¿Hasta cuándo vamos a permitir que ser mujer en Guanajuato valga menos que serlo en la CDMX?
Hace unos días, el Congreso de Guanajuato hizo lo que tristemente ya es costumbre: negarle a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Votaron en contra de una iniciativa que proponía despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Cerraron los ojos ante la realidad, se taparon los oídos ante los testimonios, y endurecieron aún más un sistema que ya castiga, señala y criminaliza a quienes ejercen su autonomía.
Y aunque parezca increíble, lo hicieron ignorando abiertamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido con toda claridad: ninguna mujer debe ir a prisión por interrumpir un embarazo.
No estamos hablando de moral ni de religión. Estamos hablando de derechos humanos.
Estamos hablando de vidas reales. De mujeres reales. De niñas violadas, de madres adolescentes, de mujeres empobrecidas, de cuerpos atravesados por el miedo y por la culpa. De mujeres que no deberían tener que arriesgar su vida para salvar su futuro.
Lo que pasó en Guanajuato no es un caso aislado. Es el reflejo de un país donde el acceso a la justicia reproductiva depende del código penal que te tocó y del estado donde naciste.
En México, hoy por hoy, interrumpir un embarazo de forma segura y legal es un privilegio geográfico.
Un privilegio que tienen quienes viven en Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz o Quintana Roo.
Pero que se les niega sistemáticamente a millones de mujeres en entidades como Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, o Nuevo León.
Esa desigualdad no solo es indignante. Es inconstitucional.
Y también es peligrosa.
Porque obliga a las mujeres a recurrir a la clandestinidad.
Porque las expone a procedimientos inseguros, a redes de explotación, a extorsiones, a silencios impuestos.
Porque las empuja, otra vez, al rincón de la vergüenza.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos en el Congreso Federal?
¿Aplaudimos los fallos judiciales desde nuestras curules, pero no hacemos nada para convertirlos en leyes que se apliquen de norte a sur del país?
¿Seguimos dejando que los Congresos locales legislen con miedo, con prejuicio, o con la espalda vuelta a la realidad?
¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo cómplices de esta omisión?
Porque eso es lo que es: una omisión política, legal y ética.
La armonización legislativa en materia de aborto no es un capricho.
Es una deuda urgente con millones de mujeres. Y es también una obligación constitucional que no admite más postergaciones.
Lo sucedido en Guanajuato no es solo una derrota para el feminismo.
Es una bofetada al principio de igualdad. Es una traición al Estado de derecho.
Y es una forma de violencia institucional que elude su responsabilidad con la vida y dignidad de las mujeres.
Hablar de aborto es hablar de libertad. Es hablar de salud, de justicia, de autonomía.
Y sí: también es hablar de clase, de raza, de territorio, de poder.
Porque quienes pueden pagar, siempre van a decidir.
Quienes no, se juegan la vida en cada decisión. Y esa es la más cruel de las injusticias.
Desde aquí, desde el Congreso Federal, debemos decirlo con todas sus letras:
Sí a la libertad.
Sí a la dignidad.
Sí a la justicia.
Sí al derecho a decidir, en cada rincón del país.
Porque el aborto no es un crimen: lo criminal es obligar a una mujer a parir por miedo a ir a la cárcel.
Diputada federal
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
