Alguien me dijo alguna vez que a los nicaragüenses les gusta sufrir; y que cuando están felices, buscan la manera de arruinarlo todo, con tal de volver a su estado natural: la desgracia.
Y pareciera cierto pues teniendo todo para salir de esta crisis -incluyendo al propio sandinismo-, su clase política ha elegido la más peligrosa de las opciones: la obsesión por el poder.
Por un lado, el gobierno de Daniel y Rosario ha hecho caso omiso de todas las recomendaciones y todos los señalamientos y, como si no pasara nada, se dirigen hacia un cuarto mandato presidencial, aunque para ello tengan que encarcelar, expulsar, reprimir e inhibir a toda oposición o crítica, sin pensar en las consecuencias.
Nunca ha pasado por su cabeza la posibilidad siquiera de un proceso electoral equitativo y transparente, mediante el cual ellos mismos pudieran reivindicarse o ganar limpiamente su continuidad, -en caso de que el voto duro les favoreciera-, a través de un sandinismo fresco y renovado, que deje atrás el caudillismo de Ortega y el esoterismo de Murillo y rescate lo poco que queda de una revolución que una vez fue apoyada por todos los nicaragüenses, pero que hoy es cuestionada por buena parte de sus simpatizantes dentro y fuera del país.
Por el otro lado, la oposición, con sus más de 10 precandidatos -fieles también a la fijación por el poder-, ha optado por la atomización de fuerzas, en lugar de consolidar una alternativa real y única, que le permita competir y buscar el triunfo, pues -como dijo uno de ellos- “nadie quiere bajarse del pedestal”, por lo que su primera batalla será entre ellos y ellas.
Tampoco se dan cuenta que entre esos diez se encuentra la candidata idónea para evocar la otra parte de la historia -Cristiana Chamorro Barrios-, cuando el sandinismo y el propio Ortega fueron derrotados por doña Violeta -madre de aquella- que, de manera natural, atraería no sólo el voto oculto de 1990, sino el voto de castigo por la represión de 2018, el voto de justicia por los muertos, heridos, detenidos y expulsados de 2019, 2020 y 2021 y, finalmente, el voto de la esperanza para los años venideros.
En esa fascinación por el poder han quedado atrapados unos y otros, además de la sociedad nicaragüense, que no sólo ha perdido de nuevo su libertad, sino -peor aún- la alegría de vivir, aunque sea en una crisis permanente, donde su desahogo era cantar, bailar, escribir, pintar y reírse de sus desgracias. Sin embargo, hoy sus cantantes se han ido al exilio; su música ha sido prohibida o confiscada; sus libros, especialmente de los autores opositores o críticos han desaparecido; los noticieros y sus periodistas favoritos hacen milagros para transmitir desde el exilio o en la clandestinidad; mientras los demás artistas pintan y esculpen nuevos paisajes de libertad en su imaginación. En una palabra, se ha perdido la alegría de ser “nicaragüense por gracia de Dios” y eso debe ser un pecado más para el gobierno de Ortega.
Mientras tanto, la estrategia del sandinismo ha dado los primeros pasos para asegurar su permanencia en el poder, primero, con la aprobación de leyes totalmente arbitrarias y violadoras de los derechos humanos que buscan destruir la disidencia; segundo, ha renovado a todos los miembros del Consejo Supremo Electoral a fin de garantizar el triunfo en las elecciones del 7 de noviembre próximo, donde tampoco se permitirá la observación electoral, lo que contraviene todas las medidas sugeridas por la OEA para lograr unas elecciones equitativas, transparentes y justas. Tercero, mediante la aplicación de dichas leyes, ha sacado del camino no solamente a posibles candidatos, sino a toda oposición y crítica, en una demostración clara de que no abandonará el poder de manera pacífica.
Por el contrario, mientras la oposición discutía quien sería su candidato o candidata, el gobierno canceló el registro de algunos partidos políticos, que servirían de instrumentos para la participación electoral. Luego, inició la persecución y acusación de precandidatos, comenzando con Cristiana Chamorro -por aquello de los fantasmas del pasado-, quien durmió una noche en prisión, para luego recibir casa por cárcel, de donde no puede salir, bajo la acusación de lavado de dinero en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual tuvo que cerrar temporalmente. Por si fuera poco, también se emprendió persecución a los dos hermanos de Cristiana -Carlos Fernando y Pedro Joaquín-, donde el primero alcanzó a exiliarse en Costa Rica y el segundo se encuentra preso.
Así, se siguió luego con otros precandidatos: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Madariaga y Miguel Mora, con el pretexto de encabezar un golpe de Estado o bien, por traición a la patria, lo mismo da. De igual manera, la amenaza se ha extendido a ex compañeros sandinistas, hoy militando en la oposición o, simplemente, críticos de la pareja presidencial como son el ex comandante Víctor Hugo Tinoco, la inolvidable Dora María Téllez y el General retirado Hugo Torres, además de conocidos empresarios, periodistas y líderes sociales, hasta completar más de una veintena de casos.
Por su parte, la comunidad internacional ha hecho público su rechazo a todo lo que el gobierno orteguista está haciendo. Desde la OEA se aprobó hace poco -con 26 votos a favor- una resolución que rechaza las acciones del gobierno de Ortega y exige la liberación de todos los presos políticos. En la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se adoptó también una resolución con 59 votos a favor, donde se denuncia la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Ortega, al tiempo que exigen elecciones limpias y equitativas, así como la libertad de los presos políticos.
Cabe señalar que en ambos foros México se abstuvo en la votación -junto a Argentina-, lo que no ha sido bien recibido por la gran mayoría de países, ni tampoco explicado claramente por ambos gobiernos, más allá de invocar el principio de No Intervención, aunque sin convencer a muchos de su validez ante una realidad que sobrepasa cualquier justificación. Y es que, tan no quedó claro que ambos países tuvieron que llamar a consultas a sus respectivos embajadores en Managua, lo que tiene varios significados.
Uno, que México y Argentina requieren de mayor información, lo que implica entonces que ninguno de ellos sabe realmente lo que está pasando en Nicaragua. Dos, que cuentan o elaboran una estrategia conjunta para destensar el conflicto. Tres, que podrían reconsiderar su decisión, ya que, de acuerdo a las prácticas diplomáticas, los países acostumbran llamar a consultas a un embajador cuando no están de acuerdo con alguna decisión del país receptor, ya sea para dar nuevas instrucciones a su embajador o hasta para bajar el nivel de la representación, nombrando a un encargado de negocios en su lugar, como una forma de manifestar su desacuerdo.
En mi opinión, México demuestra con su accionar las tres hipótesis anteriores, es decir, no sabe realmente lo que está pasando en Nicaragua, pues de otra forma no se explica el voto de abstención y luego el llamado a su embajador. Lo de una estrategia conjunta me parecería tardía y sin ninguna oportunidad de incidir en un proceso que lleva años y donde el comandante Ortega ha sido enfático en todo este tiempo en no escuchar a nadie, mucho menos a la comunidad internacional. La última vez que lo hizo -al expresidente de EU Jimmy Carter- le costó entregar el poder a doña Violeta en 1990, que no recuperó sino hasta 17 años después. Tercero, ha reconsiderado su decisión, según el comunicado posterior que se suma a la petición de elecciones transparentes y libertad a precandidatos, aunque no estoy tan seguro que se pretenda bajar el nivel de representación.
Sobre el principio de No Intervención invocado por México me parece que por sí solo no sirve al propósito de esta crisis, si no va sustentado en acciones o declaraciones firmes y claras. Esto es -como ya expliqué en otro momento-, hay que enarbolar la No Intervención Activa en su lugar, “aquella que por definición no es pasiva, no es neutralidad a ultranza, (sino) que toma partido, no por una de las partes en conflicto, sino por el dialogo, la concertación y la resolución pacífica de las controversias, única vía para superar los conflictos en la región” que, además de acompañar el proceso, busca incidir en el devenir de las cosas.
Recordemos que, en 1978, México -más apegado que nunca a sus principios- rompió relaciones con el dictador Anastasio Somoza, justo en un momento clave del conflicto, que significó un apoyo fundamental para el FSLN, al que un año más tarde reconoceríamos como gobierno y con quien reanudamos relaciones de inmediato.
En ese sentido, México -aún con el liderazgo regional a cuestas y la calidad moral intacta sobre el FSLN- debe enviar un mensaje contundente al gobierno de Ortega de que la crisis social y política debe terminar de una vez por todas y que el proceso electoral y las elecciones generales del 7 de noviembre representan una oportunidad sinigual para que el país recupere la gobernabilidad e inaugure una nueva etapa de paz y desarrollo. De lo contrario, estaremos animando al comandante y a su compañera a incendiar lo que queda del país.
