Si este año tuviera que resumirse en una sola palabra, no sería “continuidad”, sería consolidación. La consolidación de un régimen que ya no disimula su desprecio por los contrapesos, que gobierna desde la impunidad y que ha decidido sustituir la democracia por el control político.
El golpe más grave fue la aprobación de la reforma judicial que dejó a México con un Poder Judicial cuestionado en su origen, debilitado en su función y condicionado en su futuro. Se abrió una grieta profunda en la certeza jurídica, en la protección de derechos y en la confianza mínima que requiere cualquier economía para invertir. Así, con un Poder Legislativo capturado mediante trampas electorales y un Judicial sometido, el mensaje es abierto: el poder ya no se equilibra, se acumula. Eso, en cualquier manual, se llama dictadura.
A pesar de ello, La presidenta no es una figura poderosa, porque el poder también despacha desde Tabasco; AMLO no se fue, hace unos días se dejó ver enviando una advertencia política, a la que la Presidenta respondió que “no existen escenarios de inestabilidad” que requieran su regreso. Sin embargo, durante el año ha dejado evidencia que desde ahí se toman decisiones clave y se administra la impunidad que hoy sostiene al régimen.
La alianza con las Fuerzas Armadas confirma la deriva. Lejos de un país más seguro, hoy tenemos unas Fuerzas Armadas más leales al régimen que al país, con funciones civiles, presupuestos crecientes y cero rendición de cuentas. La militarización no redujo la violencia, y lo más grave es que erosionó el control democrático.
La penetración del crimen organizado en la política nacional es central para entender lo que ocurre. El ejemplo más evidente tiene nombre propio: Adán Augusto López. Operador del régimen, recurrente en negociaciones de crisis e impunidades, y una figura que aparece una y otra vez cuando se habla de crimen organizado, del huachicol fiscal y de carpetas de investigación incómodas que el sistema se empeña en congelar. No por falta de elementos, sino por exceso de complicidades.
La Fiscalía fue pieza clave en este oscuro año. Alejandro Gertz Manero no fue un fiscal autónomo, fue un fiscal personalista. Su salida no significó un quiebre, sino una transición administrada; Ernestina Godoy llegó en fast track para garantizar continuidad, cerrar filas con el poder y mantener a la Fiscalía como instrumento político. Con jueces debilitados, el régimen decide quién es culpable y quién es intocable.
Mientras tanto, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana disminuye, las policías y fiscalías locales continúan debilitándose. La extorsión se multiplica, las cifras se maquillan y México sigue acumulando cuerpos sin nombre y nombres sin cuerpo. El asedio criminal se expande y la pérdida de gobernabilidad es cada día más evidente.
La impunidad no es un fallo del sistema, es el método de gobierno de Morena.
Entre lo poco rescatable del año está el fortalecimiento del equipo de Omar García Harfuch con perfiles técnicos, como en la Unidad de Inteligencia Financiera; y la colaboración binacional sobre huachicol y tráfico de armas. Esperemos funcione y ojalá que el gobierno de Estados Unidos y el de México entiendan que el apoyo también implica ayudar a reconstruir la soberanía que cedimos a los cárteles.
El partido en el gobierno en 2025 cerró el círculo, poder concentrado, justicia subordinada, Fuerzas Armadas politizadas y una Fiscalía al servicio del régimen; solo queda pendiente la reforma electoral. El problema ya no es si México retrocedió, el problema es cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de llamar a las cosas por su nombre.
Esta columna regresa el 10 de enero. Mientras tanto, les deseo muy felices fiestas y un 2026 con salud y muchas alegrías.
Presidenta de Causa en Común