se han inclinado hacia un eje de Estados Unidos-Canadá. La frase encendió alarmas en México y el secretario Marcelo Ebrard buscó matizar de inmediato: “No significa que México esté fuera del tratado”, dijo, aunque reconoció que el contenido más delicado de las discusiones comerciales hoy tiene carácter estrictamente bilateral.
El contraste con 2018 es inevitable. En aquel entonces, cuando Donald Trump amagaba con cerrar un acuerdo exclusivo con México, fue el gobierno de Enrique Peña Nieto el que insistió en que Canadá permaneciera en la mesa para mantener la naturaleza trilateral del pacto. Esa apuesta política fue presentada en su momento como un triunfo de la diplomacia mexicana: evitar la marginación de un socio y sostener un bloque regional equilibrado. Seis años después, la historia parece invertirse y ahora son Estados Unidos y Canadá quienes consideran prescindir de México en la discusión fina de reglas de origen y subsidios estratégicos.
Para un país cuya economía depende en más de 80% de sus exportaciones hacia el norte, la exclusión parcial debilita la posición mexicana rumbo a la revisión integral del tratado en 2026, cuando estarán en juego capítulos críticos para el sector automotriz, energético y agroindustrial. Ebrard intenta transmitir calma.
Posdata 4
El senador Alfonso Cepeda, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), volvió a marcar la línea de lo que a su juicio debe ser un sindicalismo moderno en México: participativo, con conciencia social y alejado de los viejos vicios corporativos. El SNTE es el sindicato más grande de América Latina con cerca de 1.5 millones de agremiados y un peso político que históricamente ha definido gobiernos y reformas.
La gestión de Cepeda, quien asumió la dirigencia en noviembre de 2018 en el contexto de la transición política hacia el gobierno de López Obrador, se ha enfocado en reposicionar al SNTE con un discurso de democratización interna y de reposicionamiento político. Hoy el SNTE vuelve a ser un actor de primer orden en las decisiones del gobierno, pero con una narrativa enfocada en la educación como motor del desarrollo nacional.
El magisterio, que vivió una de sus etapas más crítica durante la reforma de Peña Nieto, reapareció como un aliado clave de Morena. Cepeda ha sabido capitalizar coincidencias ideológicas con el partido gobernante, sobre todo en torno a la justicia social y la revalorización del maestro como figura central del país.
@MarioMal