En julio de 2025, en San Quintín, Baja California, una adolescente de 13 años fue asesinada por su novio, también menor de edad; su cuerpo fue desmembrado. Fue un feminicidio atroz cometido en el ámbito íntimo, sin mediación del crimen organizado; el agresor dijo haberse inspirado en una serie de televisión.
Ese hecho debería haber detonado una conversación nacional profunda, pero ocurrió lo de siempre: indignación momentánea, titulares breves y silencio posterior. Sucede así porque hemos normalizado la violencia, venga de donde venga.
El estudio Galería del Horror 2025, elaborado por Causa en Común (https://acortar.link/0cdFbG) a partir del seguimiento sistemático de hechos atroces reportados en medios de comunicación, documentó 4,783 actos de violencia extrema en el país: masacres, torturas, mutilaciones, asesinatos con mensajes de terror. Sin embargo, incluso ese registro —riguroso y constante— muestra solo una parte del problema porque lo que se publica no equivale a lo que ocurre. En amplias regiones del país no hay prensa libre; la violencia ahí no se registra, se padece en silencio.
El caso de San Quintín obliga a mirar más allá del guion conocido, no porque sea distinto al horror provocado por el crimen organizado, sino porque evidencia que la violencia extrema ya no necesita explicación criminal para ser tolerada socialmente.
Durante años explicamos la violencia como una consecuencia de disputas de los cárteles por el control territorial, economías ilegales o pugnas armadas. Esa explicación hoy es insuficiente. Hay atrocidades que no buscan dinero ni poder; buscan dominar, someter y destruir. Otras, como ésta, simplemente ocurren, como si la frontera entre lo impensable y lo posible se hubiera erosionado.
Lo que estamos viviendo es una degradación moral profunda de la sociedad mexicana.
Tenemos generaciones que han crecido rodeadas de violencia: en sus casas, en sus barrios, en la escuela, en las pantallas. Niñas, niños y adolescentes para quienes la violencia no es excepción, sino entorno. El sistema educativo ha sido incapaz de funcionar como contención y formación ética, porque fue abandonado frente a realidades que lo rebasan.
A esto se suma un sistema de salud sin una política pública para atender la salud psicológica de las víctimas y de las familias afectadas por la violencia. Además, programas de prevención diseñados desde el centro, desconectados de los contextos donde la violencia se gesta. No llegan a las personas violentas o, cuando llegan, no transforman nada porque no están hechos a la medida de trayectorias marcadas por el abandono y la normalización del daño.
Todo ocurre, además, bajo una impunidad casi total. El mensaje de “no pasa nada” no solo empodera al crimen organizado, deseduca a la sociedad entera. Cuando no hay consecuencias, la violencia deja de ser una transgresión y se convierte en una opción disponible.
El Estado mexicano ya no puede seguir ignorando las atrocidades. Cuando la violencia extrema aparece en relaciones íntimas, en hogares y entre adolescentes, lo que queda en evidencia es la ausencia del Estado como límite.
Las responsabilidades son claras. Un sistema educativo que renunció a formar ciudadanía, un sistema de salud que no atiende la salud mental, fiscalías que no investigan, jueces que no sancionan, y gobernantes que prefieren administrar el problema antes que enfrentarlo.
El caso de San Quintín, entre muchos otros que suceden a diario, no es una anomalía trágica. Es una advertencia. Muestra lo que ocurre cuando la violencia se vuelve un fenómeno social tolerado y el horror ya no necesita estructuras armadas para reproducirse.
Un país no se descompone de golpe. Se degrada cuando las atrocidades dejan de escandalizar y cuando el poder público renuncia a su responsabilidad central de proteger la vida y sostener los límites de lo tolerable. (Colaboró Nancy Angélica Canjura Luna).
Presidenta de Causa en Común