Las horas y los días comenzaron a correr desde el lunes pasado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo una prórroga de 30 días para evitar un daño irreversible en la economía mexicana. En las próximas semanas se abrirán diálogos y, con suerte, cooperación entre ambos gobiernos.
Las enormes asimetrías entre Estados Unidos y México no son solo económicas, sino también institucionales, Donald Trump las ha sabido explotar para imponer condiciones, amenazando con aranceles del 25% y logrando, más que una negociación, una imposición en temas de seguridad y migración, temas que no tienen relación directa con la economía.
Más allá de los mensajes oficiales, los silencios fueron más elocuentes que las palabras. Sheinbaum no mencionó que los 10 mil militares enviados a la frontera norte no solo combatirán el tráfico de fentanilo, sino que también detendrán migrantes. Por su parte, Trump no hizo referencia a medidas concretas para frenar el flujo de armas hacia México, a pesar de que la mandataria mexicana aseguró que esto estuvo sobre la mesa en la llamada que sostuvieron.
Tampoco se habló del tema más incómodo: la acusación de la Casa Blanca de que México es un narco-Estado. En una atropellada respuesta en su conferencia, la Presidenta dijo que en la conversación ella le había mencionado que no estaba de acuerdo con esta aseveración, pero el gobierno de Trump no se ha retractado.
No es que los mexicanos no supiéramos de cómo el crimen organizado ha ido acaparando espacios políticos, la novedad es que es la primera vez que Washington lo consigna en un documento oficial y público. Trump apuntó directamente al gobierno anterior, es obvio que no se refería a la nueva administración, aunque el problema sigue vigente. En contraste, Sheinbaum intentó desviar la discusión al gobierno de Felipe Calderón, cuando en su sexenio el fentanilo no era una prioridad para Estados Unidos. El crecimiento exponencial del crimen organizado bajo el gobierno de López Obrador le ha pasado factura a su sucesora.
Además, es incierto qué significa para Trump que "México demuestre que está haciendo su parte". El despliegue de 10 mil militares para "fortalecer la seguridad" es ambiguo. Si la medición se centrará en la reducción del tráfico de fentanilo, el gobierno mexicano ya ha tomado medidas, desmantelando laboratorios; si se trata de investigar la complicidad de políticos y militares con el narcotráfico, la militarización de la frontera es irrelevante. Una negociación real implicaría destapar la red de corrupción que vincula al crimen organizado con el poder político, lo que muy probablemente llegaría hasta el creador de la política de "abrazos, no balazos".
La militarización de la frontera solo podría resolver dos problemas: frenar el ingreso de armas ilegales y contener la migración. Sin embargo, las fuerzas armadas tienen control marítimo, terrestre y aéreo del país desde 2020 y el tráfico de armas sigue en aumento. En cuanto a la migración, México ha usado a los militares en la frontera sur desde 2019 para frenar el flujo de personas, con resultados en detenciones masivas, pero con graves violaciones a los derechos humanos y paradojicamente un incremento del crimen organizado y la violencia en Chiapas. El envío de más militares al norte sugiere una estrategia similar, alineada con la brutal política antimigrante de Trump.
A pesar de los discursos oficiales, el gobierno mexicano tampoco prioriza la dignidad de los migrantes. La permanencia en el cargo de Francisco Garduño, director del INAMI y responsable del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez donde murieron más de 40 migrantes, es prueba de ello. Como señaló Amnistía Internacional, esta tragedia es consecuencia directa de las políticas restrictivas y crueles compartidas por México y Estados Unidos.
Negociar con Estados Unidos en este contexto de violencia extrema, crisis humanitaria en la frontera y la acusación formal de que el narcotráfico tiene una "alianza intolerable" con el gobierno mexicano, solo fortalece la retórica de Trump y le da más herramientas para presionar económicamente a México. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)
Presidenta de Causa en Común
