El próximo 1 de junio, México vivirá un proceso inédito: se elegirán 881 cargos judiciales a nivel federal y 1,423 del fuero común. Nunca antes se había intentado algo así en el mundo. Pero lejos de representar un avance automático en materia de justicia, esta reforma judicial —aprobada en septiembre de 2024— ha despertado más dudas que certezas. Estamos en la antesala de un cambio institucional mayúsculo, pero no alentador, sino todo lo contrario.
El corazón del debate no es menor: ¿de verdad elegir jueces, magistrados y ministros por voto directo resolverá los problemas estructurales de la justicia mexicana? Todo indica que no.
Lo preocupante no es sólo la forma. Es el fondo. Es que esta reforma se construyó sin un diagnóstico previo, sin entender a profundidad los desafíos de los poderes judiciales, fiscalías y demás órganos encargados de impartir justicia en el país. Es una reforma que, desde su origen, no partió de las causas del problema, sino de una apuesta política.
¿Y cuáles son esos problemas que la reforma judicial no va a resolver? Aquí algunos de los más graves:
La impunidad empieza en la no denuncia
En México, el 92.9% de los delitos no se denuncian. Las razones principales: pérdida de tiempo, desconfianza en las autoridades y percepción de que nada va a pasar. Este fenómeno —la llamada cifra negra— impide que las autoridades investiguen, prevengan y sancionen los delitos.
Si no atacamos esta causa de raíz, ningún nuevo juez podrá cambiar el hecho de que simplemente no llegan suficientes casos a los tribunales.
Una solución clave es facilitar la denuncia. Eso implica incorporar tecnología, permitir denuncias digitales y que las policías tengan un rol mucho más activo en la recepción y documentación de delitos.
Fiscalías sin recursos, personal rebasado
El presupuesto de las fiscalías en México no corresponde a la magnitud del problema que enfrentan. Cada fiscal, en promedio, atiende más de 300 carpetas de investigación; cada perito, cerca de 477 solicitudes de intervención pericial, según cifras del reporte Hallazgos 2023. Y la cifra sigue creciendo, mientras los recursos no lo hacen en la misma proporción.
Frente a esta realidad, es urgente establecer cláusulas constitucionales que garanticen un presupuesto mínimo y eviten recortes arbitrarios.
¿Qué delitos se persiguen y cuáles no?
Uno de los grandes pendientes es la política de persecución penal. Saber qué delitos deben priorizarse es clave en un contexto de recursos limitados. Sin embargo, a nivel federal, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia debió publicarse en 2022 y no ha ocurrido. Y a nivel estatal, sólo 14 fiscalías cuentan con algo similar. No se puede combatir el delito sin estrategia.
La coordinación entre policías y fiscalías sigue rota
Aunque la reciente reforma constitucional otorga a las policías la facultad de investigar delitos, la infraestructura y los sistemas para lograr una verdadera coordinación siguen sin estar listos.
Garantizar la interconexión de sistemas de investigación, fortalecer capacidades técnicas y asegurar la sostenibilidad financiera de estos procesos debe ser una prioridad inmediata.
Mirar más allá de la elección
Lo que está en juego no es sólo quiénes serán los próximos jueces, sino si la justicia en México podrá seguir operando. La elección de jueces por voto popular puede, en el mejor de los casos, cambiar al personal. Pero los problemas estructurales seguirán ahí si no se atienden de raíz.
Evitar el colapso judicial, monitorear la calidad de las sentencias, garantizar la capacitación de las personas juzgadoras, y prever los efectos de esta reforma en la justicia federal —especialmente vía amparo, porque todo indica que van aumentar como respuesta a la disfuncionalidad que se observará en la justicia estatal— son tareas urgentes.
Y, sobre todo, será indispensable que, tras la experiencia de las elecciones de 2025, se realicen los ajustes necesarios. Porque la verdadera transformación de la justicia no empieza en las urnas. Empieza entendiendo el problema.
Directora general de México Evalúa