La tala ilegal en México representa un problema ambiental, social y económico, que afecta gravemente el patrimonio forestal del país y representa una competencia desleal para los dueños de los territorios con emprendimientos forestales comunitarios que aprovechan los recursos del bosque de manera legal y sustentable.
La superficie cubierta por vegetación en nuestro país alcanza alrededor del 70% de nuestro territorio total. No obstante, la superficie efectivamente arbolada por bosques, selvas y manglares solo alcanza a cubrir aproximadamente el 34% del territorio nacional; el resto de la superficie vegetada corresponde principalmente a matorrales xerófilos propios de climas semidesérticos. Desafortunadamente, estos más de 66 millones de hectáreas de superficie arbolada está constantemente amenazada por una tasa de deforestación de 208,746 hectáreas anuales.
Durante muchos años los bosques y selvas han sido objeto de una fuerte presión por parte de actividades de actividades de tala ilegal, extracción de tierra de monte y de hoja, así como de cambios ilegales de uso de suelo que afectan sensiblemente estos recursos naturales. Entre los impactos más preocupantes se encuentra la pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos vitales para la sobrevivencia y sostenibilidad de la población, como son la producción de alimentos, la generación de oxígeno y captura de carbono, la regulación del clima, la protección contra inundaciones, la protección contra la degradación y erosión de suelos, así como paisajes y sitios inigualables para el esparcimiento o el turismo. No obstante, uno de los aspectos más relevantes es que los bosques retienen y envían al subsuelo gran parte de las fuentes de agua de pozos subterráneos de los que se nutren las grandes ciudades.
Por esta razón, el pasado 14 de noviembre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejecutó y coordinó acciones simultáneas de inspección y vigilancia en aserraderos ubicados en zonas críticas forestales de 13 entidades federativas, con la finalidad de frenar el avance de la tala ilegal. Las acciones de inspección se realizaron en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. En estas acciones participaron 509 elementos de instituciones de seguridad estatales y federales, entre ellas de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX, que respaldaron las actuaciones de los inspectores de la PROFEPA.
Como resultado de este operativo se clausuraron un total de 12 aserraderos y se decomisaron 757.2 m³ de madera, 28 maquinarias de aserrío y 2 vehículos. Entre las principales irregularidades encontradas se encuentra la ausencia de autorización del funcionamiento de aserraderos, la falta de libros de registro de entradas y salidas de materias primas forestales, no contar con informes semestrales de movimientos de madera, no hay coincidencia en los volúmenes de madera que tienen en existencia con los que están anotados en sus registros, presentan remisiones forestales alteradas y sobre escritas con las que se
pretende amparar el manejo de madera en rollo, situaciones con las que en general no se acredita la legal procedencia de las materias primas forestales.
Entendemos que para lograr cambios permanentes de política pública en materia forestal, se requieren programas de desarrollo y educación por parte de instituciones de política social, educativas e incluso agrarias de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de que la población que habita en estas zonas críticas forestales cuente alternativas económicas y programas de desarrollo social en sus propios territorios.
No obstante, las acciones inspección y vigilancia forman parte de la misión de la PROFEPA para contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental. En el caso de nuestra superficie forestal, se trata fundamentalmente de detener la extracción ilegal de madera, la extracción de tierra de monte y los cambios ilícitos de uso de suelo, por lo que seguiremos realizando este tipo de operativos de forma coordinada con autoridades ambientales de las entidades federativas y con el apoyo de las instituciones de seguridad pública federal y locales.
