Zhi Dong Zhang, mejor conocido como Brother Wang, fue detenido en Cuba tras tres meses de fuga que exhibieron al sistema de justicia mexicano. El ciudadano chino, considerado por agencias estadounidenses como uno de los principales enlaces financieros del Cártel de Sinaloa y del CJNG para el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero, escapó de la vigilancia de la FGR pese a tener orden de resguardo domiciliario y medidas cautelares reforzadas.

Su evasión no fue solamente un descuido. La Fiscalía General de la República lo mantenía bajo custodia luego de que el juez Juan José Hernández Leyva, el mismo que ha liberado a varios operadores de alto perfil, le concediera un amparo que modificó su prisión preventiva por arresto domiciliario. Desde entonces, el expediente se convirtió en una bomba de tiempo. Las áreas de inteligencia advertían que el “chino del fentanilo” buscaba salir del país con ayuda de una red de protección judicial y funcionarios. En julio se fugó por un túnel desde una casa en el sur de la Ciudad de México.

Lo que siguió fue una carrera contrarreloj. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reactivó la coordinación con la DEA y la Interpol para localizarlo. En agosto, los servicios de inteligencia mexicanos confirmaron que Brother Wang había salido por Chiapas rumbo a Rusia, país que, de acuerdo con fuentes diplomáticas, lo rechazó y expulsó. Finalmente, el pasado 21 de octubre, la policía cubana lo detuvo en La Habana.

Pero la detención en la isla no borra el ridículo institucional de su fuga y el amparo concedido por un juez que dio pie a su escape. En sus resoluciones más recientes, el juez Juan José Hernández Leyva ha sido un nombre recurrente en casos polémicos. Ha instruido procesos de alto perfil como el de Jesús Murillo Karam, exprocurador general acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa; el de Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe antisecuestros de la SEIDO implicado en delitos de tortura; el de Ismael Figueroa Flores, exlíder del sindicato de bomberos de la CDMX acusado de lavar más de 11 millones de pesos; y el de Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de delegaciones de SEDESOL señalado por contratos indebidos dentro de la “Estafa Maestra”. Ahora, el mismo juez aparece en el expediente del financiero chino que conecta los laboratorios de fentanilo en Sinaloa con las redes de lavado en Georgia y California.

El 13 de agosto anticipé que la fuga de Zhang estaba ligada a esa decisión judicial y que el juez Hernández Leyva sería investigado por haber ordenado el cambio de medida precautoria pese a existir una solicitud de extradición activa por fraude y lavado de dinero. En ese texto detallé también que la operación de extradiciones masivas hacia Estados Unidos —26 capos en un solo envío— llevaba el sello de Omar García Harfuch, quien en aquel momento ya fungía como enlace central del gobierno de Claudia Sheinbaum con el Departamento de Justicia, el FBI y la CIA.

En Washington reconocen el peso político y técnico de Harfuch en la interlocución con las agencias financieras y de seguridad. “Harfuch understands”, dicen en el Tesoro estadounidense. Y esa frase, repetida en voz baja entre funcionarios de ambos países, resume el nuevo papel del secretario de Seguridad: el de puente confiable entre la Casa Blanca y el gabinete de Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum pidió públicamente a Harfuch que informara sobre la captura en Cuba y reconoció la colaboración internacional. Sin embargo, dentro del gabinete se percibe el enojo de la mandataria, particularmente hacia el juez que abrió la puerta de la fuga. El expediente, de acuerdo con fuentes federales, ya está siendo revisado por el Consejo de la Judicatura.

En Estados Unidos, el nombre de Zhi Dong Zhang aparece como pieza clave en investigaciones de la DEA y el Departamento de Justicia sobre las llamadas “Chinese Money Laundering Organizations”, estructuras que intercambian dólares obtenidos del narco por yuanes de empresarios chinos que buscan evadir los controles de capital. Esas redes lavan miles de millones de dólares al año para los cárteles mexicanos. El Brother Wanger era, según los reportes, un mediador entre laboratorios de precursores químicos en Wuhan y los complejos de síntesis en Sinaloa y Michoacán.

La captura en Cuba abre una nueva fase: el gobierno estadounidense ya prepara su solicitud de extradición directa, mientras México intenta justificar cómo un detenido de alto perfil pudo escaparse con un simple amparo.

En Palacio Nacional se admite que el caso será una prueba de fuego. Si Zhang termina en manos de Estados Unidos, quedará clara la cooperación internacional; y si regresa a México, el desafío será demostrar que el país puede procesar a un personaje que encarna la alianza más perseguida por el gobierno de Donald Trump: la del fentanilo mexicano con el lavado chino.

Posdata 1

Este miércoles, el Senado fue el escaparate político de Omar García Harfuch, que compareció en medio de un ambiente que pocos funcionarios consiguen generar: lleno total, aplausos y fila de legisladores que querían saludarlo o tomarse una foto. Pero más allá del carisma y el halo de “rockstar” que lo acompaña desde su llegada a la Secretaría de Seguridad, lo relevante fueron los números y el reconocimiento de que cambió la estrategia de “abrazos, no balazos” del sexenio pasado.

Harfuch llegó con cifras que apuntalan el discurso de resultados: una reducción de 32% en homicidios dolosos, 35 mil detenidos, 17 mil armas aseguradas, 284 toneladas de droga incautadas y mil 500 laboratorios clandestinos desmantelados. En materia de huachicol, habló de 98 millones de litros de combustible decomisados en 26 estados. Son datos duros que contrastan con los años del obradorato y que muestran el giro operativo del gobierno de Claudia Sheinbaum hacia una política más policial y menos retórica.

Sin embargo, la sesión no fue complaciente. Senadores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano –e incluso del aliado PVEM– reconocieron los avances, pero le marcaron los puntos flacos: la impunidad sigue en 9 de cada 10 delitos –lo cual corresponde más al Ministerio Público y el Poder Judicial–, la atención a desaparecidos aún requiere claridad y los municipios siguen siendo el eslabón más débil del sistema de seguridad. Harfuch no rehuyó los temas. Aceptó que el gran pendiente está en fortalecer policías locales y fiscalías estatales, aunque defendió que la coordinación entre federación, estados y municipios “por fin funciona”.

El secretario también aprovechó para resaltar la dimensión internacional del trabajo que encabeza. Habló de los 55 capos trasladados a prisiones de Estados Unidos como ejemplo de cooperación judicial y de la necesidad de mantener una relación operativa con las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

La comparecencia lo deja mejor posicionado dentro del gabinete. Consolidó su imagen como el funcionario con más control y capital político del equipo presidencial. Pero más allá del aplauso fácil, su gestión empieza a medirse por resultados: menos homicidios, menos huachicol, más coordinación institucional, aunque la percepción de inseguridad sigue siendo muy alta. Y ahí, en esa línea fina entre percepción y realidad, es donde Harfuch tendrá que demostrar si su popularidad puede traducirse en seguridad palpable para el ciudadano común… y para sus aspiraciones políticas futuras.

Posdata 2

La comparecencia de García Harfuch no sólo sirvió para mostrar músculo operativo y cifras alentadoras; también evidenció cómo, dentro del oficialismo, empiezan a moverse los partidos aliados. El senador del Verde Ecologista, Luis Armando Melgar, tomó la palabra para respaldar la estrategia de Harfuch, pero lo hizo con un matiz que descolocó a más de uno en Morena: reconoció los avances del nuevo gobierno, pero criticó lo que no se hizo en el sexenio anterior y apuntó directamente a Chiapas, bajo la gestión de Rutilio Escandón.

“La corrupción, cuando se normaliza, deja de indignar y se convierte en parte del sistema”, dijo, en una frase que sonó a diagnóstico. Añadió que “el país no puede esperar más discursos ni promesas; las familias mexicanas exigen resultados porque el miedo sigue en las calles”, y remató con una línea que marcó distancia definitiva: “La estrategia de abrazos, no balazos, fracasó porque confundió la empatía con la impunidad”.

La periodista Leti Robles de la Rosa registró la reacción inmediata en el pleno. Desde su escaño, la senadora Malú Mícher, una de las voces más cercanas al obradorismo, murmuró: “…y estos son aliados”. La frase, apenas perceptible, expuso la incomodidad del ala morenista ante un discurso que, sin romper formalmente la coalición, marcó la línea crítica de uno de los aliados, quien por cierto trae pleito casado con el morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien ha llamado “gusano hipócrita”.

El posicionamiento de Melgar confirma que el Verde Ecologista, o por lo menos algunos de sus militantes, van a jugar un papel propio en la etapa de Sheinbaum.

Posdata 3

Marcelo Ebrard aseguró que en dos semanas habrá noticias importantes sobre los avances del TMEC. El secretario de Economía ha sido el principal operador político y técnico del gobierno de Claudia Sheinbaum ante Estados Unidos en lo que corresponde a los temas comerciales. Ebrard asegura que a revisión del tratado no solo avanza bien, sino que está construyéndose bajo una agenda de entendimiento que busca evitar un escenario de confrontación, como el que llegó a perfilarse en la etapa final de la administración de López Obrador.

No obstante, el contexto cambió radicalmente. Por lado, es inminente la ruptura del acuerdo trilateral, pues el gobierno de Donald Trump ha comenzado ya los contactos para renegociar el TMEC por partes, iniciando con Canadá y dejando a México para una segunda etapa. Estados Unidos busca imponer condiciones bilaterales en materia de aranceles, cadenas de suministro y reglas laborales, bajo la premisa de “recuperar empleos estadounidenses”. En ese contexto, Ebrard intenta posicionar a México como un aliado estratégico indispensable para la estabilidad del bloque norteamericano.

La expectativa es alta, pero los riesgos son aún mayores. Una renegociación sin tropiezos consolidaría a Ebrard como el “salvador” comercial y económico del sexenio y enviaría una señal de confianza a los inversionistas; un pleito, en cambio, podría enturbiar el arranque de la administración Sheinbaum.

@MarioMal

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