A partir de esta semana, los diferentes grupos políticos se preparan para enfrentar el último mes de campañas de la primera elección judicial del país. Derivado de la poca efectividad que han tenido las campañas de los candidatos y las candidatas a los cargos de jueces, magistrados y ministros, las confrontaciones se darán más bien en el terreno de la política y la “guerra sucia”.
Se avecina, por ejemplo, el último “round” de la pugna entre la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y su antecesor, Arturo Zaldívar. Ambos buscan colocar a sus candidatos en este proceso electoral, y después de que se cerró el trámite de la denuncia ‘anónima’ con la que la primera hizo públicas presuntas violaciones del segundo a la independencia judicial, ahora la confrontación volverá a subir de temperatura.
Está próximo a publicarse un libro firmado por el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, cuya premisa inicial es la de “descubrir” los supuestos abusos de Zaldívar mientras presidió el máximo tribunal de justicia del país. El texto incluye fragmentos de grabaciones en las que el ahora funcionario federal y su excolaborador, Carlos Alpízar, presuntamente habrían presionado a jueces y magistrados para dictar fallos a favor del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El autor y juzgador, Guerrero Olvera, ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial, siempre impulsado por la ministra Piña. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y magistrado de la Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral.
En el texto que está por ver la luz, el magistrado presenta supuestos casos de integrantes del Poder Judicial Federal que lograron darle carpetazo a investigaciones que se seguían en su contra en el Consejo de la Judicatura de la Federal, a cambio de redactar y oficializar resoluciones “a modo”; también hay testimonios de magistrados y jueces que presuntamente eran cooptados a fallar de cierta manera, a fin de evitar que su plaza de trabajo fuera transferida a algún lugar recóndito. En la mayoría del texto, sin embargo, se habrían omitido los nombres de los denunciantes.
En términos generales, los señalamientos son los mismos que detonaron una investigación contra Arturo Zaldívar y su grupo de trabajo; aquella que fue desechada en diciembre pasado por el propio Consejo de la Judicatura, a pesar de que la ministra Piña, también presidenta de ese órgano, votó a favor de un dictamen elaborado por el consejero José Alfonso Montalvo Martínez, en el que proponía declarar infundado un recurso tramitado por Alpízar para cerrar un caso que, de acuerdo con sus argumentos, se abrió “sin alguna prueba contundente”.
El libro busca profundizar en esas pruebas y tendría el objetivo de descarrilar las aspiraciones de perfiles como los de Fabiana Estrada Tena y Ana María Ibarra Olguín, algunas de las candidatas a ministras identificadas por su cercanía con el expresidente de la Corte.
A su vez, la publicación buscaría abrirle paso a perfiles que la ministra Piña ve con posibilidades de victoria y que ha terminado de adoptar como propios, aunque no de forma pública; entre éstos se encuentran la magistrada Jazmín Bonilla García, la exconsejera Rosa Elena González Tirado y la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero.
Con esto, la guerra entre Zaldívar y Piña llegará, previsiblemente, a su capítulo final, junto con la votación de las candidaturas de aspirantes a un cargo en el nuevo Poder Judicial de la Federación.
Posdata 1
Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, le dieron el banderazo de salida a la construcción del Tren México-Querétaro, el cual intentó hacer el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Este proyecto forma parte del ambicioso plan ferroviario de Sheinbaum, de más de 3 mil kilómetros de vías para trenes de pasajeros; de los 13 proyectos anunciados, éste es el que tiene más viabilidad y sentido operativo.
El plan es que la apertura del proyecto sea en dos años y medio, de manera que la Presidenta pueda inaugurarlo junto con el gobernador Kuri. “Mi compromiso aquí con el gobernador es que lleguemos antes de qué él deje la gubernatura de Querétaro para que juntos estemos aquí inaugurando”, aseguró Sheinbaum.
Saliendo de la Ciudad de México, la primera estación será en Huehuetoca, Estado de México, la siguiente en Tula, Hidalgo; otra en San Juan del Río, Querétaro; una más en la zona del Aeropuerto de Querétaro y la última en la ciudad capital, que se llamará “La Corregidora”.
La obra contempla la generación de 200 mil puestos de trabajo y se rentarán entre 3 mil y 4 mil máquinas para hacer los trabajos.
Posdata 2
La criticada afiliación a Morena del exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat al parecer tiene detrás de sí algo más que la supuesta identificación del expriista con las causas del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador.
Murat arrastra con varios señalamientos durante su administración. Por ejemplo, se le señala por haber utilizado al DIF estatal para desviar miles de millones de pesos, en un entramado similar a la de Javier Duarte en Veracruz. Se trata de un mecanismo que varios exgobernadores priistas usaron para desviar millones de pesos a través de programas del DIF.
En el caso de Oaxaca fueron dos empresas las que realizaron un quebranto millonario: Centro Operacional Canblaster S.A de C.V y Prometeo Proyectos Ejecutivos S.A de C.V. Ya hay denuncias penales y administrativas, por lo que pronto se sabrá quienes son los dueños de las empresas que fueron beneficiadas por el gobierno de Murat.
Posdata 3
Esta semana, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, buscará desaforar al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas, por un presunto delito administrativo cometido en un procedimiento de compra de patrullas en el 2021.
Rocha Moya, quizá el gobernador más desacreditado de la actualidad, impulsará el desafuero en el Congreso local del estado. El asunto es que la irregularidad de la que se acusa, evidenciada por la Auditoría Superior del Estado, ya habría sido subsanada, aunque nadie se atreve a meter las manos al fuego por el alcalde.
Lo cierto es que ahora Rocha Moya ha vuelto a abrir el caso, justo cuando se rumora que el gobernador trata de limpiar el camino para que su sucesor en el cargo sea el senador Enrique Inzunza.
@MarioMal