El Monitor CIVICUS, uno de los termómetros globales más reconocidos sobre la salud de las libertades, volvió a clasificar a México como un país con espacio cívico reprimido. No es una etiqueta técnica ni un ejercicio académico, es un diagnóstico internacional sobre la salud de nuestras libertades. CIVICUS evalúa si en un país se puede protestar sin miedo, informar sin ser asesinado y organizarse sin hostigamiento; México falla en todos estos puntos. Cuando un país con elecciones libres aparece como “reprimido”, el mensaje internacional es que la democracia electoral existe, pero el espacio para la ciudadanía se está cerrando.
Muchos creyeron en 2018 que López Obrador era honesto al decir que al llegar al poder las Fuerzas Armadas regresarían a los cuarteles; que las víctimas tendrían un lugar en la agenda pública; que se enfrentaría la corrupción y la impunidad, fuera quien fuera, y que la violencia contra periodistas disminuiría porque habría más libertades. Era la expectativa de un país que buscaba un giro ético y una reconciliación con la justicia. Lo que ocurrió, sin embargo, fue lo contrario. La militarización se profundizó, las policías siguieron debilitándose, la impunidad se mantuvo para los miembros de su movimiento y México es el país más letal para ejercer el periodismo fuera de una zona de guerra. El agravio fue exponencial, mintió a los ciudadanos ávidos de justicia, pero, además, dedicó su sexenio a destruir las instituciones democráticas; a descalificar, insultar y perseguir a quienes se atrevieron a señalarlo.
La militarización es un elemento central del deterioro. Las Fuerzas Armadas no están diseñadas para proteger libertades civiles ni sujetas a supervisión democrática. La experiencia internacional —y la nuestra— demuestra que cuando la seguridad pública recae en instituciones militares, aumentan la opacidad, los abusos y el riesgo para quienes investigan, protestan o defienden derechos. En lugar de corregir ese rumbo, lo profundizó con la Guardia Nacional bajo control castrense y les dio a las Fuerzas Armadas el control terrestre, marítimo y aéreo del país.
Con el cambio de gobierno no se ha revertido esta tendencia. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la distancia frente a las víctimas, los recursos para las Fuerzas Armadas siguen en aumento, la impunidad para miembros de Morena persiste y los asesinatos de periodistas no han disminuido.
Las víctimas siguen sin encontrar un Estado que las escuche. Las madres buscadoras enfrentan amenazas, abandono institucional y, en ocasiones, estigmatización. Los casos de desaparición continúan creciendo y quienes acompañan estos procesos —organizaciones, activistas, periodistas— siguen siendo recibidos con discursos de descalificación desde el poder.
Todo esto explica la clasificación de CIVICUS. No se trata de una exageración ni de un juicio político disfrazado. Es una medición sistemática del deterioro del espacio cívico, ese terreno donde la democracia respira, se organiza y ejerce sus derechos. Una democracia puede sobrevivir con instituciones frágiles, pero no puede sobrevivir sin un espacio cívico vivo, plural y protegido.
Hoy, en México, protestar se castiga, investigar se vuelve peligroso y buscar a un desaparecido puede convertir a alguien en objetivo. CIVICUS lo sintetiza, en una palabra —reprimido—, pero lo que ahí se describe es un retroceso que la ciudadanía vive y reconoce todos los días. Es un mensaje profundamente incompatible con la vocación democrática que la Presidenta dice defender.
México sigue votando. No obstante, lo que está en duda es si sigue escuchando. Una democracia que vota, pero silencia a quienes exigen justicia se debilita y un país que deja de escuchar, termina por romperse. Estamos peligrosamente cerca de ese borde.
Presidenta de Causa en Común