Si bien se sabía cobijado por grupos criminales y protegido por su gran aliado político, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya sabía que tarde o temprano las cosas se iban a descomponer y que quedaría a merced del Cartel de Sinaloa o de Estados Unidos.
Un día de esos, durante una reunión con algunos de sus más cercanos —la cual presenciaron sus cuatro hijos—, el flamante gobernador de Sinaloa se sinceró y, con su acento norteño, alargando las vocales, soltó una frase que uno de los presentes no ha olvidado. “A mí si no me matan los Chapitos o el Mayo, voy a acabar como El Chapo, en una cárcel de Estados Unidos”, soltó.
La escena quedó grabada en la memoria de quienes compartían aquella comida de mariscos, callo de hacha y vino. No sonaba a una ocurrencia, sino a alguien que entendía perfectamente el ecosistema criminal y político al que había decidido ingresar desde tiempo atrás.
Hoy aquella frase se volvió premonitoria. El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso a Rocha Moya en el centro de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción política ligados a la facción de Los Chapitos. La acusación sostiene que integrantes de su círculo político y de seguridad habrían operado como estructura de protección institucional para el grupo criminal, a cambio de dinero, apoyo político y control territorial. Dos piezas centrales del expediente ya están en manos estadounidenses: el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega. Ambos aparecen como operadores de la red.
El expediente es devastador porque habla de colaboración con los criminales y de formar parte de una misma estructura. Rocha siempre intentó defenderse con el argumento del prejuicio sinaloense. “No soy narco”. “Nunca me llegaron a mí las tentaciones en ese sentido”. “Me quieren hacer narco a fuerza”, decía. Pero el problema dejó de ser retórico cuando el propio Ismael El Mayo Zambada lo colocó como parte de la estructura criminal del estado.
En una carta, Zambada aseguró que acudió a una reunión convocada para resolver un conflicto político entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén. Según su versión, ahí fue emboscado, secuestrado y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Hoy el proceso judicial en Estados Unidos confirma que Guzmán López admitió su papel en esa operación.
Rocha negó todo. Dijo que ni siquiera estaba en México. Pero el daño era irreversible, porque desde septiembre de 2024, tras la caída del Mayo y la fractura definitiva entre Los Chapitos y La Mayiza, Sinaloa se convirtió en un campo de guerra. Más de 2 mil 600 asesinatos acumulados hasta marzo de este año y más de mil 500 desapariciones, según recuentos periodísticos construidos con cifras oficiales y reportes de autoridades.
El costo económico también ha sido estratosférico. La violencia golpeó al comercio, al turismo, el consumo y la actividad productiva en Culiacán y otras ciudades del estado. Cierres de negocios, suspensión de clases, caída de la actividad nocturna, cancelaciones de eventos y una economía funcionando a medias durante meses. Sinaloa pasó de ser un estado de inversión y producción agroindustrial y turística a una entidad casi fantasma.
Rocha no llegó al gobierno como un político improvisado. Se trata de un hombre que escribió una novela sobre el origen del narcotráfico serrano llamada El Disimulo. Entendía las reglas y códigos del narco sinaloense. Quizá por eso aquella frase resultó tan perturbadora.
La mesa estaba servida. Los mariscos frescos. El callo de hacha, su favorito. Sus hijos escuchando. El gobernador se sentía en confianza. Y entonces pronunció lo que hoy, ya se sabe, no fue una bravata, sino una confesión. Que si no lo mataban los narcos, terminaría como El Chapo.
Posdata 1
La sentencia obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera, de Omar Reyes, en una corte civil de Miami para recuperar 578.5 millones de dólares vinculados al entramado financiero de Genaro García Luna representa uno de los golpes patrimoniales más relevantes contra la corrupción de alto nivel de las últimas décadas. Por el simbolismo del personaje y porque toca el corazón del esquema: el dinero. Durante años, el exsecretario de Seguridad fue el emblema de la degradación institucional del sexenio calderonista, pero ahora el foco está en la red empresarial y financiera de la que se benefició y movió fuera de México.
El caso también reivindica, al menos en este expediente, el papel de la UIF como instrumento de litigio financiero internacional. La institución, que en distintos momentos perdió credibilidad por su uso político y su escasa efectividad para recuperar activos, consigue una resolución con efectos concretos. La sentencia alcanza a los Weinberg, señalados como piezas clave del entramado empresarial ligado a García Luna. No es coincidencia que el litigio haya prosperado en Estados Unidos, donde el estándar probatorio y el seguimiento financiero suelen ser más rigurosos cuando se trata de estructuras transnacionales.
Posdata 2
El beneplácito del gobierno de Estados Unidos para Roberto Lazzeri como próximo embajador de México en Washington llega en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral, pero finalmente se dio. La interlocución con la administración Trump estará marcada por los asuntos de seguridad, migración, combate al narcotráfico, inversiones y la revisión del T-MEC. Sheinbaum optó por un perfil técnico, con experiencia en comercio internacional, finanzas y en negociaciones complejas, no por un operador político.
Lazzeri ya había delineado el diagnóstico. Hace unas semanas conversamos para un podcast de EL CEO y me dijo que el T-MEC ya no gira únicamente en torno a los aranceles o las reglas de origen, sino a la llamada seguridad económica de Norteamérica. Es decir, el vínculo entre cadenas de suministro, relocalización industrial, energía, semiconductores, infraestructura crítica y, por supuesto, seguridad fronteriza. Esa visión coincide con la lógica de Washington, donde el comercio y la seguridad son parte de la misma ecuación.
La revisión del T-MEC, que formalmente se aproxima, difícilmente será una discusión técnica de escritorio. Ya lo anticipó Marcelo Ebrard al advertir que el proceso podría extenderse y mutar hacia revisiones periódicas más exigentes. La presión de Estados Unidos estará en el contenido comercial y en la capacidad del gobierno mexicano para ofrecer certidumbre, seguridad física para las inversiones y cooperación efectiva contra el crimen organizado. Lazzeri llega como negociador de una relación muy tirante y compleja.
Posdata 3
Moody’s rebajó la nota soberana de México de Baa2 a Baa3, el último escalón del grado de inversión, lo que confirma el deterioro en la percepción de riesgo sobre la economía mexicana. La Secretaría de Hacienda buscó matizar el golpe al decir que, junto con el recorte, la perspectiva pasó de negativa a estable, lo que, según la dependencia, implica que Moody’s no anticipa nuevos ajustes en los próximos 18 meses. El gobierno destacó además la solidez macroeconómica, la autonomía del Banco de México, el ajuste fiscal de 2025 equivalente a 1.3 puntos del PIB y un saldo histórico de deuda de 50.4% del PIB, por debajo de economías comparables. Todo eso es cierto. También lo es que México perdió un escalón y quedó al borde del grado especulativo.
La semana pasada, S&P cambió a negativa la perspectiva de la deuda soberana mexicana, de Pemex, de CFE y de una docena de bancos, entre ellos BBVA México, Banorte y Banamex. Moody’s reconoce fortalezas institucionales y capacidad de resiliencia ante choques externos, pero el mensaje implícito es que esas fortalezas ya no alcanzan para sostener sin costo el peso de un menor crecimiento, finanzas públicas presionadas y pasivos estructurales como Pemex.
La narrativa de Hacienda apuesta a que el Plan México, la inversión en infraestructura, la reducción de incertidumbre comercial y la profundización del mercado financiero doméstico ayuden a recomponer la confianza. El problema es el tiempo. Las calificadoras revisan la capacidad de ejecución y sus resultados. Y hoy el dato duro es que Fitch mantiene a México en BBB-, también en el último peldaño del grado de inversión, mientras Moody’s acaba de colocarlo en la misma línea.
Posdata 4
La Guelaguetza 2026 será una prueba económica y política para el gobernador Salomón Jara. El gobierno de Oaxaca presentó la cartelera de la edición 94 de la principal fiesta cultural del estado, con más de 140 actividades durante julio, incluidos los Lunes del Cerro del 20 y 27. En 2025, las fiestas de la Guelaguetza atrajeron más de 143 mil turistas, registraron una ocupación hotelera superior a 81% y dejaron una derrama económica cercana a los 635 millones de pesos, consolidándose como el principal motor turístico de temporada para la capital oaxaqueña.
La apuesta de Jara es convertir esa vitrina cultural en una fiesta de alcance nacional e internacional. El regreso de delegaciones tradicionales, la Feria del Mezcal y la agenda gastronómica y deportiva buscan ampliar la estancia y el gasto de los visitantes, pero el verdadero examen estará en la operación. En la seguridad, la movilidad, la logística y los servicios públicos que deberán estar listos para recibir a todos los turistas en la máxima fiesta de Oaxaca, también conocida como las Fiestas de los Lunes del Cerro.
@MarioMal
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