Las históricas incautaciones de más de 70 millones de litros de hidrocarburos en apenas nueve meses contrastan con los 46 millones asegurados en todo el sexenio anterior. Estas cifras confirman que las investigaciones reveladas hace unos días son apenas la punta del iceberg de la corrupción institucional de 2018 a 2024.
El escándalo nada tiene que ver con huachicoleros que venden gasolina en bidones en las carreteras. Se trata de una red institucional dentro de la Secretaría de Marina, encabezada por funcionarios de alto rango, empresarios y servidores públicos de otras dependencias. La ordeña de ductos le cuesta al país unos 20 mil millones de pesos al año, pero el huachicol fiscal puede alcanzar 177 mil millones, casi diez veces más.
El martes 9 de septiembre, Claudia Sheinbaum inició el mayor golpe a la corrupción en años, con la detención de 14 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Junto con su hermano Fernando, prófugo, decidían contratos millonarios y ascensos dentro de la institución. El entramado no solo defraudó a México, también se vincula con asesinatos de quienes intentaron frenarlo, como el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que lo denunció. Como lo señala Héctor de Mauleón, “la cloaca apenas comienza a destaparse” y en los últimos días hemos conocido de otros crímenes vinculados al caso.
En este contexto, el nepotismo y la contradicción de Ojeda resultan inmorales. Lo probado es que entregó cargos clave a sus sobrinos, y éstos convirtieron su poder en plataforma de corrupción. A pesar de ello, Alejandro Gertz Manero asegura que Ojeda pidió investigarlos. Sin embargo, dando el beneficio de la duda si es que lo solicitó, ¿cómo explicar que después de denunciarlos ascendiera a uno de ellos de puesto? ¿O que el Fiscal lo exonerara al inicio de la investigación?
El huachicol fiscal no se hace con mangueras y bidones. Es un delito de cuello blanco para introducir grandes volúmenes de combustible sin pagar impuestos y venderlo en paralelo a Pemex. Requiere permisos de importación manipulados, facturas falsas, complicidad en aduanas y puertos, empresas fachada, transportistas y gasolineras dispuestas a comprar barato. Así, los recursos se escurren del sistema formal y desaparecen de las arcas públicas.
Esa red no pudo sostenerse sin protección desde arriba. Marinos en puestos estratégicos, como los sobrinos de Ojeda, facilitaron contratos y accesos. El Centro Nacional de Inteligencia bajo Audomaro Martínez guardó silencio. La Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López prefirió fortalecer las redes de protección y corrupción política de su grupo tabasqueño. La cereza en el pastel es el fiscal Gertz Manero, que lejos de judicializar el entramado criminal, terminó encubriéndolo. El huachicol fiscal exhibe una cadena de complicidades que asciende hasta las más altas esferas del poder.
¿Cómo es que ni Marina, ni el CNI, ni Segob ni la Fiscalía actuaron durante todo un sexenio? O peor aún: ¿quién ordenó que no actuaran? Lo cierto es que el discurso anticorrupción de López Obrador fue el escudo para corromper todo lo que tocó, incluso a la cúpula de la institución más prestigiada: la Marina.
Con el dinero que fue a parar a redes criminales se podrían haber construido 354 hospitales medianos, levantado 17,700 escuelas o financiado el tratamiento de 1.18 millones de niños con cáncer cada año. En lugar de eso, el dinero terminó en manos de funcionarios corruptos, empresarios cómplices y cárteles. Ese es el costo real del huachicol fiscal, no solo son recursos perdidos, son vidas y derechos arrebatados a los mexicanos.
Presidenta de Causa en Común
