En los últimos años la extorsión ha sido el delito de más rápido crecimiento y el que más afecta la economía familiar. Sin embargo, solo se denuncia el 0.2 % de los casos, es decir, apenas 20 de cada 10 mil extorsiones, según cifras del INEGI. Aun así, el gobierno ha decidido que su estrategia principal se centre en la denuncia.
María tiene 14 años y cada mañana vende nopales afuera del mercado municipal en Acapulco, Guerrero. Una vez por semana, pasa un criminal a cobrarle la cuota; luego María ayuda a su padre a vender cocos en la playa de La Condesa, donde otro grupo criminal también les exige “derecho de piso”. Han pasado más de cinco años desde que esto sucede, es un secreto a voces que todos los vendedores pagan, y que las autoridades les dicen que mejor paguen, para que no los maten.
Por miles de casos como éste, es una buena noticia que el secretario Omar García Harfuch haya presentado la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado martes. Ésta incluye esfuerzos federales y estatales, inteligencia financiera, operativos en cárceles, mecanismos de denuncia y campañas preventivas. Busca atacar el fenómeno desde múltiples frentes, con foco en las entidades que concentran el 66 % de los casos. Además, la Presidenta anunció que enviaría una iniciativa para que la extorsión sea delito que se persiga de oficio. Suena bien, pero su impacto tomará años.
La estrategia básicamente descansa en dos pilares: el número 089 para denunciar y la reactivación de las Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS). Sobre el primero, ¿cómo puede enfrentarse un delito que se basa en el miedo y el silencio? Apostar a que la gente llame al 089 -aunque sea de manera anónima- supone que confía en las autoridades, pero la mayoría no lo hace por temor a represalias, por desconfianza en las instituciones o porque ya ha sido maltratada antes.
El segundo, reactivar las UECS es un acierto. En su momento, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lograron reducir el secuestro a niveles mínimos. Sin embargo, durante el gobierno de López Obrador se abandonaron, y muchas bandas migraron a la extorsión. Hoy, este delito crece de forma exponencial tanto desde las cárceles como en las calles en la modalidad de “cobro por derecho de piso”.
Sin duda es un avance que decidieran enfrentar este crimen que lastima directamente a las familias. No obstante, el uso de inteligencia no debe depender de que la víctima denuncie, se requiere mapear redes de extorsión con análisis financiero, territorial y digital; detectar depósitos sospechosos, cadenas de cobro, patrones en llamadas y el uso de ciertos cajeros o aplicaciones. Lograr esto requiere mucho más que una línea telefónica, anunciar la activación de las UECS y una nueva ley.
Lo que si funcionaría sería la protección real y acompañamiento a las víctimas, fiscalías honestas que investiguen y policías que actúen con eficacia; una intervención territorial, proyectos sociales y económicos, espacios públicos que promuevan la convivencia pacífica; respaldar redes comunitarias de protección y denuncia segura; alianzas con tianguistas, transportistas, mercados y hoteleros para romper las cadenas del delito, con incentivos claros para quienes logren reducir los casos. Nada de esto es posible sin presupuesto extraordinario.
Presidenta de Causa en Común