Un Estado que aprende, una democracia que funciona

Ayer, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, participé en la IV Conferencia CAF-PNUD sobre Gobernanza para el Desarrollo. La conversación, organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reunió al presidente actual de Bolivia, Rodrigo Paz y a exmandatarios como Iván Duque, expresidente de Colombia y Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. A mí me correspondió participar en ese diálogo desde el papel de los centros de pensamiento latinoamericanos en la construcción de las instituciones democráticas del futuro.

La pregunta que convocó la conversación difícilmente podría ser más pertinente: ¿qué instituciones democráticas necesitamos para gobernar la complejidad y renovar la confianza?

El estatus de la democracia en Latinoamérica

América Latina tiene larga experiencia electoral, pero sus democracias están bajo crecientes presiones. V-Dem, uno de los proyectos académicos más amplios de medición de la democracia, identifica actualmente cuatro países de la región en procesos de democratización y seis en vías de autocratización. Entre estos últimos, México.

En mi ponencia sostuve que esta crisis es en realidad de resultados y de capacidad estatal. Latinoamérica no ha dejado de valorar la democracia, pero sí ha debilitado su adhesión incondicional a ella. Esta insatisfacción ciudadana no debe interpretarse como rechazo. Alrededor de la mitad de sus habitantes no piden menos democracia, sino que funcione mejor. Que sea capaz de proporcionar seguridad y justicia, generar empleos formales, ofrecer servicios públicos de calidad y ampliar las oportunidades de progreso a todos.

Dos fenómenos lo ilustran con particular claridad: la informalidad y la criminalidad. Ambos generan múltiples déficits que lastiman la dignidad humana y se han convertido en la cara del Estado fallido. Casi una de cada dos personas ocupadas en América Latina trabaja en la informalidad. Esto limita la productividad y las oportunidades, al tiempo que mantiene una relación disfuncional entre ciudadanía y Estado. ¿Cómo puede funcionar plenamente esa relación cuando buena parte de los servicios, derechos y políticas públicas tiene enormes dificultades para llegar a quienes viven y trabajan fuera de la formalidad?

A ello se suma la violencia. La tasa de homicidios de la región es aproximadamente tres veces el promedio mundial. En países como México, la violencia se transforma y adopta otras modalidades: desapariciones, extorsiones, ataques contra políticos, empresarios y otros actores relevantes. Puede haber menos homicidios y, al mismo tiempo, formas de violencia más estratégicas.

La construcción de un nuevo pacto social

Defender la democracia exige, entonces, fortalecer la capacidad del Estado para construir una relación con todos sus gobernados y producir resultados. Eso requiere un nuevo pacto social.

Aquí los centros de pensamiento, como México Evalúa, tenemos una responsabilidad. Podemos ayudar a construir una nueva agenda para renovar ese pacto. Convertir evidencia en opciones viables de política pública e identificar reformas que reconstruyan la relación entre ciudadanía y Estado.

Para ello necesitamos algo que todavía es escaso en nuestros países: una verdadera infraestructura de conocimiento que trascienda los ciclos electorales y supere el cortoplacismo que envuelve la discusión pública. La colaboración entre gobiernos, universidades, think tanks, sociedad civil y organismos internacionales sigue siendo episódica. Debe institucionalizarse. Hoy se convoca a especialistas por ocasión y muchas veces cuando el problema ya estalló.

Necesitamos ecosistemas permanentes de aprendizaje: consejos independientes, observatorios, ejercicios de prospectiva, consultas públicas con vasos comunicantes y permanentes en los procesos de diseño, operación y evaluación de políticas públicas.

Los think tanks podemos funcionar como un radar externo del Estado: identificar riesgos antes de que sean crisis, comparar experiencias internacionales, cuestionar supuestos y advertir consecuencias difíciles de observar desde dentro del Gobierno. Pero no puede haber colaboración genuina cuando se restringe la libertad de expresión y asociación, se debilita la transparencia o se obstaculiza el financiamiento para organizaciones independientes. Para incidir necesitamos diálogo y acceso; para servir a la democracia necesitamos independencia y una condición indispensable: un espacio cívico abierto. La democracia sólo puede dar resultados allí donde el conocimiento libre tiene la capacidad de ser contrapeso e incidir.

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