El 14 de enero del año en curso, Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), anunció los 25 puntos para la transformación del ISSSTE, para “una nueva etapa de mejora sustantiva” en salud, vivienda, seguridad social, combate a la corrupción y fortalecimiento financiero, uno de esos puntos establece que las “cuotas de servidores públicos con mayores ingresos, así como de entidades y dependencias se calculen sobre salario integrado”. De inmediato esta medida fue cuestionada, por las y los trabajadores de la educación agrupados en la CNTE.
A pesar de ello, el 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso la iniciativa de Reforma a la Ley del ISSSTE, en la que se establece “que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se realicen sobre el salario integrado, cuando este rebase las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a fin de captar mayores recursos que permitan al ISSSTE financiar la prestación de servicios médicos en todas sus unidades”.
Pese a las declaraciones de la presidenta y funcionarios del ISSSTE de que la reforma sólo afectará a los empleados de confianza y funcionarios de salarios altos, esto no se cumplirá, pues al menos 500 mil trabajadores de la educación reciben en su salario integrado el monto que establece la propuesta de Ley, los docentes de básica al estar trabajando doble turno; los de media superior, por trabajar turnos exhaustivos de 30 o 40 horas pizarrón a la semana; y los de educación superior. Los profesores de tiempo completo que reciben los “estímulos a la productividad”, también serán afectados.
Por lo tanto, la reforma pasa la responsabilidad del financiamiento de la seguridad social sobre los hombros de las y los trabajadores: “Según el dictamen de la Comisión de Seguridad Social de los diputados, se espera recabar con la medida, 3,400 millones de pesos. Conforme al Censo Nacional Federal 2024 son 4 millones de trabajadores en el sector público, de los cuales, poco más de 256 mil, son de confianza y pueden recabarse unos 8 mil millones de pesos anuales”. (COSAV 13/03/25, Documento disponible en la página de Facebook de la Casa Obrero Socialista José Antonio Vital)
Por ello, no es fortuito el crecimiento de las protestas en por lo menos 15 estados del país, con movilizaciones masivas, paros nacionales y el reciente de 72 horas anunciado por la CNTE a nivel nacional. ¿Qué hay de fondo? Una sentida demanda de echar abajo las reformas neoliberales de 2007 que impuso las cuentas individuales y afores, y las de 2017 que fijo las pensiones en UMA.
La seguridad social es un instrumento que garantiza a la sociedad, la redistribución de la riqueza, por ello, para una gran transformación se requiere: revertir la fragmentación salarial producto de la aplicación del salario integrado; incremento salarial para toda la clase trabajadora, lo cual sin duda repercutiría en acceso a pensiones dignas; para las y los jubilados la eliminación de las UMA es innegociable.
Y ya con el buen espíritu de la transformación, el gobierno y la sociedad requiere explorar una forma de regresar al Sistema Solidario de Pensiones, eliminando la usura del gran capital financiero y protegiendo los ahorros de los trabajadores.
Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, e integrantes del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS, caceps@gmail.com
