A la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, le llegó su karma. El jueves, la Secretaría de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desmanteló una mini-refinería clandestina ubicada en Coatzacoalcos. Qué paradoja –o karma– que una refinería que sí funcionaba –aunque ilegalmente– fuera localizada en el lugar de donde la ex secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se jacta de ser originaria y donde basó su candidatura a la gubernatura de Veracruz.
Según el reporte de la dependencia federal que encabeza Omar García Harfuch se confiscaron aproximadamente 500 mil litros de crudo robado, además de infraestructura para producir diésel artesanal, nafta, solventes y combustóleo. Otra paradoja: la infraestructura de la mini-refinería ilegal está a unos cuantos kilómetros del Complejo Petroquímico Pajaritos, donde Nahle comenzó su carrera como ingeniera petroquímica.
La historia viene a cuento por el pésimo desempeño de Nahle como titular de la secretaría de Energía durante todo el gobierno de López Obrador, principalmente por el escándalo de corrupción e inoperancia que significó para ese gobierno y para el actual la Refinería de Dos Bocas, la cual ha costado más de tres veces lo que se prometió originalmente: pasó de 7 mil millones de dólares a más de 20 mil millones, según estimaciones oficiales.
Nahle, su familia y sus contratistas favoritos deberían estar preocupados también por el seguimiento que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a los contratistas de gobierno y políticos expuestos a asuntos de corrupción, toda vez que la incautación de la mini-refinería en Coatzacoalcos tiene que ver con la estrategia del gobierno federal contra el “huachicoleo” de combustibles.
Así, tanto el presidente Donald Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio; la fiscal estadounidense, Pam Bondi; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios de alto nivel de Estados Unidos investigan no sólo a los criminales relacionados con estos ilícitos, sino a sus cómplices, los políticos y funcionarios públicos que facilitaron la instalación y operación de una refinería ilegal de combustibles en las narices de la gobernadora y ex secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, actual titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).
Las autoridades involucradas con el aseguramiento de la mini-refinería alertaron sobre el riesgo ambiental por estas instalaciones ilegales y la probable relación con crimen organizado y complicidad interna en Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, la cual, como expusimos este jueves, está entrampada entre malos manejos, ahogada en deudas financieras y pésimas perspectivas operativas y de producción.
Apenas este año, Pemex y el gobierno federal asignaron más de 6 mil millones de pesos para operar y dar mantenimiento a la infraestructura en Veracruz, incluyendo Minatitlán, Coatzacoalcos y Poza Rica, el estado donde gobierna Nahle, con todo y los reclamos de sus ciudadanos y pese a los malos manejos que se le acreditan tras su paso por la Secretaría de Energía federal.
El lo que hace a los 500 mil litros de combustible decomisado en la refinería ilegal de Coatzacoalcos, si bien no es una cifra gigantesca comparado con los millones decomisados en otros estados, como Nuevo León, la clandestinidad evidencia la impunidad con que operan las redes delictivas con participación de Pemex.
Mientras tanto, la llamada Refinería Olmeca (de Dos Bocas) está diseñada para procesar 340 mil barriles por día, pero a mediados de 2025 su operación está muy lejos de esa cifra: en febrero de 2025 procesó apenas 6 mil 797 bpd (alrededor del 2 % de su capacidad); en marzo, el procesamiento mejoró a 102 mil 938 bpd, equivalente al 30 % de su capacidad y no ha logrado superar ese nivel.
El objetivo es procesar 340 mil bpd, pero la realidad es que la refinería sigue en etapas de arranque y prueba, con un entorno operativo fluctuante y más de 20 mil millones de dólares de gasto. Esto es una tragedia para México y para la autosuficiencia energética; y no se diga una vergüenza para la flamante gobernadora de Veracruz.
Todo está mal en Veracruz. Todo está mal en Pemex. Todo está mal con la corrupción y la impunidad. ¿Qué más se puede decir?
Posdata 1
Entre las buenas noticias que dejó la Cumbre del G7, celebrada en Canadá, más allá del asunto de la repentina salida de Donald Trump por el conflicto en Medio Oriente, está el anuncio de un financiamiento innovador para bancos multilaterales de desarrollo hasta por 400 millones de dólares en garantías de cartera.
Tal crédito permitirá al Banco Interamericano de Desarrollo, que dirige Ilan Goldfajn, y al Banco de Desarrollo del Caribe, de Daniel Best, acumular una bolsa de mil 600 millones de dólares de nuevo financiamiento, para apoyar programas en los denominados mercados emergentes y países en desarrollo de América Latina.
El anuncio es positivo para México, porque será beneficiario de algunos de esos programas de desarrollo, principalmente los provenientes del BID, desde donde despacha como vicepresidente el exsubsecretario de Hacienda mexicano, Gabriel Yorio.
Posdata 2
Los conflictos generados en el Poder Judicial de la Ciudad de México por la sobrecarga de trabajo generada ante la extinción de 24 juzgados civiles y 11 familiares como parte de la reforma, han dejado más de 17 mil casos sin resolver en las tres semanas de paro laboral. Ni en tiempos del Covid se vio tal bloqueo de acceso a la justicia para los capitalinos.
Las partes involucradas no logran llegar a un acuerdo salarial, pues mientras los manifestantes piden que el incremento sea del 10%, la oferta es de 5% más el 4% en prestaciones, lo que para los trabajadores no compensa los horarios extendidos de trabajo ni las carencias materiales y tecnológicas que enfrentan diariamente en su labor.
Además de los 200 mil usuarios de los servicios de justicia, la situación ha afectado al comercio local del recinto judicial, que ha visto mermadas sus ventas entre un 50 y 70%. A este movimiento se sumó el paro y plantón de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes la semana pasada exigieron mejores condiciones laborales e incremento salarial a la fiscal Bertha Alcalde.
Posdata 3
A la llamada #LeyCensura que promovió el gobernador de Puebla, de Alejandro Armenta, y operó su impresentable jefe de Gabinete, José Luis García Parra, alias “El Choco” –quien por cierto es sobrino del exgobernador Mario Marín, conocido como “el gober precioso”, actualmente preso por el delito de tortura–, y al acoso y censura de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se suma la violenta reacción del presidente municipal morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, quien mandó a detener a un camarógrafo de ADN 40 solamente por documentar un operativo en vía pública. El Foro Nacional de Periodistas exigió su liberación, acusando que la detención se dio sin ninguna justificación legal. Qué tragedia, el asedio que están viviendo actualmente los periodistas y medios de comunicación en tiempos de la 4T.
@MarioMal