La presidenta Claudia Sheinbaum quiere su plebiscito. Quiere pasar a la historia como la primera mandataria mexicana en lograr el porcentaje de votación vinculante para que las bases morenistas la ratifiquen como una heroína: la mujer más votada, la más vitoreada, la que consiguió incluso más apoyo electoral que su mentor político y ahora también la que consiga una validación política sin precedentes. Eso quiere y los legisladores de su partido y aliados están dispuestos a modificar las leyes y la Constitución para otorgárselo.
Si todo sale conforme a lo esperado, Sheinbaum, con niveles de aprobación superiores al 70%, aparecerá en la boleta de las elecciones intermedias de 2027, un fenómeno electoral inédito en la historia moderna de México. Solamente en sistemas presidenciales comparables —como Venezuela con Hugo Chávez en 2004, Ecuador con Rafael Correa en 2011 o Bolivia con Evo Morales en el 2000— las consultas de ratificación o revocación coincidieron con procesos electorales y se convirtieron en instrumentos de legitimación masiva más que de evaluación democrática, reforzando el control político del oficialismo y prolongando su hegemonía legislativa.
En el caso mexicano, si además se redujera el umbral de participación del 40% al 30%, como se prevé, el escenario sería aún más significativo. Con la maquinaria territorial de Morena y la alta popularidad de Sheinbaum, el voto de ratificación superaría con facilidad el piso legal, convirtiendo un mecanismo de control ciudadano en una poderosa herramienta de consolidación institucional. Sheinbaum no solo validaría su mandato con más de 30% del padrón —unos 28 millones de votantes—, sino que lo haría en una jornada donde Morena competiría por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y en 17 gubernaturas.
La revocación, entonces, se transformaría en una reafirmación plebiscitaria del régimen, con implicaciones simbólicas y prácticas. La presidenta saldría políticamente fortalecida, su base territorial se cohesionaría y la oposición enfrentaría el dilema de participar en una elección cuyo resultado podría ser leído como un voto de confianza nacional al proyecto de gobierno. En términos institucionales, equivaldría a dotar al Ejecutivo de una nueva legitimidad de mitad de sexenio, algo que muy pocos sistemas democráticos modernos se permiten.
La iniciativa del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial al año 2027 y hacerla coincidir con las elecciones intermedias federales, ha abierto uno de los debates políticos más intensos del sexenio. Morena sostiene que la medida permitiría un ahorro de alrededor de 5 mil millones de pesos, al compartir la logística y estructura del Instituto Nacional Electoral; la oposición, en cambio, advierte que detrás de ese argumento de eficiencia se oculta la jugada política de colocar a Sheinbaum en la boleta al mismo tiempo que los candidatos de su partido, aprovechando su elevada popularidad para asegurar el control legislativo rumbo a la segunda mitad del sexenio.
En la revocación de mandato de 2022, del expresidente López Obrador, participó apenas el 17% del padrón electoral, muy por debajo del 40% necesario para que el resultado fuera vinculante. Desde entonces, Morena sostiene que el umbral es excesivo y que limita la democracia participativa, mientras los críticos advierten que reducirlo o empatarlo con las elecciones intermedias desvirtúa el objetivo original del mecanismo.
Además, el argumento financiero no convence. En 2021, el INE estimó un presupuesto de 3 mil 830 millones de pesos para la consulta de 2022, aunque en su solicitud global de ese año incluyó 5 mil 743 millones de pesos para “una eventual Revocación de Mandato y una Consulta Popular”. El Congreso, sin embargo, aprobó una partida mucho menor y el costo final reportado fue de aproximadamente mil 692 millones de pesos.
El proyecto ya fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero su avance se ha detenido ante la oposición de Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN, que piden revisar su constitucionalidad. Incluso dentro de Morena hay quienes prefieren posponer el debate. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, es uno de ellos. Por su parte, Ramírez Cuellar, cercano a la presidenta, está haciendo todo para que salga este mismo año.
Posdata 1
Hablando de las próximas elecciones, ya empiezan a correr las apuestas sobre cómo le va a ir al PRI de Alejandro Moreno en el 2027: si se termina de desbarrancar y pierde el registro en la mayoría de los estados o si lograr mantenerse por lo menos como está ahora, en sus horas más bajas, pero aún vivo.
La semana pasada revelé que, previo al anuncio de la renovación del PAN, hubo una reunión privada entre el presidente nacional de ese partido, Jorge Romero, y “Alito”, en la que el panista le adelantó la decisión de ponerle punto final a cualquier tipo de alianza.
Así que el priista no debió hacerse el sorprendido con el anuncio de ruptura.
En el PRI se sabe que “Alito” Moreno es el que sigue arrastrando al partido, pues sus números son peores que los del organismo político en su conjunto. En las mediciones internas más recientes, el dirigente nacional carga con más negativos que la marca tricolor completa. Para los mexicanos, Alejandro Moreno representa lo malo del PRI y un récord difícil de superar. El gran problema es que tiene cooptado al partido casi en su totalidad. Esta es la razón de fondo por la que el PAN ya no quiere saber nada de esa alianza.
Posdata 2
Este martes se cierra el registro para los candidatos que buscan relevar a Francisco Cervantes al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Efectivamente, como lo publiqué la semana pasada, el expresidente de Coparmex, José Medina Mora, y el exdirigente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, se posicionan con mayores posibilidades de lograr el consenso.
Medina Mora habría obtenido ya respaldo de algunos de los grupos más influyentes del sector privado, entre ellos de una parte de los empresarios que integran el poderoso Consejo Mexicano de Negocios.
Considerado un perfil de consenso con buena interlocución tanto con el gobierno federal como con las cámaras empresariales, el expresidente de Coparmex está a punto de tomar una encomienda que luce bastante complicada.
Medina Mora representa una apuesta por retomar una agenda más institucional, con mayor independencia frente al gobierno, pero sin poner en el riesgo el diálogo que se ha mantenido durante la gestión de Cervantes.
Llegará al CCE en un momento crucial por la revisión del T-MEC en 2026, los ajustes fiscales, regulatorios y legales que se avecinan, y la necesidad de unificar al empresariado mexicano en un contexto político, nacional e internacional, muy revuelto.
Posdata 3
México cerró la llave al azúcar extranjera. La Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, actualizó el arancel de importación a 156% ad valorem, una medida que busca frenar la entrada de azúcar barata, principalmente de Brasil y Guatemala, y proteger a los más de 15 millones de personas que dependen directa o indirectamente de la cadena cañera. El nuevo arancel sustituirá el esquema anterior de 360 dólares por tonelada, que resultaba insuficiente frente a la avalancha de importaciones que desde 2023 crecieron más de 1,800%, poniendo en jaque a los productores nacionales.
El gobierno argumenta que México es autosuficiente y que la producción en el ciclo 2024-2025 alcanzó 4.7 millones de toneladas, mientras el consumo interno ronda 3.9 millones, con inventarios suficientes para cubrir cualquier eventualidad. Aun así, la apertura comercial permitió que las importaciones llegaran a representar hasta 15% del consumo nacional durante 2023-2024, un golpe que redujo los precios internos y el ingreso de los cañeros, que reciben el 57% del valor total de la venta.
El nuevo arancel eleva el costo de importación del azúcar cruda a mil 50 dólares por tonelada y el del azúcar refinada a mil 310 dólares, nivel superior al de la producción nacional. La medida busca restablecer condiciones de competencia justa sin impacto inflacionario, pues las importaciones representan apenas 4% del mercado. El compromiso de los productores es redirigir al mercado interno parte del azúcar que antes se exportaba para estabilizar la oferta local.
@MarioMal