Antes de que los agentes del ICE lo detuvieran en el centro Krome, en Miami, las autoridades estadounidenses ya sabían exactamente dónde estaba. Víctor Manuel Álvarez Puga no actuaba como prófugo de la justicia. Tenía domicilio, abogados locales, propiedades y una defensa cuidadosamente instalada en Florida. Junto con su esposa, Inés Gómez Mont, libraban una demanda civil por un adeudo hipotecario superior a 4 millones de dólares, asociada a un crédito contratado en julio de 2021 para adquirir una residencia de lujo en el sur de Florida. Ese litigio permitió ubicar a la pareja en Estados Unidos cuando ya pesaban sobre ellos órdenes de aprehensión en México y una ficha roja de Interpol.
La novedad es que el conocido “Mai” fue detenido el 24 de septiembre por los agentes del ICE. Desde entonces a la fecha, ha litigado su estatus legal y está cerca de obtener su liberación mediante el pago de una fianza. El 2 de octubre de 2025, Álvarez Puga interpuso una “Verified Petition for Writ of Habeas Corpus” ante la jueza Cecilia M. Altonaga, en la Corte del Distrito Sur de Florida, para impugnar su detención migratoria. En la petición jurada asegura haber residido en el país desde 2021, haber solicitado asilo en 2022 y temer por su seguridad si regresa a México. Álvarez Puga se asume como perseguido político y pide protección internacional.
El documento, firmado por el bufete Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt P.A., uno de los más influyentes en litigios migratorios en Estados Unidos, confirma que “Mai” sigue usando todos los recursos a su alcance, en este caso para litigar contra toda la cadena de mando migratorio. La jueza Altonaga le concedió parcialmente el “habeas corpus” el 15 de octubre, ordenando a ICE otorgarle una audiencia individual de fianza o liberarlo. Hoy sigue bajo custodia en Krome, pero su defensa busca su libertad condicional mientras se resuelve su solicitud de asilo.
Hace cuatro años, escribí que la fuga de Álvarez Puga estaba en marcha: a finales de agosto del 2021 salió de México en un avión privado hacia Miami y luego a la República Dominicana, sin que se supiera con claridad su paradero, a pesar de que la Interpol ya había activado ficha roja. Lo que no estaba previsto era que su captura se daría no por los cargos de lavado o delincuencia organizada, sino por una cuestión migratoria, como en el caso del exdirector general de Pemex, Carlos Treviño, quien ya fue liberado y no se concedió por el momento su envío a México, donde también enfrenta acusaciones.
Álvarez Puga siempre ha tenido la habilidad de moverse entre lo legal y lo ilegal. Se presentaba como asesor fiscal de élite, pero su verdadero negocio era diseñar estructuras que permitían a empresas y gobiernos mover dinero sin dejar huella, crear nóminas inexistentes y justificar contratos que nunca se ejecutaban. Su despacho, Álvarez Puga & Asociados, fue durante años un engranaje clave de la maquinaria del outsourcing y la facturación simulada que drenó miles de millones de pesos del erario.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su despacho obtuvo contratos a través de empresas fachada para servicios penitenciarios que sumaban miles de millones de pesos. Las compañías no tenían oficinas, empleados ni infraestructura; eran simples vehículos financieros.
En los campos de golf de Punta Mita, Ixtapan de la Sal o Los Cabos, “Mai” cerraba contratos millonarios o sellaba alianzas. Se decía que podía comprar hasta siete relojes de ultralujo en una sola visita a Berger o adquirir de golpe varias camionetas o autos de marcas europeas, más por símbolo que por necesidad. Su imagen de éxito era parte del método de mostrarse como un hombre de poder, influyente y facilitador de soluciones fiscales a la medida.
Su blindaje era protección gubernamental, influencia judicial y relaciones con figuras del PRI, PAN y ahora Morena que garantizaban impunidad. Cuando comenzó su caída, despachos le cobraron fortunas por mantener sus expedientes congelados y su ficha roja inactiva, hasta que se volvió insostenible.
Álvarez Puga tenía la costumbre de llamar por su apodo a los políticos que lo contrataban, y ellos, a su vez, le confiaban su información fiscal más delicada. Su captura en Miami y su potencial entrega a México podría revelar un sistema entero de complicidades. Durante años, “Mai” fue el punto de enlace entre empresarios, políticos y operadores fiscales, lo mismo dentro que fuera del SAT.
El caso de Álvarez Puga se convierte en un termómetro para medir hasta dónde quiere llegar la presidenta Claudia Sheinbaum en este tipo de casos. Si el gobierno pide su extradición o expulsión y se la conceden, no bastará con traer de vuelta Álvarez Puga: tendrá que desmantelar la red que lo sostuvo.
Posdata 1
El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, llegó a San Lázaro con el discurso de que la petrolera “ya está pagando a sus proveedores” y que la deuda “se redujo a la mitad”. Pero los números oficiales cuentan otra historia: al tercer trimestre de 2025, los pasivos con contratistas sumaron 28 mil 130 millones de dólares, casi 40% más que un año antes. Es el nivel más alto desde 2020, y contrasta con la narrativa de recuperación y disciplina presupuestal que quiso proyectar.
Detrás de esa cifra se esconde una red de pagos diferidos, convenios de recalendarización y un vehículo financiero respaldado por la banca de desarrollo con capacidad de hasta 250 mil millones de pesos, diseñado para contener la crisis de liquidez sin reconocer abiertamente la quiebra técnica que viven decenas de contratistas de Pemex. En los primeros nueve meses del año apenas se pagaron 299 mil 768 millones de pesos, el monto más bajo para ese periodo en cinco años, mientras continúan los reclamos de proveedores que acusan que la “reestructura” solo ha beneficiado a los grandes consorcios.
La comparecencia de Rodríguez Padilla dejó más dudas que certezas. Los legisladores le exigieron claridad sobre las metas de producción, la deuda y los pasivos ambientales, pero el funcionario se refugió en tecnicismos. Pemex sigue siendo el mayor foco de presión financiera del Estado mexicano:
Todo esto se da en el contexto de un episodio que envuelve a la red de contratistas de Pemex más allá de la empresa. Las acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra empresas del sector. Recientemente trascendió el embargo de un equipo de perforación propiedad del magnate Carlos Slim, utilizado por una de sus firmas contratistas con Pemex, por supuestos adeudos fiscales. La acción, inusual en el sector, da señales de una fiscalización que ya toca a los grandes jugadores privados en el sector energético.
Posdata 2
Omar García Harfuch llegó puntual a San Lázaro, traje oscuro y semblante sereno. Como hace unos días en el Senado, no se anticipaban mayores problemas con los legisladores. Sin embargo, este mismo lunes el periodista Raymundo Riva Palacio publicó información sobre un nuevo presunto atentado fallido en su contra. “No ha habido ningún atentado reciente”, expresó ante la Junta de Coordinación Política. Lo dijo sin dramatismo, pero con la certeza de que, tras el atentado del 2021 –y más ahora que tiene una posición de mayor relevancia–, hay grupos y personas interesadas en que no se mantenga en su cargo, pues del gabinete presidencial de Sheinbaum es uno de los que más sobresale, técnica y no se diga política-electoralmente. Las alertas de potenciales atentados contra su persona no son nuevas, por lo que se ha acostumbrado a vivir con máxima seguridad. El hecho de que no se hayan consumado otros intentos habla bien de su estrategia de resguardo e inteligencia, pero no deja de ser un tema de importancia por lo que significa para la presidenta, para el gabinete de Seguridad federal y en la relación con Estados Unidos.
Posdata 3
Resulta que los productores de maíz rechazaron la propuesta de la Secretaría de Agricultura de fijar el precio de la tonelada de maíz blanco en 6 mil 50 pesos, al considerar que no cubre los costos reales de producción ni refleja el incremento en los insumos. En respuesta, anunciaron bloqueos carreteros y movilizaciones en al menos 24 estados del país, comenzando esta semana en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Guanajuato, centros de producción del maíz blanco nacional. Las organizaciones campesinas advirtieron que el diálogo con Gobernación y Agricultura “se agotó” luego de tres reuniones sin acuerdos y acusaron al gobierno federal de favorecer a las grandes agroindustrias y a los importadores de grano estadounidense.
El conflicto surge tras meses de tensión por la política de precios de garantía y la eliminación del esquema de acopio subsidiado de Segalmex, lo que ha dejado a miles de productores sin certeza de compra. Los agricultores exigían un precio base de 7 mil 200 pesos por tonelada, alineado al costo operativo estimado por la propia Secretaría de Agricultura, y denunciaron que la referencia del gobierno se basa en la Bolsa de Chicago, “ajena a la realidad del campo mexicano”. En contraste, la dependencia federal ofreció créditos blandos con tasas de hasta 8.5% y un seguro agropecuario, medidas calificadas por los inconformes como “paliativos temporales”.
La crisis del maíz se ha convertido en un nuevo foco de presión para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca mantener la estabilidad en los precios de los alimentos básicos sin romper con los compromisos del TMEC ni con la industria molinera. En estados productores como Sinaloa y Michoacán los campesinos advierten que los bloqueos serán indefinidos si no hay una nueva mesa de negociación y amenazan con extender las protestas a los puertos y centros de distribución de Diconsa y Liconsa, en lo que podría convertirse en la movilización rural más grande desde 2019.
@MarioMal