Este miércoles, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, saldrá a una conferencia de prensa que, en esencia, busca dar elementos para que las autoridades federales atraigan el caso del Rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco.
A diferencia de ocasiones anteriores, en las que la cabeza del Ministerio Público aparecía en la llamada Conferencia del Pueblo, el reporte se dará por separado, entre otras cosas porque la presidenta Claudia Sheinbaum quiere estar lo más lejos posible del tema y evitar que le ocurra lo que a Enrique Peña Nieto con el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el reporte expone que la Fiscalía de Jalisco cometió diversas omisiones en la investigación, ya que las autoridades locales tenían conocimiento de la existencia del rancho desde el año pasado cuando se llevó a cabo un operativo de la Guardia Nacional que derivó en el aseguramiento del predio. El resultado fueron 10 personas detenidas, un cadáver y la liberación de dos secuestrados.
"No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado; esa información es fundamental”, dijo la semana pasada el fiscal Gertz Manero, por lo que se anticipa que las nuevas averiguaciones no sólo irán enfocadas a la actividad del crimen organizado en la zona, que habría convertido al rancho un “centro de reclutamiento y entrenamiento”, sino contra varios funcionarios estatales y municipales.
Lo que es un hecho que ni la FGR ni las autoridades locales podrán negar es el avance del crimen organizado en Jalisco, al grado de que el CJNG se ha convertido en el grupo más poderoso del país por su capacidad de fuego, sus numerosas filas y la diversidad de negocios en los que participan.
Los funcionarios y políticos jaliscienses tomaron como una amenaza directa de este cártel el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido a finales del 2020 cuando el emecista Enrique Alfaro ya era gobernador. Otro antecedente fue el ataque al exfiscal Luis Carlos Nájera, en 2018, en un restaurante en Guadalajara.
El problema fue que desde la federación se mandaron señales de que la estrategia contra el crimen, promovida por Andrés Manuel López Obrador, sería la de “abrazos no balazos”. Los gobernadores de zonas complejas en materia de seguridad, ya sea morenistas o de oposición, decidieron apartarse del tema.
Consultado para este texto, un exsecretario de seguridad estatal aseguró que la premisa de combatir al crimen cambió radicalmente con la llegada de Morena a la Presidencia: “Si no entran desde el gobierno federal a combatirlo y se debilitan las instituciones de seguridad, tampoco entramos nosotros”.
Con más margen de maniobra, el crimen organizado instauró una nueva estrategia que denominaron “limpiar la basura”; es decir que los propios delincuentes debían evitar llamar la atención y limpiar los restos de los delitos cometidos en la vía pública. “Así comenzaron a incrementar de manera exponencial los números de desaparecidos en el país”.
Un ejemplo de aquella “limpieza” que debían hacer los criminales fue cuando, en marzo del 2023, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas; dos de ellos fueron encontrados muertos en una comunidad rural llamada Ejido Longoreño, luego de la presión que ejerció el gobierno de Estados Unidos.
Es por ello que hay indicios de que el horror que quedó al descubierto en Jalisco pueda replicarse en entidades como Baja California, de Marina del Pilar; Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla; Sonora, de Alfonso Durazo; Sinaloa, de Rubén Rocha; Nayarit, de Miguel Ángel Navarro; Colima, de Indira Vizcaíno; Chiapas, de Eduardo Ramírez; y Tabasco, de Javier May, entre otros.
La complejidad de las labores de investigación que tendrá que hacer la Fiscalía General, además de lo que ya de por sí implica ir por la delincuencia organizada, estará en enfocar los resultados de las pesquisas a las omisiones de las autoridades locales, toda vez que hay una solicitud expresa de dejar fuera cualquier argumento que apunte a presuntas responsabilidades del gobierno de López Obrador, debido a que fueron elementos del orden federal los primeros en realizar labores en el Rancho Izaguirre.
Posdata 1
Sin mucho que celebrar, este martes se conmemoró el 87 Aniversario de la Expropiación Petrolera. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su Gabinete, legal y ampliado, al evento en el que se firmó el decreto de las leyes secundarias de la reforma energética que otorga a Pemex y CFE el estatus de empresas públicas.
La realidad es que Pemex está en uno de los peores momentos de su historia, con una producción de 1.5 millones de barriles diarios, la más baja de los últimos 45 años, al igual que la inversión para la exploración y los niveles de operación de sus refinerías, sin contar que la malograda Refinería de Dos Bocas no está operando.
De lo poco rescatable es que, con mucho pesar, Pemex está saldando sus deudas con proveedores; entre marzo y abril liquidó otros 6 mil 400 millones de dólares, y que, pese al discurso, está permitiendo la inversión privada, como la que hará el multimillonario Carlos Slim en el yacimiento de crudo Zama y el campo de gas natural Ixachi.
Por otro lado, los trabajadores de Pemex han aguantado con firmeza la mala racha de Pemex. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Ricardo Aldana, fue muy bien recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en el presidium del evento, al lado de la secretaria de Energía, Luz Elena González.
Sheinbaum reconoció el rol del Sindicato Petrolero. “Al dirigente sindical, muchas gracias por su presencia”, afirmó la mandataria, mientras que el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, también subrayó el papel fundamental de los trabajadores y del sindicato en la consolidación de la empresa.
De lo más relevante fue la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente honorífico de la Fundación para la Democracia, quien fue aplaudido y vitoreado por los morenistas.
Posdata 2
El Grupo Hotelero Kavia dio a conocer el desarrollo de cuatro nuevos proyectos en Mérida, Yucatán, para los cuales invertirá unos 600 millones de pesos.
Como parte de los proyectos se está considerando la recuperación y reactivación del emblemático Hotel Montejo Palace, inmueble que se ubica en la avenida Paseo de Montejo, así como otros tres establecimientos en la capital yucateca.
Dicha inversión es resultado de la misión comercial del gobernador Joaquín Díaz Mena en España y que tuvo como objetivo seguir consolidando al estado como un destino competitivo para el sector turismo.
El gobierno inició obras de infraestructura para detonar el desarrollo económico local, con proyectos como el Renacimiento Maya, el cual contempla planes como la modernización del Puerto de Progreso, llevar el Tren Maya de Umán a Progreso para una mejor conectividad y la implementación de Polos de Bienestar con suministro de gas natural.
Posdata 3
Y hablando de inversiones, ayer la coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, pidió –o casi suplicó– a los representantes del Consejo Coordinador Empresarial que no dejen de canalizar recursos para sus proyectos en el país, para evitar que México caiga en recesión.
“Nosotros estaremos encargados de dar seguimiento a las inversiones privadas estratégicas, necesitamos asegurarnos que no se caiga como la sopa del plato a la boca”, expresó la empresaria en la presentación del Comité especial para la Inversión y Relocalización de Empresas.
El gobierno federal va a recibir propuestas sobre proyectos de infraestructura y otras obras para fortalecer los polos de desarrollo de bienestar y corredores industriales.
La segunda tarea es el desarrollo de proveedurías locales, conforme al Plan México, así como los programas de la Banca de Desarrollo que están saliendo y que “están en el horno” para apoyar el desarrollo de proveedores.
Posdata 4
En la comunidad turística nacional hay mal sabor de boca por las decisiones que ha tomado la secretaría del ramo, Josefina Rodríguez, en la adjudicación de contratos para construir los pabellones de México para Ferias Turísticas Internacionales.
El proceso estuvo a cargo de una área de la dependencia que no tiene atribuciones para ello, encabezada por un ciudadano francés, Emanuel Rey, quien tendría vínculos con la empresa Creatividad y Espectáculos, que fue la beneficiaria del contrato.
Las otras empresas participantes pidieron una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro.
Para los empresarios del ramo era clave que la nueva administración diera señales claras de transparencia, pero, al contrario, al parecer regresan los vicios de administraciones anteriores.
@MarioMal
