Los delitos asociados a la violencia letal registraron, en 2025, una disminución del 5.7% respecto a 2024. Es una baja real y debe reconocerse. Sin embargo, esta caída es marginal frente al deterioro profundo y sostenido que vivió el país entre 2015 y 2024. En esa década, este grupo de delitos aumentó 75.5%. El país sigue lejos de haber superado su crisis de violencia.
Los proxys de la violencia letal
En México Evalúa, se consideran los siguientes actos delictivos como proxys de violencia letal[1]: homicidio doloso; homicidio culposo; feminicidio; otros delitos contra la vida y la integridad corporal; y personas desaparecidas y no localizadas. El análisis de su incidencia permite detectar patrones de sustitución delictiva, anomalías estadísticas y correlaciones entre tipos de violencia. Este enfoque posibilita formular hipótesis sobre los factores que inciden en la variación territorial de la violencia letal y fortalecer la rendición de cuentas en materia de política de seguridad. El objetivo no es reemplazar las estadísticas oficiales, sino complementarlas con una lectura territorial más amplia que contraste con las narrativas de pacificación basadas en reducciones parciales de homicidios.
En ese tenor, el homicidio doloso —el indicador más usado para medir la letalidad criminal— cayó 20.7% entre 2024 y 2025. Aun así permanece 35.7% por encima de su nivel de 2015. Además, el registro de dicho flagelo presenta limitaciones importantes que lo hacen menos preciso o confiable. Su evolución nos indica que bajamos desde el pico, pero estamos todavía en las alturas y lejos de los niveles que se observaron en 2015, cuando el fenómeno ya era abrumador. El feminicidio repite el patrón: dos años de reducción seguidos, pero 67% arriba del nivel que teníamos hace diez años.
Mientras tanto, otros fenómenos siguen creciendo. La desaparición aumentó 15.1% en el último año y acumula un incremento de 268.6% desde 2015. Por su parte, los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal —tentativas de homicidio, lesiones graves— crecieron 4.7% respecto a 2024 y 358% en esta década. Aunque el conjunto total bajó ligeramente, la violencia continúa mutando, desplazándose y reproduciendo su daño de otras maneras.
Para ello, les recomiendo consultar las reflexiones vertidas sobre este tema en las Jornadas para la reducción de la violencia homicida, organizadas por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (@IBERO_mx), el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México (@elcolmex) y México Evalúa (@mexevalua).
Los contrastes locales deben ser el foco de la estrategia
La lectura nacional no alcanza para entender la magnitud del problema. Las cifras estatales muestran un país fracturado, con entidades donde la violencia letal alcanza niveles equiparables a zonas de guerra, mientras otras registran tasas propias de países seguros.
En 2025, los cinco estados con mayor tasa de violencia letal por cada 100 mil habitantes (enero-octubre de 2025) son: Baja California (123.6), Sinaloa (110.5), Morelos (97.9), Guanajuato (96.4), Quintana Roo (87.8). En el otro extremo, los estados con menor violencia letal (por cada 100 mil habitantes, enero-octubre de 2025) son: Yucatán (7.9), Tlaxcala (11.7), Coahuila (12.4), Durango (18.4), Chiapas (24.5).
La distancia entre Yucatán y Baja California es mayor a 15 veces. No es una diferencia marginal; es una dispersión gigantesca, una señal inequívoca de que la violencia en México no es un fenómeno nacional homogéneo, sino extraordinariamente localizado. Esta heterogeneidad debería transformar por completo la política de seguridad del país. Sin embargo, las decisiones, prioridades y diagnósticos siguen dominados por una estrategia dirigida desde el centro, que usa instrumentos homogéneos ante problemas que son radicalmente distintos entre sí. Las realidades de Yucatán, Coahuila, Guanajuato y Quintana Roo exigen estrategias diferenciadas, instrumentos ad hoc, y una coordinación impecable entre niveles de gobierno, incluyendo generalmente al eslabón más débil: el municipio.
Mirar desde el territorio, no desde el centro
Una política de seguridad dominada por el centro siempre llegará de forma imprecisa. México necesita una mirada territorial, que reconozca que los mercados criminales son locales; las capacidades institucionales varían dramáticamente entre estados; las dinámicas de homicidio, desaparición y lesiones graves se comportan de manera distinta según región; y las trayectorias históricas no son comparables entre entidades.
La violencia letal en México no es un solo problema: son muchos problemas simultáneos. Pretender resolverlos con una estrategia homogénea desde la federación es desconocer la evidencia. Las tasas estatales lo muestran con claridad: la crisis de violencia es nacional, pero su expresión es profundamente desigual.
Por eso, aunque la caída de 2025 debe tomarse como un dato positivo, es insuficiente como señal de cambio sostenible. Además, vivimos en un país donde algunos estados viven tragedias persistentes y otros han logrado niveles sostenidos de contención.
Los hechos muestran de forma reiterada que la seguridad en México sólo podrá reconstruirse desde lo local. Esto conlleva diagnósticos diferenciados, instituciones estatales y municipales fuertes; comunidades cohesionadas y participativas que confíen en sus autoridades; y una coordinación federal que opere para aportar el mayor valor a la atención del problema. Un Gobierno central que no imponga, sino que habilite y apoye con instrumentos adecuados al territorio.