La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno terminó por enterrar el procedimiento de licitación de medicamentos correspondiente a la compra consolidada 2025-2026 al declararlo nulo. El secretario de Salud, David Kershenobich, y su subsecretario, Eduardo Clark, prometieron que sería un ejemplo de eficiencia y transparencia y se vieron muy novatos. Raquel Buenrostro, ahora como titular de la nueva dependencia del gobierno federal, decidió ventilar y castigar todo el desaseo de los concursos, para colocar los resultados de esta adquisición en un nivel más desastroso que el que ella obtuvo cuando la tuvo a su cargo hace seis años, como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda.
El martes 8 de abril llegó a las oficinas de Birmex el oficio en el que se notificó la cancelación. La destinataria fue Marisol Ramírez Serralde, sustituta en la dirección de Administración y Finanzas de Emma Luz López Juárez, quien está bajo investigación, al igual que el exdirector de la empresa estatal, Iván de Jesús Olmos. La nueva TUAF, Marisol Ramírez Serralde, quien viene de la Coordinación de Recursos Materiales del IMSS Bienestar y de la Seduvi de la Ciudad de México, en tiempos de Claudia Sheinbaum, ya se encuentra bajo las órdenes del diputado con licencia Carlos Ulloa, también ya instalado en el puesto de director general, a pesar de que su nombramiento oficial no se ha hecho.
En el oficio UCP/233/DGCSCP/367/2025, que describe la resolución al expediente IO/205/2025, se confirma que en el procedimiento de compra de fármacos, realizado entre finales del año pasado e inicios del 2025, hubo actos de corrupción y mucha inexperiencia. El resultado fue un muy alto porcentaje de claves de medicamentos declaradas desiertas –alrededor del 70%– y niveles considerables de sobreprecio, hasta ahora calculados en 13 mil millones de pesos. Se habla de futuras sanciones para los operadores de Birmex que estuvieron en contacto directo con los proveedores. Actualmente, los funcionarios que supervisaron esta compra desde la Secretaría de Salud, y que también tuvieron fallas graves, no han enfrentado las consecuencias.
Por ejemplo, en los detalles de la investigación que lleva la Secretaría de Anticorrupción se deduce que una de las razones por las que la mayoría de los contratos adjudicados cayeron en sobreprecio es que se usaron de manera errónea los llamados “Pobalines”, es decir las “Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” que establecen normas y criterios para que los funcionarios compren bienes.
Resulta que el subsecretario Eduardo Clark decidió usar para estas compras federales los parámetros que utilizó en la CDMX, aquellos que impiden aceptar ofertas que se encuentren 20% por debajo del promedio del mercado, por considerar que estos entran en la categoría de “precios no aceptables”.
Bajo este criterio descrito, inviable en una compra federal, se desecharon de manera automática las propuestas más bajas y se aceptaron únicamente ofertas que se ubicaban en la parte alta del estudio de mercado. El caso es que todas estas compras han sido canceladas, para dar paso a un nuevo proceso en el que se restituirán las adjudicaciones que se consideren a buen precio y se sustituirá a los proveedores que sacaron provecho de las fallas.
El gran problema es que, contrario a lo que se asegura desde el gobierno federal, con este nuevo procedimiento de adjudicación se extenderá hasta por seis meses la escasez de medicamentos en las unidades del sistema de salud público, lo que generará una nueva crisis, como si el desabasto padecido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no fuera lo suficientemente terrible. Y todo por el capricho de querer cambiar el sistema de compras por presuntos abusos y corrupción, que nunca se comprobaron ni se dieron con los responsables, pero que terminó descomponiendo aún más el abasto de medicinas en perjuicio de millones de mexicanos.
Una tragedia.
Posdata 1
La guerra comercial planteada por el presidente Donald Trump ha puesto de cabeza a los mercados financieros. La montaña rusa en la que se encuentran los inversionistas ha traído caídas abruptas de los principales índices bursátiles del mundo y rebotes tan impactantes como el de este miércoles, cuando las bolsas en Estados Unidos se dispararon 7.9% (Dow Jones), 9.5% (S&P) y 12.2 (Nasdaq), lo que no se veía, en algunos casos, desde el 2008.
En esta vorágine financiera, algunos inversionistas y empresas en su conjunto han perdido una gran cantidad de dinero, mientras que otros han ganado, aprovechando las bajas cotizaciones, tal cual lo insinuó ayer Trump: “Es un gran momento para comprar”, publicó en sus redes sociales, antes de dar a conocer una pausa de 90 días para los países que no respondieron a los aranceles recíprocos y una escalada de aranceles al 125% para China.
Para México el panorama parecía descomponerse con los dichos del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, sobre que nuestro país y Canadá sí estarían sujetos a los aranceles universales del 10%, aunque la Casa Blanca aclaró poco después que no era el caso, lo mismo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien está en Washington DC en reuniones con el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick.
Y a propósito de la guerra comercial, el que habló ayer del tema fue Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración de América Móvil y Grupo Carso, quien consideró que México enfrenta retos en el corto plazo, pero con un horizonte de oportunidades para crecer y captar inversiones.
Posdata 2
Un joven empresario brasileño, vinculado a la política de ultraderecha de ese país, se estaría posicionando en las licitaciones federales en México. Se trata de Thiago De Magalhaes, quien funge como directivo del Grupo Surman, empresa con amplio cabildeo de contratos ante la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por Ricardo Trevilla.
Con apenas 27 años, De Magalhaes aparece como socio en al menos dos empresas mexicanas ligadas a los Mansur: Sathri SAPI de CV, dedicada a software y datos, y Sathia Seguridad Textil, constituida en 2025, según consta en documentos del Registro Público.
Grupo Surman, encabezado por Yussef Mansur, tiene una historia de irregularidades. En junio de 2024, su filial Surman Poniente fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública tras detectarse que entregó documentación falsa en una licitación de patrullas para los Ángeles Verdes. Aun así, la firma acumula contratos federales por más de 130 millones de pesos, varios de ellos asignados de forma directa.
Posdata 3
Este miércoles, la autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, volvió a brillar por su ausencia en la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que queda claro que su prioridad son sus actividades de campaña en lugar de atender los asuntos judiciales para los que fue designada.
Esta es la tercera ocasión que la ministra falta a sus deberes en el máximo órgano de justicia. Estuvo ausente en las sesiones del 12 y 27 de marzo, pese a que no habían arrancado formalmente las campañas de los candidatos y candidatas para un cargo de elección popular en los comicios del 1 de junio.
En la última sesión de la Segunda Sala, programada para las 10:30 de la mañana, sus compañeros ministros la esperaron durante más de 40 minutos; después tuvieron que suspender el encuentro ante la falta de quorum.
@MarioMal
