Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el poder político se viste de morado y se llena la boca con discursos. Este año no fue distinto. La presidenta anunció reformas a 17 leyes, endurecimiento de penas y un “plan integral” más. Es la fórmula favorita del gobierno, cambiar leyes como si eso cambiara la realidad.
En México no faltan leyes; falta Estado. Faltan fiscalías que investiguen, policías que protejan, ministerios públicos que no humillen, instituciones que traten a las mujeres como personas y no como estorbos.
Modificar leyes o imponer penas mayores no garantiza nada si el agresor sabe que nadie lo va a investigar, que la denuncia se perderá en una carpeta archivada, que el sistema está diseñado para su impunidad. En un país donde 9 de cada 10 delitos no reciben castigo, aumentar penas es una forma cómoda de simular acción sin mover la estructura que sostiene la violencia.
Porque la violencia contra las mujeres no se erradica con discursos ni con reformas apresuradas; se elimina con políticas públicas, presupuestos, profesionalización, prevención, cultura de respeto y una justicia que funcione.
Los datos siguen ahí, tercos, recordándonos la distancia entre narrativa y realidad. Según la ENDIREH, 70.1% de las mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida; más de la mitad ha experimentado violencia sexual, psicológica o física. Aunque el gobierno presume reducciones en feminicidios, hemos señalado en múltiples ocasiones que solo uno de cada cinco asesinatos de mujeres se investiga como tal. Además, se distorsionan las cifras de feminicidio porque estos casos suelen clasificarse bajo otros delitos. Así es que no han bajado los asesinatos de mujeres por cuestión de género, ha bajado la voluntad de clasificarlos correctamente.
Por otro lado, en 2023 se registraron más de 579 mil llamadas al 911 por violencia familiar contra mujeres. Si esa cifra no escandaliza al poder, es porque el poder prefiere contarlas que atenderlas.
Este 25 de noviembre, además, la Presidenta repitió otro eslogan que ya se volvió costumbre, no política pública: “las madres buscadoras no están solas”, pero decir eso mientras ellas siguen buscándole el rostro a un Estado ausente es un acto de cinismo.
Las madres buscadoras no necesitan frases hechas, lo que necesitan son instituciones que las respeten, que las acompañen, que les den verdad, que les den justicia. Necesitan vivir sin miedo a ser agredidas, criminalizadas, perseguidas. Necesitan que este país deje de ponerles vallas y empiece a ponerles respuestas.
Si el gobierno realmente quisiera erradicar la violencia contra las mujeres, el eje no sería legislar para la foto, sino implementar para la vida. Sería construir fiscalías profesionales, sistemas de justicia eficientes, protocolos reales de prevención, programas educativos para un cambio cultural, espacios seguros, servicios de salud mental, mecanismos de protección inmediatos y verificables. Sería escuchar a quienes ya saben cómo enfrentar la violencia: las organizaciones feministas, la sociedad civil, las víctimas, los refugios, las colectivas.
El 25N no es un día para celebrar que existe una “agenda de bienestar”; es un día para preguntar por qué esa agenda no logra traducirse en seguridad, justicia y dignidad para millones de mujeres.
No podemos hablar de erradicación cuando las mujeres salen cada día con miedo, cuando la mitad del país femenino ha sufrido agresión sexual, cuando los agresores viven tranquilos y las víctimas viven a sobresaltos
La erradicación llegará el día en que la política deje de ser un discurso y se vuelva protección real; cuando las mujeres no sean una categoría estadística sino ciudadanas con derechos; cuando la justicia deje de ser una excepción y vuelva a ser la regla.
Ese día, quizá, podremos hablar de progreso. Hoy, lo único honesto es hablar de omisiones y exigir responsabilidades.
Presidenta de Causa en Común