A solicitud de la ministra Lenia Batres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un presunto adeudo fiscal de 2 mil 868 millones de pesos del conglomerado multinacional Femsa, siete días después de haber rechazado exactamente el mismo asunto.
El 6 de noviembre, el pleno de la Corte había votado 8-1 en contra de atraer el expediente bajo un criterio tradicional. Resultó que la cuantía económica no bastaba para ejercer la facultad extraordinaria de atracción y no había relevancia constitucional. Pero el 13 de noviembre, con una nueva solicitud presentada por Batres, la única disidente una semana antes, la Corte modificó su postura y aprobó la atracción por 6-3, sin que hubiera cambiado un solo elemento jurídico del caso.
El viraje de los ministros y ministras encendió una señal de alerta entre los empresarios, en un contexto donde el gobierno y el SAT presionan a todos los contribuyentes cautivos porque necesitan incrementar la recaudación para financiar el enorme presupuesto federal del próximo año, que contempla niveles históricos de gasto social e infraestructura. Si un caso fiscal millonario puede pasar de rechazado a aceptado en solo una semana por presiones internas, las empresas temen que otros litigios concluidos puedan “rescatarse” bajo criterios extraordinarios, rompiendo la certeza jurídica que sustenta inversiones y decisiones de largo plazo.
El fondo del expediente de Femsa, que tiene que ver con impuestos omitidos en 2011, no cambió en nada entre ambas sesiones de la Corte. Lo único que cambió fue la presión interna, pues Batres volvió a presentar la solicitud y un sector del pleno se movió con ella. Para varios ministros en privado, el episodio “rompe una práctica institucional”, porque lo que ya se había votado no se volvía a discutir salvo circunstancias excepcionales.
¿Por qué cambió entonces el voto de algunos ministros y ministras? Hay tres explicaciones dentro y fuera del máximo tribunal. Primero, la influencia creciente de Batres, quien ha demostrado capacidad para empujar temas cuando coinciden con los intereses fiscales del gobierno.
Segundo, la necesidad del Ejecutivo de evidenciar que el Poder Judicial no será un dique ante litigios fiscales relevantes, especialmente en un año en el que la recaudación será fundamental. El caso más visible es el de las empresas del magnate Ricardo Salinas Pliego.
Y tercero, un clima político en el que algunos ministros prefieren no quedar aislados en votaciones que puedan interpretarse, desde Palacio Nacional, como “favorables” a grupos empresariales que no son afines a la línea del gobierno, como lo ha sido el emporio regiomontano que presidía hasta hace pocas semanas José Antonio Fernández “El Diablo”, y cuya presidencia heredó a su hijo.
La atracción no equivale todavía a una reapertura formal del caso, pero sí es el primer paso, pues ahora la Corte podrá revisar la actuación del Tribunal Colegiado, emitir un nuevo criterio y, eventualmente, modificar el rumbo del litigio. En asuntos fiscales de esta magnitud, la atracción suele anticipar un escenario donde Hacienda podría salir favorecida, lo que alimenta el malestar entre las empresas.
Todo esto adquiere una dimensión mayor porque Lenia Batres está perfilada para convertirse en la próxima presidenta de la Corte. Su eventual llegada al cargo —que varios ministros consideran ya un hecho consumado— revive los temores centrales del sector empresarial: que el nuevo Poder Judicial, con su sello, puede operar bajo criterios políticos, no jurídicos, alineando resoluciones a objetivos fiscales y al proyecto de “justicia popular” que la ministra ha promovido.
Su iniciativa del 11 de julio de 2025, que proponía revertir sentencias firmes y eliminar la intangibilidad de la cosa juzgada, fue la prueba más clara de esta visión. La consulta cayó en su propia ponencia y, aunque la mayoría del pleno la rechazó en una sesión reciente, el daño institucional quedó sembrado.
Tras su avance político-judicial hay un operador clave: su hermano, Martí Batres, quien mueve las estructuras territoriales de la capital y es parte del ala radical de Morena. El experimentado político busca fortalecerla y fortalecerse él mismo en un rediseño del poder judicial que le dará a Lenia control sobre la SCJN y el Consejo de la Judicatura.
Lo que preocupa al sector privado no es solo su perfil político, sino su inexperiencia jurídica, sus revanchas personales y sus sesgos ideológicos. Si hoy, sin ser presidenta, logra revertir criterios en una semana, ¿qué pasará cuando encabece la Corte?
Entre tantos frentes abiertos de México con sus principales socios comerciales y en vísperas de que comience la revisión del TMEC, esta escaramuza de la Corte contra algunas de las empresas más relevantes del país ya comenzó a generar mucha preocupación en la IP.
Posdata 1
Hablando de Ricardo Salinas Pliego, generó revuelo la declaración del presidente del PAN, Jorge Romero, al diario El País, en la que no descartó abrirle la puerta al multimillonario para una candidatura presidencial en 2030.
La declaración, que puede parecer un gesto menor o un simple coqueteo mediático, no lo es. Más bien parece el reconocimiento implícito de que la oposición tradicional no tiene figuras competitivas y con capacidad de movilización, por lo que necesita recurrir a un actor externo, en este caso a uno con alcance propio, músculo económico y una identidad política que no depende de las estructuras partidistas.
A inicios de septiembre publiqué un texto titulado “¿Y si Ricardo Salinas Pliego fuera candidato presidencial?”, en el que elaboré sobre las características que el dueño de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca tiene para poder aspirar a ello: una base natural de millones de usuarios y espectadores, una maquinaria de comunicación que opera en tiempo real y una retórica antisistema que conecta con los sectores hartos de la política tradicional. No es casual que, apenas surgido el guiño panista, su nombre haya reactivado la conversación pública sobre la posibilidad real de que un outsider pueda competir en 2030… siempre y cuando no sea impedido legalmente por sus asuntos fiscales.
El reto, de cualquier manera, sería monumental.
Tendría que transformar su influencia en estructura, sus seguidores en votos y su discurso antisistema en un proyecto de gobierno. Además, supone que la oposición estaría dispuesta a ceder el control tradicional de sus candidaturas a una figura que no juega bajo las reglas convencionales. Por ahora, el ofrecimiento del PAN luce más como una búsqueda desesperada de relevancia que como una verdadera estrategia… pero abre una puerta que, una vez cruzada, podría sacudir el tablero político de la próxima sucesión presidencial.
Posdata 2
El megabloqueo anunciado por transportistas y organizaciones campesinas para este lunes en la CDMX y el Edomex vuelve a encender alertas de la inconformidad social y económica. A las denuncias de extorsión, cobro de piso y asaltos violentos en carreteras se suma ahora la presión de Estados Unidos y sus más de 300 empresas, entre ellas UPS, Coca-Cola, HP, IBM y Texas Instruments, que pidieron a la USTR incluir la inseguridad carretera de México como tema prioritario en la revisión del TMEC 2026.
Organismos y consultoras del sector logístico hablan de 24 mil robos de carga al año, pérdidas por más de 7 mil millones de pesos y un crecimiento del 16% de los delitos en 2024. No existe un reporte oficial único que consolide esos números, pero sí una convergencia de fuentes privadas y empresariales que documentan el deterioro acelerado en las rutas carreteras del país.
En ese contexto, lo ocurrido el 15N, la irritación de sectores económicos, los bloqueos recientes y el hartazgo ciudadano aumentan la percepción de que la inseguridad, la violencia, la corrupción, la extorsión y la impunidad están erosionando al Estado. Transportistas, productores, empresas y comunidades rurales coinciden en que las carreteras están fuera de control, y que ni autoridades estatales ni federales han logrado contener a los grupos criminales.
El impacto ya es binacional. Si Estados Unidos empieza a convertir este tema en una condición para la cooperación comercial o para la agenda del TMEC, la presión política y económica sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum podría escalar rápidamente.
Posdata 3
En la Cámara de Diputados se cocina una reforma para garantizar recursos al campo. En el contexto de las manifestaciones de campesinos de las semanas recientes, el diputado federal Ulises Mejía Haro presentó una iniciativa para asegurar que cada año el Programa Especial Concurrente (PEC), destinado al desarrollo rural, reciba recursos crecientes en términos reales, con el propósito de fortalecer la productividad y mejorar el bienestar de las familias que trabajan la tierra en todo el país.
El legislador zacatecano conoce la situación del campo, por lo que la propuesta contempla adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para brindar certidumbre presupuestaria y evitar que la inversión en el campo quede sujeta a recortes o variaciones anuales. Con esta modificación, los recursos asignados al sector primario deberán incrementarse de forma obligatoria en cada ejercicio fiscal y así se pueda contar con recursos que permitan ampliar la modernización de infraestructura hidroagrícola, avanzar en la tecnificación del riego, impulsar la agroindustria y elevar la productividad, elementos clave para mejorar los ingresos de productoras y productores que sostienen la alimentación del país, y así dotar de un marco legal más robusto a un sector que año con año tiene que manifestarse para exponer la precaria situación en que se encuentra el campo de nuestro país.
@MarioMal