Las caretas se cayeron en la lucha por el hospedaje mundialista en la Ciudad de México. Los empresarios hoteleros se manifestaron como los principales impulsores de la regulación restrictiva de las plataformas digitales de alojamiento temporal con el objetivo de apoderarse en exclusiva de un mercado que durante el torneo deportivo rebasará los 11 mil millones de pesos.
La semana pasada, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, que preside Jorge Paolí Díaz, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, de Miguel Ángel Fong, y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México; de Javier Puente, le declararon abiertamente la guerra a sistemas como Airbnb, que dirige Ángel Terral, y Booking, a cargo de Leopoldo Pérez, asegurando que estos ofrecen espacios para alojamiento carentes de seguridad y de medidas esenciales de protección civil y confiabilidad.
Los hoteleros urgieron a la autoridad, en este caso al gobierno de la CDMX de Clara Brugada, a endurecer las restricciones para las plataformas, aunque éstas ya se encuentran limitadas por la actual Ley de Turismo de la capital que establece que los espacios de su oferta sólo podrán estar disponibles para renta el 50% de las noches al año. Es la herencia que dejó el gobierno interino de Martí Batres, un político muy interesado en controlar el mercado inmobiliario.
La idea de los detractores es que el modelo de Airbnb deje de ser negocio para desincentivar la inscripción de propiedades en esas plataformas y la proliferación de los llamados anfitriones. Sus números dicen que los espacios disponibles para renta de corta estancia ya casi representan la mitad de las habitaciones de hotel que se tienen disponibles; por lo que la fuga de ingresos para las cadenas de hotelería es ya importante.
De acuerdo con los datos que presentan las propias asociaciones hoteleras, en la Ciudad de México hay hoy en día una oferta de alrededor de 60 mil cuartos. Algo debieron hacer bien, porque sin anuncios importantes de inversiones o aperturas ostentosas de nuevas unidades, este gremio logró elevar una cifra que el año pasado se calculaba en 42 mil habitaciones. La euforia del mundial elevó también la oferta de espacios de renta temporal de 22 mil a 26 mil unidades.
El problema es que ni la suma de ambos modelos de hospedaje turístico formal resulta suficiente para dar cobertura a la demanda de habitaciones que se espera para el mes de junio, cuando se estarían necesitando según las más recientes estimaciones más de 100 mil unidades de alojamiento. La única manera de hospedar a los aficionados internacionales será echando mano de los hostales, moteles y hasta espacios de renta no registrados.
Si a lo anterior se suma que se ha demostrado que los espacios de hotel en la Ciudad de México han incrementado sus tarifas hasta en mil por ciento por el Mundial, toma más fuerza la posibilidad de que los turistas opten por llegar a un espacio informal, con los consecuentes riesgos que esto significa. Esta es la verdadera razón por la que se cancelaron más de mil reservaciones para habitaciones de hotel, pues, en un mundo que está en fase de guerra, es difícil acudir al Mundial más caro de la historia.
Y entre el déficit de oferta de hospedaje y cancelaciones, el afectado podría ser el gobierno de la Ciudad de México, porque en el presupuesto de ingresos del presente año se consideró una recaudación por Impuesto por Prestación de Servicios de Hospedaje de más de mil millones de pesos, provenientes tanto de los hoteles como de Airbnb y Booking. Hay nerviosismo en el Palacio del Ayuntamiento por quedarse sin una buena parte de este recurso.
Posdata 1
Después de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Antonio Martínez Dagnino, negara a finales de 2025 la vulneración de sus sistemas al asegurar que no hubo accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos que se relacionen con ciberataques, ahora decidió contratar a la empresa Scontinuidad Latam SA de CV para recibir un centro de datos y servicios para hospedaje, electricidad, videovigilancia, monitoreo, destrucción y recuperación de información hasta el año 2028.
El contrato CS-300-LP-N-P-FP-001/26 busca garantizar la continuidad de las plataformas de almacenamiento y respaldo de datos, además de obtener los servicios de diseño, transición y operación para toda la infraestructura y componentes de respaldo del SAT durante dos años, iniciando el próximo 19 de marzo. La firma de los socios Leonardo Rodríguez Serratos, Miguel González Ortíz, Gastón Sosa de la Torre y León Chávez Rueda superó las propuestas económicas y técnicas de ISI TI S de RL, la otra participante de la licitación pública, con lo cual ha sumado más de 60 contratos desde el año 2024, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). La compañía ganará por este contrato mil 629 millones de pesos.
Posdata 2
Tras el revés legislativo que sufrió la reforma electoral de fondo —el llamado Plan A— en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por una ruta más pragmática y menos riesgosa políticamente: el Plan B. La propuesta original implicaba cambios constitucionales de gran calado, como la eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales, una redistribución de distritos y la reducción sustancial del financiamiento público a los partidos. Esos cambios requerían mayoría calificada y una negociación con sus aliados, el Partido Verde y el PT, que desde el principio se veía cuesta arriba. Ante ese escenario, el gobierno decidió replegarse y apostar por otras modificaciones, donde Morena y sus aliados sí coinciden.
La decisión también respondió a un cálculo político dentro de la propia coalición gobernante. El intento de someter a consulta popular la reducción del financiamiento a los partidos generó resistencias entre los aliados del oficialismo, que dependen en buena medida de esos recursos para su operación política. El mensaje que llegó a Palacio Nacional fue que el insistir en ese punto podía fracturar la alianza legislativa justo cuando se requiere cohesión para aprobar otras reformas. Por eso el nuevo planteamiento elimina la consulta sobre el financiamiento a los partidos y se concentra en ajustes administrativos y presupuestales menos explosivos.
Así, el llamado Plan B mantiene algunos elementos de austeridad y reorganización institucional —como recortes a órganos electorales locales, límites a regidores en ayuntamientos y reducciones salariales a funcionarios electorales— pero deja intactos los cambios estructurales más polémicos. Más que una reforma electoral de gran alcance, se perfila como un paquete de ajustes que permita al gobierno salvar políticamente la iniciativa, preservar la unidad con el PT y el PVEM y mantener viva la narrativa de transformación del sistema electoral sin arriesgar una derrota legislativa mayor.
Posdata 3
Este 18 de marzo se cumplen 88 años de la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, un hecho que redefinió la política energética del país y dio origen a Petróleos Mexicanos como la empresa estatal encargada de explotar y administrar los recursos petroleros de la nación. Desde entonces, Pemex se convirtió en uno de los pilares del desarrollo económico del México moderno y en una de las principales fuentes de ingresos públicos durante buena parte del siglo XX.
En ese proceso histórico, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) jugó un papel clave para consolidar la operación de la industria petrolera nacionalizada. La organización sindical no solo fue protagonista en el contexto laboral que antecedió a la expropiación, sino que durante décadas ha sido un actor central en la operación cotidiana de la empresa productiva del Estado.
A casi nueve décadas de aquel episodio, Pemex sigue siendo la empresa estatal más importante del país, pese a los enormes problemas financieros, operativos y productivos que enfrenta. La petrolera mantiene un rol estratégico en la seguridad energética nacional y continúa siendo un componente relevante para las finanzas públicas y la actividad económica en distintas regiones del país.
En ese contexto, el sindicato petrolero, encabezado actualmente por Ricardo Aldana, ha reiterado su compromiso de acompañar a la empresa en esta nueva etapa marcada por la necesidad de fortalecer su operación y estabilizar sus finanzas. El STPRM busca mantener la participación de los trabajadores en los procesos productivos y en la continuidad operativa de la industria.
@MarioMal