En México, la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto es de apenas 0.9%. De cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian y, de esos, apenas 14 llegan a resolverse. El resultado es que más del 99% de los delitos quedan impunes. Esto describe un sistema rebasado y abandonado, pero cómodo para administrar la impunidad y, cuando la impunidad es la regla, deja de ser un fracaso del Estado para convertirse en una decisión política.
Una primera explicación es atribuir esta realidad a la debilidad institucional, y en parte es cierta. Las fiscalías operan con déficits crónicos de personal, sin carreras profesionales sólidas, con policías de investigación mal pagados, peritos insuficientes y ministerios públicos saturados. La investigación criminal se improvisa, las carpetas se integran mal y los errores procesales son la norma. En esas condiciones, la impunidad no es una anomalía, es el resultado previsible de instituciones abandonadas.
Sin embargo, esa explicación es insuficiente, el sistema de justicia mexicano no está paralizado, funciona cuando conviene al poder. Se activa para fabricar culpables, enviar mensajes políticos o neutralizar adversarios, y se congela cuando los señalados forman parte del régimen. La persecución penal se ha convertido en un instrumento de control, no de legalidad. Así, la debilidad institucional convive con un uso selectivo de la justicia, castiga al débil, protege al aliado y garantiza que la impunidad no sea generalizada, sino estratégica.
Esta impunidad estructural no podría sostenerse sin la opacidad como elemento clave. El Índice Nacional de Transparencia del Sistema de Justicia 2025, elaborado por Causa en Común en alianza con Impunidad Cero y Perteneces (https://acortar.link/3bGeT6), es una radiografía descrita por las propias instituciones, confirmando que las fiscalías operan con graves déficits de información básica. No existen datos confiables sobre capacidades reales, cargas de trabajo, criterios de actuación ni resultados. En muchos casos, las autoridades simplemente dicen no saber cómo funcionan sus propias instituciones.
La falta de transparencia es el mecanismo que impide evaluar, comparar y exigir. Sin información pública, la ciudadanía no puede saber por qué no se investigan los delitos o por qué ciertos casos avanzan con rapidez. La opacidad vuelve a la impunidad invisible y, por tanto, políticamente rentable.
En ese contexto, los casos concretos dejan de ser excepciones. Por ejemplo, Francisco Garduño, responsable del Instituto Nacional de Migración cuando 42 personas migrantes murieron quemados bajo custodia del Estado en Ciudad Juárez, no enfrentó consecuencias penales, por el contrario, se reasignó a otro puesto en la Secretaría de Educación, como una especie de protección institucional; Alejandro Gertz Manero con el apoyo de Ernestina Godoy, utilizó la Fiscalía General de la República para vendettas personales, aun así fue enviado a la embajada del Reino Unido y la segunda, premiada con la Fiscalía General de la República. La red se completa con figuras como Gonzalo López Beltran, “Bobby”, quien fungió como supervisor honorario de las obras del Tren Interoceánico, pero tras el descarrilamiento Claudia Sheinbaum lo deslindó de responsabilidades o liderazgos como el de Adán Augusto López Hernández, señalado en investigaciones penales y periodísticas, pero que su poder sigue siendo factor en su partido. La conclusión es evidente: la justicia en México no es ciega, es selectiva.
La impunidad en México no es una falla del sistema, es el sistema. Funciona porque protege al poder, castiga selectivamente y se oculta tras la opacidad institucional. Mientras más del 99% de los delitos quedan sin castigo y las víctimas sin justicia, el mensaje es devastador: la ley no aplica por igual. No puede haber Estado de derecho ni paz donde la justicia es excepcional y la impunidad es la norma. Para combatirla se requiere reconstruir instituciones capaces de investigar, transparentar y rendir cuentas. Todo lo demás es administración del cinismo.
Presidenta de Causa en Común