En las 63 páginas de la denuncia que Emilio Lozoya Austin presentó ante la Fiscalía General de la República en agosto de 2020, el nombre de Carlos Alberto Treviño Medina aparece como uno de los engranes de un mecanismo que presuntamente cruzó gobiernos, contratos y favores con la brasileña Odebrecht. Treviño, último director general de Pemex antes de la llegada de la 4T y exsubdirector corporativo de Administración en el calderonismo, es señalado por Lozoya de recibir, en septiembre de 2014 y por instrucción de Luis Videgaray, 4 millones de pesos a través de un operador apodado “El Conejo”.
El contexto es el contrato de Etileno XXI, la planta petroquímica de Braskem-Idesa en Veracruz. Según el propio Lozoya y testimonios recogidos en el libro Lozoya, el traidor, este proyecto fue entregado a Odebrecht por una instrucción política que se originó en el sexenio de Felipe Calderón. El exgobernador Javier Duarte aseguró desde prisión que el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto —frente a Marcelo Odebrecht—, lo llamó para pedirle que acelerara las obras.
Etileno XXI implicó más de 5 mil millones de dólares de inversión y un contrato con Pemex para el suministro de 66 millones de barriles diarios de etano por 20 años, con un descuento de entre 25% y 30% sobre el precio de mercado. El acuerdo, firmado en 2010 y ratificado en el peñismo, resultó desventajoso. Para 2020 ya había provocado pérdidas de más de 7 mil millones de pesos para Pemex, sin contar las penalizaciones. El gobierno de López Obrador amagó con cancelarlo y calificó de “leoninas” sus cláusulas.
Lozoya no se limitó a acusar a Treviño. También puso en la lista a José Antonio Meade y a José Antonio González Anaya —con montos similares—, a quienes señaló de operar en el Consejo de Administración de Pemex para evitar la discusión del contrato y mantener sus términos. Incluso habló de pagos adicionales en 2014: 84 millones de pesos, de los cuales 52 millones habrían sido para legisladores y el resto para funcionarios, incluidos Treviño y Meade. El problema es que nada de eso se ha podido comprobar y el propio Lozoya ha admitido que hubo presiones para hacer tales denuncias.
La defensa de Treviño ha desacreditado el intento de deportación para que sea juzgado en México, como lo anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. En una carta difundida poco después de que se filtrara la denuncia de Lozoya, sus abogados calificaron de “absolutamente falsas” las imputaciones, acusaron a la FGR de actuar con criterios políticos y señalaron que el testimonio del exdirector de Pemex está plagado de inconsistencias y contradicciones. Reprocharon que, a diferencia de otros casos, no se les haya permitido conocer la carpeta de investigación completa y que se base la acusación en dichos de un testigo colaborador que busca beneficios procesales. “Carlos Treviño Medina no recibió sobornos ni participó en actos de corrupción; su desempeño en Pemex fue honesto y apegado a derecho”, puntualizaron.
Este expediente no es un caso aislado, sino una pieza más de la trama Odebrecht, que combina contratos estratégicos, financiamiento político y un uso quirúrgico de la justicia en momentos clave. Desde que Lozoya decidió colaborar con la FGR, el caso ha servido para golpear adversarios políticos, alimentar el discurso contra la reforma energética y reforzar la narrativa de que los contratos más onerosos de Pemex fueron pactados “a la medida” de intereses privados.
En los pasillos judiciales y políticos hay quien cree que reactivar el caso Treviño ahora no es casualidad. Podría ser un distractor frente a las recientes acusaciones en cortes de Estados Unidos contra los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, señalados por el Departamento de Justicia de haber pagado sobornos millonarios a funcionarios de Pemex Exploración y Producción durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para obtener contratos de transporte y suministro de combustibles. También se habla de un eventual “intercambio político” con Washington, en el que Treviño sería una ficha entregada a cambio de los 26 criminales que México extraditó recientemente a ese país.
Etileno XXI no es el único capítulo en el que Braskem y Odebrecht tuvieron participación. Durante la gestión de Lozoya, la constructora brasileña también se llevó el contrato para el gasoducto Los Ramones II, de 450 kilómetros y mil 200 millones de dólares, lo que le permitió anclar su presencia en proyectos energéticos estratégicos. En ambos casos, las adjudicaciones estuvieron rodeadas de denuncias de sobrecostos, cláusulas ventajosas para los privados y un manejo opaco de las decisiones corporativas en Pemex.
En este contexto, Carlos Treviño puede ser tanto una pieza judicial, un distractor o un símbolo que une a dos sexenios muy odiados por la 4T (los de Calderón y Peña Nieto). También es una carta que el gobierno mexicano podría estar jugando en más de un frente, ya sea para enviar un mensaje político, cumplir compromisos diplomáticos o tapar con un escándalo viejo las acusaciones más recientes.
¿O piensan reabrir el caso Lozoya?
Posdata 1
No solo “Andy” López Beltrán anduvo de visita estos días en Palenque, Chiapas, tras el escándalo por su viaje de lujo a Tokio.
Ayer, en mis redes sociales publiqué una fotografía de su hermano Gonzalo, o “Bobby”, departiendo en confianza con Daniel Arturo Casasus Ruz, secretario de Obras de Tabasco, y Alejandro Calderón Alipi, titular de Salud. La cena familiar y política confirman que Palenque sigue siendo el despacho más influyente del sureste.
El martes di cuenta de que “Andy” no viajó a “La Chingada” solo para ser regañado y a su vez reconciliarse con su padre tras el vendaval mediático, sino para afinar el regreso a las lides del partido y a reacomodar el tablero político de la 4T, que incluye alianzas, designaciones clave y el blindaje de ciertos perfiles rumbo a la siguiente etapa del sexenio de Claudia Sheinbaum. Palenque, otra vez, como epicentro de decisiones que difícilmente se toman en oficinas formales de la Ciudad de México.
La presencia de “Bobby” junto a secretarios tabasqueños no es un gesto casual: Casasus y Calderón han estado en la órbita de proyectos estratégicos y contratos de alto presupuesto en la región. La fotografía de ayer es, más que una anécdota familiar, una postal de poder local con ramificaciones nacionales, en la que los hermanos López Beltrán parecen moverse con la misma naturalidad con la que solían hacerlo cuando su papá mandaba en Palacio.
Posdata 2
La historia que contó ayer Héctor de Mauleón en estas páginas parece extraída de una novela negra sobre la justicia mexicana. Sofía, una joven de 17 años, denunció haber sido violada por Diego “N”, de 20, en una reunión en su casa.
Inmovilizada por el miedo, sin poder hablar ni moverse, fue agredida sexualmente. Por desgracia, este sería una caso más, como miles que suceden en el país, que debería seguir un curso judicial claro: investigar, proteger a la víctima, determinar la culpabilidad o inocencia. Pero en México, el guion se tuerce con frecuencia.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en lugar de blindar a Sofía frente a un nuevo trauma, la acusó de falsedad de declaraciones. El procedimiento que a otros les lleva meses se resolvió en cuatro días, y a favor del acusado. Todo, bajo la supervisión del juez José Alfredo Sotelo Llamas, cuyo nombre no es ajeno a las polémicas jurídicas.
El dato nuevo que circula en los pasillos judiciales es que el Tribunal, por instrucciones “superiores”, decidió bajar la audiencia ahora que el caso se hizo público. Sin embargo, el juez insiste, a contracorriente, en que la joven se presente el próximo 22 de agosto para que muy probablemente ¡la vinculen a proceso!
Una postura que refleja crueldad y, muy posible también, un interés ajeno a la imparcialidad judicial. Detrás del caso asoman dos fenómenos recurrentes: la revictimización institucional, donde la víctima, en lugar de recibir protección, termina sentada en el banquillo de los acusados; y el peso de las conexiones y el poder económico, es decir, el temor de que familiares o padrinos políticos del acusado estén operando para inclinar la balanza.
Si Sofía es llevada a prisión por denunciar, el mensaje para miles de mujeres en México será devastador: “mejor cállate”. Y si el juez Sotelo Llamas continúa con su empecinamiento, su nombre quedará asociado no solo a un expediente, sino a un símbolo de cómo se tuerce la justicia cuando el poder político y las influencias se sientan en la misma mesa que la ley.
En México se reportan más de 27 mil denuncias de violación al año y apenas un puñado de sentencias condenatorias. Para colmo, en sus redes sociales el juez Sotelo aparece con mensajes de apoyo a las mujeres y también en fotografías con su hija adolescente. De no creerse.
Posdata 3
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su última sesión ordinaria, publicó una sentencia en favor de la libertad de expresión. Rechazó por unanimidad el amparo promovido por Ricardo Rodríguez Vargas, exdirector del INDEP, contra la periodista Bibiana Belsasso, quien en 2020 denunció públicamente, con testimonios grabados, sus actos de corrupción y el acoso al que sometía a trabajadoras de la institución.
Durante cuatro años, la denuncia se mantuvo firme frente a litigios sucesivos. Rodríguez Vargas respondió con amenazas veladas y exhibiendo sus conexiones en el poder. Desde el estrado judicial llegó a exigir a la periodista que se retractara de sus propios hallazgos, alardeando que “lo arreglaba él” en la Secretaría de la Función Pública.
La sentencia no es un episodio aislado. Como lo enfatiza Bibiana Belsasso, columnista de La Razón, es un triunfo colectivo del gremio periodístico y también de las voces silenciadas que hallaron en esa cobertura una vía para contar sus historias. Es la reivindicación de creer, una y otra vez, que el periodismo no es un ejercicio individual, sino la defensa pública de quienes no pueden hablar, y la resistencia frente a los embates del acoso institucional.
En años de creciente hostilidad hacia los medios, donde la censura se maquilla de litigio, y la narrativa crítica es penalizada con demandas, esta resolución es recordatorio de que, por lo menos por ahora, la Corte ha optado por defender la libertad, no así árbitros o tribunales electorales y otras instancias.
@MarioMal