Pasado el huracán Otis, la respuesta del gobierno ha sido caótica e indignante. Durante ma´s de 96 horas, los habitantes estuvieron incomunicados, sin acceso a servicios básicos como agua y luz y en una situación de peligro (que continúa) por la falta de control de la Policía frente a una población en crisis y con estrés post-traumático.
Los habitantes saquearon las tiendas, primero por el miedo de quedarse sin agua y alimentos y después, al ver que nadie los detenía, fueron por lo demás. Se apoderaron de comercios grandes y pequeños, se llevaron todo, desde refrigeradores, aunque se hubieran quedado sin casa o computadoras, aunque no supieran usarlas. Lo que no se llevaron lo destruyeron.
El gobierno estatal quedó borrado y se demostró que la Policía está mal pagada y mal preparada. A pesar de que en nómina son 4,346 elementos de la policía estatal y 1,470 en la municipal, en realidad la mayoría no trabaja en servicios de seguridad. Me lo expresó el exgobernador Ángel Aguirre Rivero sin un ápice de vergüenza, cuando le pregunté por qué muchos policías no tenían exámenes de Control de Confianza presentados, entonces me respondió que no lo hacían porque, aunque los contrataban como policías, trabajan en áreas de salubridad o limpia. La situación de entonces ha empeorado. Hoy solo 1,021 estatales y 785 municipales tienen exámenes presentados, es decir el 31%.
Respecto a la Guardia Nacional (GN) llegó tarde, como siempre. Además, existen dudas respecto al número de elementos enviados para controlar la situación. López Obrador señaló que envió 5 mil elementos de la GN más a Acapulco, pero varios reporteros que recorrieron el lugar atestiguaron que en realidad eran muy pocos. Ojalá esto sea porque están trabajando en el plan DNIII y no porque el mandatario mintió. Lo que es un hecho es que la labor de seguridad no la hace nadie y por eso los robos se multiplican, ahora en viviendas sin importar si son chozas o condominios de lujo.
Pero la violencia en Acapulco no es nueva, los homicidios se dispararon en 2006 cuando Félix Salgado Macedonio (papá de la actual gobernadora) era alcalde de Acapulco. Según las carpetas de investigación de la PGR, él hizo acuerdos con dos cárteles, el de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, desde entonces, los cárteles que se disputan Acapulco crecen, generando todo tipo de violencias. Se ha señalado también que la actual gobernadora tiene vínculos con la delincuencia. Lo perverso de esta situación es que el presidente lo sabe y tolera.
En base a la conflictividad guerrerense no se vislumbra que Acapulco vuelva a ser La Perla del Pacífico. Es más probable que se sumerja en una severa crisis social y de violencia o que se instale una paz narca. También que alguno de los cárteles les gane la partida a los otros y al gobierno federal y que aprovechen la situación para construir su base social. Este fenómeno está documentado al menos en 11 entidades incluido Guerrero, donde los cárteles distribuyeron despensas y regalos a los niños lo mismo en festividades que en tragedias.
El Plan de Reconstrucción y Apoyo que presentó el Presidente es insuficiente. Construir cuarteles no mejorará la seguridad, lo hemos visto a lo largo del país. El Plan no toma en cuenta que las instituciones de seguridad y justicia son inexistentes y que sin la colaboración social está destinado al fracaso. Para reconstruir Acapulco se requeriría primero estado de Derecho y una gran alianza entre el gobierno, empresarios y organizaciones civiles.
Cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa, la estrategia del hoy presidente fue que sus seguidores repitieran “Fue el Estado”; ahora toca que responda ¿dónde está el Estado? (Colaboró Luis Carlos Sánchez)
