La presidenta Claudia Sheinbaum está cargando con el peso de los malos gobiernos estatales; o mejor dicho, de los gobernadores del desastre que concentran buena parte de la violencia y el descontento social. Michoacán, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Campeche y Puebla se han convertido en zonas incómodas para la mandataria federal, donde se combinan la indiferencia, la soberbia y los escándalos por ataques a la prensa o por la falta de empatía ante la tragedia.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos aumentaron en junio de 2025 en Sinaloa, donde “gobierna” Rubén Rocha, que se colocó entre los tres estados con más víctimas, y en Sonora, a cargo de Alfonso Durazo, la violencia criminal y de género sigue sin contención. En Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla, las disputas entre grupos armados han dejado una ola de asesinatos, entre los que destacan los de siete alcaldes y líderes productores, que ni los despliegues de la Guardia Nacional han podido frenar. En Veracruz, pese a los discursos de “orden y transparencia” de Rocío Nahle, la entidad se mantiene entre las 10 con más feminicidios del país. Puebla, gobernado por Alejandro Armenta, ocupa los primeros lugares en percepción de inseguridad urbana, con 74.5% de los poblanos que se sienten inseguros en su ciudad, de acuerdo con la encuesta más reciente del Inegi. Y Campeche, al mando de Layda Sansores, ha sido rebasado por el crecimiento del narcomenudeo y el aumento de delitos patrimoniales.
El índice nacional de percepción de inseguridad subió a 63.2% en el segundo trimestre de 2025. Seis de cada diez mexicanos creen que su ciudad no es segura. La violencia es un problema compartido entre gobiernos estatales y municipales. Y en la mayoría de esos estados el denominador común es Morena.
Ramírez Bedolla, en Michoacán, vivió su peor crisis tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo. Acudió a su funeral de Manzo entre abucheos y reclamos: “Carlos no murió, el gobierno lo mató”, gritaban los asistentes.
Alfonso Durazo, en Sonora, enfrentó este fin de semana el incendio de una tienda Waldo’s en Hermosillo, que dejó al menos 23 muertos, entre ellos varios menores de edad. Aunque las autoridades estatales y federales han descartado hasta ahora que se tratara de un ataque armado o una extorsión, el siniestro reavivó la indignación ciudadana por las condiciones de inseguridad y la lenta respuesta de los servicios de emergencia.
Rubén Rocha, en Sinaloa, es un cero a la izquierda. Lleva un año y dos meses con una guerra entre grupos del crimen organizado que ha generado más de dos mil muertos. Rocío Nahle, en Veracruz, fue criticada por su tardía respuesta ante las inundaciones que devastaron municipios petroleros en octubre, pues mientras los damnificados pedían ayuda, la gobernadora aparecía en eventos públicos minimizando la emergencia. Y Alejandro Armenta, en Puebla, reaccionó con la misma frialdad cuando las lluvias dejaron colonias enteras bajo el agua; se limitó a decir que “no era momento de buscar culpables”. Layda Sansores, en Campeche, sigue más preocupada por sus pleitos políticos que por la ola de robos, extorsiones y homicidios que golpean a la capital.
A los escándalos de seguridad se suman los ataques a la libertad de expresión. Veracruz y Michoacán siguen siendo de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, con casos recientes de amenazas y censura a comunicadores. En Sonora, activistas y reporteros denuncian la falta de garantías para cubrir temas de violencia o corrupción. En Puebla y Campeche, los medios locales enfrentan acoso judicial y presión económica de sus gobiernos.
Y fuera del círculo de Morena, el panorama también preocupa. Guanajuato, gobernado por la panista Libia Denise García, mantiene desde hace años el liderazgo en homicidios dolosos. Sigue siendo el estado más violento del país, con más de 2 mil 500 asesinatos en los primeros nueve meses de 2025.
Este clima golpea directamente a la presidenta Sheinbaum. Su estrategia de seguridad, basada en la coordinación con los estados y municipios, se pone en entredicho cada vez que un gobernador o edil deja de hacer su trabajo.
Y aunque el gobierno presume una reducción de 32.9% en homicidios dolosos desde septiembre de 2024, la percepción de inseguridad creció. Sheinbaum lo sabe y la irritación se le nota. Este lunes arremetió contra la prensa y sus críticos, a quienes llamó “carroñeros” por exhibir las tragedias.
Los gobernadores del desastre son el espejo más crudo del país. La presidenta puede culpar al pasado y en parte tiene razón: la violencia es un legado que viene de sexenios panistas y priistas, pero después de siete años de gobiernos morenistas, el discurso ya no basta. Si Sheinbaum quiere salvar su narrativa de cambio, deberá empezar por poner orden dentro de su propio partido. Porque mientras sus gobernadores sigan hundidos en la ineptitud y la arrogancia, cualquier intento de reconstruir la paz seguirá siendo una promesa vacía.
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En su más reciente libro, la presidenta Claudia Sheinbaum dedica amplios pasajes a rememorar las giras que realizó junto al entonces presidente López Obrador, cuando recorrieron el país consolidando el movimiento que la llevó al poder. En esas páginas aparecen varios de los actuales gobernadores morenistas, descritos como compañeros de lucha y herederos de un mismo proyecto político. Figuran nombres como Alfonso Durazo, de Sonora; Layda Sansores, de Campeche; y Rocío Nahle, de Veracruz, quienes enfrentan crisis de inseguridad, pleitos internos o escándalos de gestión que amenazan con desgastar la narrativa de la “transformación”.
Esa cercanía, sellada en las campañas y en la lealtad al movimiento, explica la prudencia de la presidenta ante los tropiezos de sus mandatarios locales. No puede desmarcarse sin cuestionar el legado político que la catapultó al poder. Por eso, pese a los escándalos y las tragedias mal gestionadas en Veracruz, la violencia y las crisis en Sonora o los conflictos sociales en Campeche, Sheinbaum los defiende en público. La lealtad política se ha convertido en un lastre para la presidenta.
Enrique Peña Nieto también elogió a muchos de sus gobernadores —Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, entre otros— antes de que la corrupción y el crimen organizado los hundieran y el propio gobierno federal tuviera que entregarlos a la justicia. ¿Qué hará Claudia Sheinbaum cuando los excesos, la violencia y la arrogancia de sus aliados terminen por ser insostenibles? ¿Seguirá defendiéndolos en nombre del movimiento o hará lo que Peña Nieto y que cualquier mandatario tendría que hacer ante las ilegalidades?
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Por cierto que en medio de la emergencia por las recientes inundaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un desencuentro con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Ocurrió durante una de las reuniones virtuales que la mandataria encabezó con los cinco gobernadores de los estados más afectados por las lluvias. Según asistentes, Sheinbaum interrumpió a Nahle en varias ocasiones al percatarse de que no tenía los datos puntuales sobre daños, número de damnificados y avances en el restablecimiento de energía y caminos.
La escena, dicen, fue tensa. Sheinbaum le pidió “precisión y control”, recordándole que Veracruz concentraba uno de los mayores impactos del temporal y que la coordinación federal dependía de información verificable. La exsecretaria de Energía intentó justificarse con retórica política, argumentando que los reportes estaban en integración, pero la presidenta le soltó en más de una vez: “dame los reportes que te pedí, Rocío”.
El episodio confirma que aunque en público la presidenta suele defender a Nahle frente a las críticas, en privado la reprende por su falta de rigor y por la forma en que maneja la crisis.
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En la renovación que el PAN anunció hace unos días, la dirigencia encabezada por Jorge Romero rompió formalmente con el PRI de Alejandro Moreno. El mensaje se leyó como que no habrá alianza rumbo a 2027 ni para la presidencial de 2030. La noticia es que previo a esa noticia, hubo una reunión previa entre Romero y “Alito”, en la que el panista le adelantó la jugada. El priista escuchó con gesto indiferente, pero tras el anuncio no tardó en arremeter. Acusó al PAN de “romper la unidad opositora” y de actuar con “cálculo político”, dejando claro que no dejará pasar la narrativa de que el PRI fue el responsable del quiebre.
No todos en el panismo quedaron conformes con la forma ni con el fondo. Viejos liderazgos del blanquiazul reprochan a Romero no haber socializado por completo la decisión dentro del CEN ni consultado a algunos de los fundadores y exdirigentes que ven con recelo su estilo más pragmático y menos institucional. Algunos consideran que la ruptura debió construirse con un discurso de renovación interna y no como un distanciamiento abrupto que podría fracturar más al partido y complicar su recomposición territorial.
La apuesta de Romero busca reposicionar al PAN como una fuerza moderna y autónoma, pero enfrenta el reto de volver a entusiasmar a una militancia que lleva años desmovilizada. Falta ver si logra reagrupamiento o si la jugada termina aislando al partido en un escenario político dominado por Morena.
@MarioMal