La crisis en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) escaló esta semana con la suspensión inmediata del secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó su remoción e inhabilitación por presunto desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. En una tarjeta informativa, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, confirmó que instruyó al área jurídica acatar la medida desde el 29 de noviembre, mientras avanzan las investigaciones. Esto significa que el caso rebasó los límites administrativos y entró en la arena penal y política.
Lo que detonó el expediente fue un contrato de 2 mil 500 millones de pesos adjudicado de manera plurianual, hasta 2028, a empresas vinculadas al llamado Cártel de la Limpieza, así como irregularidades heredadas del paso de Tapia por el ISSSTE, donde se documentaron mil 613 millones de pesos adjudicados a proveedores sin capacidad técnica y depósitos no reportados provenientes de empresas fantasma. La investigación apunta también a la red de compañías relacionadas con Biomedics e Interacción Biomédica, esta última declarada fantasma y donde aparece como accionista Fernanda Valenzuela del Olmo, esposa de Tapia, pieza clave en las triangulaciones detectadas por organizaciones civiles como TOJIL.
El vacío de control interno en el IPN permitió que Tapia operara de facto como un director general alterno, rebasando incluso al propio Reyes Sandoval, quien, según fuentes de la institución, dejó la administración en manos del funcionario desde 2021. Ese año, Tapia llegó al IPN con presunto respaldo político “de alto nivel”, lo que él mismo hacía saber a su círculo cercano, y desde entonces movió los hilos de las áreas estratégicas: adquisiciones, recursos materiales, jurídico y finanzas. Varios de sus colaboradores arrastran antecedentes judiciales o administrativos, como Marx Yazalde Ortiz Correa, actual director jurídico del IPN, quien ha sido señalado en denuncias y procesos de auditoría relacionados con irregularidades detectadas durante su paso por el ISSSTE.
Las consecuencias institucionales también alcanzaron a la Fundación Politécnico, cuyo trabajo histórico de financiamiento académico entró en confrontación directa con Tapia. De acuerdo con documentos internos, el funcionario presionó a la Fundación para aprobar proyectos no autorizados y liberar recursos sin comprobación. Ante la negativa, impulsó la ruptura con esa entidad y promovió la creación de la asociación “Corazón Guinda y Blanco”, integrada por colaboradores suyos. Tapia mantiene pendientes comprobaciones por cientos de millones de pesos que la Fundación le reclama desde 2022.
A este historial se suma una queja ante la CNDH por acoso laboral presentada por Yazmín Contreras Frías, jefa de servicios en la Dirección de Recursos Materiales, así como múltiples testimonios de hostigamiento, represalias y presiones para firmar adjudicaciones dudosas. TOJIL, por su parte, denunció ante la FGR que Tapia, en su etapa como tesorero del ISSSTE, adjudicó contratos de insumos médicos a empresas inexistentes, lo que anticipaba el patrón que hoy se investiga en el IPN.
El caso también tiene un componente político. Tapia lleva más de un año construyendo su aspiración para ser candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. En comidas y encuentros privados presumía tener “bendición al más alto nivel”, como lo revelé en mi columna del 25 de marzo, cuando adelanté que Armando Ríos Piter, “El Jaguar”, lo asesoraba en su proyecto rumbo a 2027. El cálculo político partía de que la candidatura de Félix Salgado Macedonio se había complicado por la reforma contra el nepotismo, lo que abría espacio para un perfil como el de Tapia, cercano al oficialismo y con estructuras financieras en marcha. Incluso en sus redes sociales, como quedó registrado en publicaciones de julio, Tapia acompañaba a Claudia Sheinbaum y presumía interlocución con actores federales, presentándose como operador territorial en Guerrero.
Hoy, ese proyecto está desfondado. La suspensión, las investigaciones por desvíos multimillonarios, las denuncias por empresas fantasma, el señalamiento contra su esposa como accionista en compañías bajo investigación y la ruptura con la comunidad politécnica colocan a Javier Tapia Santoyo en el centro de una crisis que apenas comienza. La caída del “poder detrás del trono” en el IPN arrastra también al director general, cuya administración enfrenta su peor cuestionamiento interno.
Posdata 1
Francisco Cervantes se despidió del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) este martes, con una amplia convocatoria de políticos de todos los niveles, legisladores, gobernadores, líderes sindicales, representantes de las cámaras y asociaciones empresariales, así como los principales grupos corporativos del país. Asistió Carlos Slim Domit, en representación de la familia Slim y sus empresas, hacia donde apunta Cervantes.
En su mensaje final, Cervantes dijo que México debe cuidar la inversión, garantizar reglas estables y blindar el T-MEC ante la revisión que se avecina. Advirtió que cualquier señal de incertidumbre puede frenar los proyectos de nearshoring que hoy representan la mayor oportunidad económica en dos décadas. Y pidió evitar cambios regulatorios intempestivos que comprometan la competitividad del país justo cuando se está redefiniendo la integración con Estados Unidos.
El aún presidente del organismo, que concluye casi cuatro años al frente del CCE, expuso que la certidumbre será el verdadero termómetro del nuevo ciclo económico. Reconoció avances en la relación con el gobierno, pero también dejó entrever los riesgos, como la energía cara, infraestructura insuficiente, presiones laborales y tentaciones políticas que pueden erosionar la confianza empresarial.
La escena que lo despidió, entre algunos de los actores más influyentes del sector productivo, gobernadores y figuras políticas del gabinete de Claudia Sheinbaum y López Obrador, fue una muestra de respaldo que pocas veces se observa en el relevo de la cúpula empresarial. Cervantes deja el CCE en manos de José Medina Mora, quien, entre muchos otros retos, deberá guiar la posición de los empresarios en la renovación del T-MEC.
Posdata 2
La salida abrupta de Alejandro Gertz Manero y la inminente llegada de Ernestina Godoy a la FGR están destapando prácticas que durante años se mantuvieron bajo una capa de opacidad. Entre las investigaciones y denuncias internas comenzó a circular la existencia de operadores dentro de la Fiscalía que habrían vendido copias de expedientes a litigantes y personajes con procesos abiertos. En ese murmullo aparecen nombres como el del secretario particular de Gertz, Alfredo Concepción Ramírez Guerrero, el abogado Gustavo Gutiérrez Calderón —operador del ex fiscal— y por lo menos tres despachos y litigantes, además de versiones que mencionan al extitular de la Fiscalía Especializada en Control Regional, Germán Adolfo Castillo, como una pieza clave del andamiaje interno. Se habla incluso de tarifas de un millón de pesos por expediente, dependiendo del perfil del investigado.
Las denuncias toman fuerza a la luz de lo que está confirmado en expedientes judiciales. La agente del Ministerio Público María Carmen Ramírez Rodríguez, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Materia de Hidrocarburos, aceptó sobornos de Raúl Rocha Cantú, el empresario acusado por narcotráfico, tráfico de armas y venta de huachicol, para entregarle información reservada de la investigación en su contra. La Fiscalía documentó entregas de dinero, reuniones en Polanco y comunicaciones interceptadas. Todo a cambio, según la acusación, de dos millones de pesos. Nada más grave para una institución que vive de la integridad de su manejo documental.
La revelación de este caso —una funcionaria de segundo nivel vendiendo información crítica a un acusado de crimen organizado— es precisamente lo que ha hecho más verosímiles los trascendidos sobre operadores de jerarquías superiores. Si una MP con 14 años de servicio podía manipular expedientes, cobrar por ellos y entregar sellos oficiales, ¿qué podría haber ocurrido en áreas con acceso irrestricto a investigaciones estratégicas?
En el equipo de Ernestina Godoy ya comenzaron a investigar internamente. La prioridad inmediata, dicen, será revisar cadenas de custodia, accesos a carpetas y flujos de información que durante el periodo de Gertz se desbordaron y terminaron alimentando filtraciones a medios, negociaciones políticas y esquemas de corrupción.
Posdata 3
Guerrero fue reconocido con el premio Reed Latino 2025 en la categoría Mejor Serie Gubernamental Animada (Grandes Audiencias) por la campaña digital “Capitán Fermín”, diseñada para fortalecer la cultura de la prevención durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales. La campaña, realizada por la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal, que encabeza René Posselt, fue calificada por la revista Campaigns & Elections como una innovadora estrategia de comunicación en la que se dio vida al meteorólogo estatal a través de un personaje animado, el Capitán Fermín, quien funge como un vocero institucional moderno, cercano y educativo que a través de cápsulas animadas, videos, infografías y contenido para redes sociales, promueve acciones preventivas en el hogar y la comunidad bajo los lemas #CapitánFermín y #HéroesEnCasa.
La serie aborda temas como preparación ante ciclones tropicales; elaboración del Plan Familiar de Protección Civil; integración de la mochila de emergencia y primeros auxilios; limpieza de coladeras, zonas seguras y funcionamiento de refugios temporales y seguridad vial y prevención de riesgos durante lluvias intensas.
@MarioMal