A las madres buscadoras, a las familias buscadoras no les interesa el proyecto político de Morena o de cualquiera de nosotros; toda su fuerza está en la búsqueda de su familiar, la mayoría de ellos jóvenes. A las madres buscadoras nada les preocupa la imagen de cualquier político. El gobierno hace mal en atribuir a la oposición el reclamo genuino y humano de las madres buscadoras. Además, Morena debería aceptar que vivimos hoy de manera contundente las consecuencias de implementar una política de “abrazos y no balazos”. Debemos aceptarlo no sólo por respetar el dolor de las familias que viven la desaparición de sus miembros, sino que el Estado debe además asumir una elemental responsabilidad en todo esto.
En el artículo pasado mencioné la necesidad de nuevos protocolos, de una comisión en la Cámara de Diputados para que se aborden de manera permanente las desapariciones y para que trabajáramos entre todos los partidos políticos. Presentamos esa iniciativa junto con la de aumentar las penas en caso de reclutamiento de jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Por su parte la presidente anunció algunas buenas medidas para enfrentar el drama que vive nuestro país en torno a las desapariciones.
Anunciaron reformas a la Ley General de Población para fortalecer el Certificado Único de Registro de Población. Los diputados de Morena creen que es un nuevo certificado, pero no es así. Sólo han faltado a la tarea de hacerlo. Este certificado se hará con la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones creada el pasado noviembre de 2024.
Debemos estar atentos a la iniciativa que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Me da tranquilidad que lo hubiesen pospuesto el día de la presentación, porque significa que la están estudiando.
Otra propuesta fue fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que fue creado por Morena y que lleva prácticamente dos años sin hacer nada. También dicen que van a fortalecer la abandonada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, espero, reciba también un claro apoyo del gobierno.
Resalto ahora lo que vivimos la semana pasada en torno a Teuchitlán. Fue un desastre. Me refiero a la apertura del Rancho Izaguirre, aprobado por la fiscalía general, para que tanto los colectivos, los familiares y los medios entraran a visitarlo. Increíble que abrieran de esa manera las puertas: en completo desorden, a montones, sin distinguir entre madres buscadoras, líderes de organizaciones, amigos, periodistas y hasta metiches; abrieron las puertas para cientos de personas quienes, además, se dieron cuenta que ya no estaba ahí nada de lo que se había visto en los noticieros y en las redes sociales. Ya no encontraron los 400 pares de zapatos, ni la ropa, ni los escritos ni las fosas. En su lugar encontraron el vacío y tapas de concreto. Sin ninguna explicación, así nada más. La revictimización a todo lo que da, la imprudencia en toda su expresión y la frustración y tristeza que ello generó en las madres buscadoras nos obliga a preguntarnos ¿por qué no estaba preparado el gobierno para esto? Además, siguen sin escuchar a las víctimas.
Morena tiene todo el gobierno, casi todos los gobiernos estatales, más de mil municipios, casi todos los congresos locales, las mayorías calificadas (obtenidas indebidamente, pero las tienen) de las Cámaras de Diputados y del Senado. Ya llevan siete años y todavía pierden el tiempo en mencionar culpables del pasado, hacen un esfuerzo en la retórica de la mañanera para no asumir su responsabilidad.
Para colmo, con las leyes recién aprobadas por Morena sobre transparencia y acceso a la información han cerrado las puertas a las mismas transparencia e información que pretenden hacer accesibles. No habrá acceso elemental a los datos del gobierno, sólo cuando se decida por él o la titular de un órgano ahora- desconcentrado que depende de una Secretaría de Estado. No podremos entrar a los datos del gobierno, pero el gobierno, de acuerdo con la próxima ley de Seguridad Pública que se aprobará, podrá entrar a nuestro celular, a nuestras comunicaciones y hasta nuestras fotos cuando así lo quiera. Es inconstitucional, pero eso hace mucho que no les importa.
Diputada federal. @Mzavalagc
