La herencia del sexenio de López Obrador fue un déficit de casi 6% del producto interno bruto (PIB), algo no visto en décadas. El descalabro fue impulsado por un bajo crecimiento de los ingresos públicos a lo largo del sexenio (a pesar de que la recaudación por cobranza aumentó 308% durante el mismo periodo) y un crecimiento considerable en ciertos gastos. Destacaron dos desembolsos en mi opinión: 1) El incremento en el pago de pensiones (especialmente, las pensiones para el Bienestar) que se impulsó sin fuentes de financiamiento. Esto consiguió que, por primera vez, el alza en el gasto de pensiones fuera superior al aumento en los ingresos. 2) El encarecimiento del pago de la deuda, que fue mayor al gasto total de salud o de educación del Gobierno federal.
El déficit del sexenio anterior está cobrando factura
Los datos de las finanzas públicas durante enero de 2025 del sector público federal, que incluye al Gobierno federal, a sus empresas estatales y a organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nos sugieren que el año arrancó cuesta arriba. Esto ya se esperaba y lo advertimos desde México Evalúa.
Lamentablemente, no se consiguió la meta de ingresos durante el primer mes del año. Ello no impidió que el mismo gobierno lograra reducir drásticamente el déficit fiscal: fue de apenas 23 mil millones de pesos (mmdp), es decir, cayó 86.5% (147 mmdp) frente a enero de 2024. Sigue, sin embargo, siendo superior al observado a inicios de 2021 y 2023.
Desde luego, meter en cintura al déficit de esta manera requirió recortes al gasto mucho más profundos que los aprobados por la Cámara de Diputados, que de por sí ya eran bastante astringentes. El gasto neto total cayó 14.4% o 121 mmdp en relación a enero de 2024. Además, se quedó 22% (203 mmdp) por debajo del calendario, el mayor retraso en más de 20 años. Prácticamente, la mayor parte de los gastos sufrió un recorte. Incluso, el gasto en pensiones del Bienestar cayó 25% en relación al mismo periodo del año anterior.
Fueron contados los rubros que tuvieron un aumento. El que más creció en relación a enero de 2024 fue el pago de intereses de la deuda o costo financiero, que alcanzó 30 mmdp, lo que representó un aumento de 41%. Pese al incremento, el gasto se quedó 12.4% (14.7 mmdp) por debajo de lo programado al primer mes del año (118.2 mmdp). Con estos datos podemos asumir que ya llegó la factura del alto déficit fiscal que el Gobierno se autorizó a sí mismo el año pasado, año electoral.
Un primer mes de año cuesta arriba, por donde se le vea
En relación a las erogaciones aprobadas, destacó el sobregasto de 22.3 mmdp de la Secretaría de Energía. La dependencia tenía aprobado gastar al mes de enero 146 millones de pesos, pero ejerció esa cifra ¡153 veces! La razón: tuvo que transferir recursos a Pemex que, al parecer, no se habían programado.
Aunque aumentó mucho menos que los rubros ya mencionados, vale la pena anotar que el gasto para Seguridad Nacional, Justicia y Asuntos de Orden Público reflejó un aumento durante enero. Este aumento, cabe señalar, todavía no refleja las operaciones derivadas de la atención a las solicitudes del Gobierno estadounidense y es consistente con el aumento en las operaciones en materia de seguridad que documentamos en el análisis de los primeros 100 días del Gobierno de Sheinbaum. Este gasto ascendió en enero a 17.5 mmdp. Se mantiene por debajo de lo observado en 2018, pero aumentó casi 3% en relación al mismo mes del año pasado y mostró un avance de 8.5% respecto al programa anual. Es el segundo mayor progreso frente al programa desde 2013.
Es un hecho que se trata de un año cuesta arriba por el lado del crecimiento económico. Sumemos a ello que desde que inició la agenda de reformas constitucionales, nos llueve sobre mojado y sus daños no cesan de afectar a nuestra economía. En especial, la desaparición de organismos reguladores autónomos va a derivar en un mayor riesgo de politización y falta de profesionalismo en la regulación económica. Además, cada vez se palpa mejor que la reforma judicial acabará con la independencia de las personas juzgadoras, por lo que podemos esperar una peor aplicación del Estado de derecho.
La presidenta ha empezado a trazar su propia ruta en un terreno completamente adverso, sin espacio fiscal para impulsar su Plan México ni para una política fiscal contracíclica. Es demasiado pronto para decir si logrará llegar a buen destino con la fuerte astringencia presupuestaria que está aplicando. Si bien ésta ayuda a controlar el déficit desmedido con el que cerró el sexenio anterior, puede agudizar la recesión económica. Lo que sí le aseguraría un buen arribo es trabajar para disminuir la incertidumbre que hoy tiene a la economía a la deriva. El crecimiento económico es el que finalmente salvará a las finanzas públicas. La deuda no va a disminuir, el objetivo es que sea menos pesada de sostener y eso sólo se consigue con una economía más grande.
