No dejaré que cierre el mes de marzo sin dedicar una columna al tema de igualdad sustantiva. Por eso, con la idea de reducir la brecha de género, en esta ocasión les platico la importancia que tiene repensar a la seguridad social con perspectiva de género en su diseño y operación.
Esta reforma debería ser prioridad en la agenda feminista, porque detrás de las vulnerabilidades que sufren las mujeres —como el empleo precario—, yace una política de seguridad social deficiente. Es claro que no se han reconocido los riesgos económicos que el rol de género nos propina. Al ignorar los factores que determinan estos riesgos, se carece, por lo tanto, de los instrumentos necesarios para controlarlos. Sin una seguridad social con perspectiva de género, no vamos a llegar todas.
México figuró en el lugar 33 de 146 países en el Índice de la Brecha de Género (Global Gender Gap Index) del Foro Económico Mundial publicado en 2024. Al desagregar el índice a partir de sus cuatro componentes (participación económica y oportunidades, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político), es notable que la dimensión en la que México mostró la mayor área de oportunidad en materia de igualdad sustantiva fue en el de “Participación y oportunidades en la economía”. Ahí, México cae al lugar 112. Son tres los factores que amplían ahí la brecha entre hombres y mujeres: la diferencia salarial, el todavía bajo porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo y la bajísima participación laboral de las mujeres. En este último factor, México se hunde hasta el lugar 122.
Detrás de este resultado, hay una ausencia del Estado mexicano en promover las políticas públicas que cierren esa brecha de manera efectiva. Lamentablemente, en la práctica, dicha ausencia contribuye de manera determinante a la desigualdad social y al rezago, tan relevantes en el desarrollo económico de nuestro país.
La ausencia de una política para el sistema de cuidados
En la lista de políticas ausentes, sin duda está el sistema de cuidados . Las mujeres asumimos el cuidado de infancias, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. El 75% de las personas que cuidan son mujeres y la mayoría no recibe una remuneración a cambio. Esto a pesar de que los cuidados —y labores del hogar— aportaron el 24.3% del producto interno bruto (PIB) de México en 2022. Nótese que se trata de una aportación mayor a la que tuvo el sector manufacturero.
Sin remuneración a cambio, las mujeres dedican 32 horas a la semana, en promedio, al cuidado de personas, mientras que los hombres sólo 14. Esto las coloca en una situación de pobreza de tiempo para ofertar trabajo remunerado en el mercado laboral. La consecuencia es que las
mujeres tienen mayor posibilidad de estar en situación de pobreza y de no contar con una pensión en la edad adulta. Esta vulnerabilidad económica eleva otros riesgos, como el de ser víctimas de distintos tipos de violencia.
Una política pública que promueva el sistema de cuidados impulsaría la productividad y el crecimiento económico, pues más mujeres podrían participar en la fuerza laboral. No solo eso, la mayor disponibilidad de tiempo les permitiría laborar en la economía formal, la cual es radicalmente más productiva que la informal, en donde actualmente las mujeres están sobrerrepresentadas. Además, la actividad de los cuidados se podría convertir en un sector de la economía formal —profesionalizado—, con capacidad de ofrecer empleo formal en lugar de precario o sin remuneración, como sucede actualmente. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 del Inegi, el 68% de las cuidadoras no económicamente activas de 15 a 60 años que desean trabajar por un ingreso, manifestó que no lo hacen porque no tienen quién les cuide a sus hijas(os), personas adultas mayores o personas enfermas.
Es justo para las mujeres —y deseable para toda la economía— que la carga de los cuidados se distribuya entre el Estado, el mercado y las familias. Eso requiere repensar el funcionamiento y el financiamiento de la seguridad social. Llama la atención que el Seguro Social ya tiene el espíritu correcto (y por eso ofrece el servicio de guarderías, aunque en un esquema poco funcional). Sin embargo, se quedó solo en el espíritu: no logró aterrizar la perspectiva de género en su operación.
La seguridad social sin perspectiva de género
De acuerdo con el sistema de indicadores de pobreza y género 2016-2022 de Coneval, 76 de cada 100 mujeres ocupadas en pobreza no han tenido seguridad social en sus distintos trabajos.
Para quienes gozan de seguridad social, la infraestructura de guarderías del IMSS sólo atiende una proporción ínfima de la demanda. Incluso, considerando los servicios y apoyos de otros esquemas públicos de protección social, la cobertura pública para el cuidado de las infancias apenas cubre entre 5-10% de los niños que la requieren. En adición, es importante advertir que el presupuesto público para satisfacer dicha demanda, a través de los distintos esquemas de protección social, se ha deteriorado en los últimos años. En 2025 el presupuesto en sistemas de cuidados infantiles federales (IMSS, ISSSTE y Secretaría del Bienestar) será de 23.3 mmdp, es decir 23% menor en términos reales al observado en 2018. Ni hablar del cuidado de personas adultas mayores y con discapacidades: es prácticamente nula.
Hoy día, para que una mujer acceda al Seguro Social, es necesario que primero esté empleada en la economía formal. Es decir, es al revés de lo que debería. Las mujeres deberían, primero, acceder al Seguro Social —y a sus guarderías— para controlar el riesgo de pobreza de tiempo y así poder emplearse en la economía formal. Este cambio implicaría que el Seguro Social también pueda financiarse con impuestos generales y no dependa directamente —y en todos los casos— del contrato laboral.
Imponer el empleo para dar acceso a la seguridad social es un error garrafal y deja ver que la institución se pensó en tiempos en los que la perspectiva de género no tenía relevancia. En la actualidad, las reglas del juego dejan a las mujeres sumidas en la pobreza de tiempo y dificultan la obtención de dicho empleo. Insisto, si el Seguro Social también se pagara con impuestos generales, no sería absolutamente necesario condicionar el acceso al empleo. Una sociedad más inclusiva y una economía más productiva requiere un sistema de cuidados y éste requiere nuevas formas de financiamiento a través del Seguro Social.
