Durante décadas, en México existió una certeza fiscal: si subía el precio del petróleo, mejoraban las finanzas públicas. Era lógico. El erario dependía fuertemente de los ingresos petroleros y cada aumento del precio del crudo implicaba más recursos para el Gobierno.
Esa relación se fue transformando. Los ingresos petroleros hoy representan una proporción mucho menor del presupuesto que hace 20 años. Pemex sigue produciendo petróleo, pero la estructura fiscal del Gobierno federal cambió profundamente. Mientras tanto, la democracia avanzó y se incrementó el costo político de permitir aumentos en el precio de la gasolina. En este nuevo contexto, el petróleo caro no necesariamente es una buena noticia para las finanzas públicas del Gobierno federal.
El antecedente: la guerra ruso-ucraniana
En 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, el precio del petróleo se disparó y el Gobierno mexicano aplicó estímulos fiscales históricos para evitar que el aumento se trasladara al precio de la gasolina. Aquélla vez, el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril y muchos asumieron que las finanzas públicas del Gobierno federal recibirían un impulso extraordinario. Ocurrió lo contrario.
Para evitar que subiera el precio de la gasolina, redujo el estímulo a las gasolinas. Por esa razón, el Gobierno dejó de percibir cerca de 397 mil millones de pesos (mmdp) a valor de 2022. Pero el “extra” que se obtuvo por mayores ingresos petroleros fue de sólo 269 mmdp, monto que no alcanzó a compensar los 397 mmdp faltantes de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolina.
Al final, el boquete fiscal para el Gobierno federal fue de 128 mmdp. El petróleo caro no dejó más recursos para financiar infraestructura adicional, más servicios y/o programas para la población.
La razón es el mecanismo utilizado para contener el precio de los combustibles: los estímulos fiscales al IEPS de gasolinas y diésel. Cuando el precio internacional del petróleo sube, también aumentan los precios internacionales de las gasolinas. Para evitar que ese aumento llegue directamente al consumidor mexicano —un tema políticamente sensible— el Gobierno reduce o elimina el impuesto especial a combustibles. En algunos momentos, incluso ha otorgado subsidios adicionales. El problema es que esta política tiene un costo fiscal muy elevado, como lo vimos con claridad en 2022.
Además, no perder de vista que el Gobierno federal no recibe todos los ingresos petroleros: en años recientes ha decidido dejar gran parte de su renta petrolera a Pemex. Esto significa que se redujo esta fuente de financiamiento para el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El escenario actual: la guerra en Medio Oriente
El contexto internacional vuelve esta paradoja particularmente relevante. La reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán ya comienza a reflejarse en los mercados energéticos. El precio internacional del petróleo ha registrado aumentos relevantes y varios analistas advierten que podría seguir subiendo si el conflicto se agrava. Aunque los mercados han mostrado episodios de alta volatilidad —con correcciones después de los primeros repuntes— el riesgo geopolítico en Medio Oriente volvió a colocar al petróleo en el centro de las preocupaciones económicas globales.
La razón es clara. La intensificación de las hostilidades eleva los riesgos para el suministro global de energía, especialmente por la vulnerabilidad del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Por ese estrecho pasa cerca de una quinta parte del comercio mundial de crudo.
Cualquier interrupción —o incluso el riesgo de una interrupción— suele provocar aumentos en los precios internacionales del petróleo. Cuando esto ocurre, los mercados reaccionan rápidamente. Para países como México el impacto no es sólo energético, también es fiscal.
Si los precios del petróleo suben de forma sostenida, el Gobierno enfrentará una decisión difícil: permitir que las gasolinas suban —con el consiguiente costo político— o ampliar los estímulos fiscales y asumir el costo presupuestario. Ninguna de las dos opciones es trivial.
Un delicado equilibrio que se rompe
De hecho, el peso fiscal de los combustibles hoy proviene más del lado tributario que del petrolero. En 2025, la recaudación del IEPS a gasolinas y diésel se ubicó en alrededor de 445 mmdp, una cifra superior a los ingresos petroleros que recibe el Gobierno federal en varios años recientes. Cabe destacar que en 2025 ya no se obtuvo una renta petrolera, sino una pérdida. Este cambio refleja una transformación profunda de la economía pública mexicana. Con ello, hoy México es más sensible fiscalmente al precio de la gasolina que al precio del petróleo.
En otras palabras, para las finanzas públicas mexicanas el combustible se convirtió en una fuente de recaudación tributaria y dejó de ser una extensión de la renta petrolera. Este cambio estructural también explica la evolución reciente de la política fiscal. En los últimos años, el Gobierno ha reducido de manera importante el número de semanas en las que aplica estímulos a las gasolinas.
Podemos decir que cuando el precio internacional del petróleo lo permite, Hacienda busca mantener la recaudación del IEPS. Pero cuando el petróleo sube con fuerza, reaparece la presión política para contener el precio del combustible.
Lo que puede suceder
La lección es clara. En el México de hoy, el petróleo caro ya no garantiza ingresos extraordinarios para el Gobierno. Al contrario, puede activar uno de los mecanismos más costosos de la política fiscal reciente.
Hoy el espacio fiscal del Gobierno mexicano está muy presionado por altos déficits, mayores necesidades de financiamiento y crecientes compromisos de gasto. En ese contexto, hoy es mucho más difícil absorber un costo fiscal de cientos de miles de millones de pesos para contener el precio de la gasolina, pues podría convertirse en un problema serio para las finanzas públicas.
El Gobierno enfrenta una disyuntiva: escoger entre dos costos, el político o el fiscal.
Directora general de México Evalúa