Los congresistas de Morena, armados de su sobrerrepresentación artificial, están a punto de aprobar uno -otro más- de los actos más reprochables y perversos que se realizan desde el poder: violar los derechos humanos desde la Constitución. Lo hacen porque, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dejaron claro que el amparo no debe proceder contra reformas a nuestra ley fundamental. Así, el juicio de garantías no procederá contra la reforma al artículo 127 de la Constitución que, sobra decir, violenta el derecho humano de la no retroactividad en perjuicio de la persona, reconocido en el artículo 14 constitucional, así como en convenios internacionales.
Soy la primera en estar en contra del abuso, del verdadero abuso que se ha generado con pensiones millonarias. Hay pensiones verdaderamente ridículas, pensiones que no reflejan ni remotamente lo trabajado. Sin embargo, y debemos poner mucha atención en esto, lo que hoy se quiere aprobar es mucho más profundo que luchar contra dichas pensiones y el costo que significan o que va más allá de una mera venganza. Primero, porque no están todos los que deberían estar; segundo, porque la reforma contempla también a miles y miles de familias que no tenían pensiones exorbitantes y que, sin razón alguna, terminan colocadas en el mismo cajón. Y tercero, porque la forma en que se pretende hacer no es la correcta.
La iniciativa fue presentada por la Presidencia de la República al Senado el pasado 18 de febrero. Y la presentación vino acompañada de una campaña sobre las pensiones doradas que implicaban, en algunos de los casos y según sus datos, hasta un millón de pesos mensuales. El Senado aprobó la iniciativa pese a que ésta violaba un derecho humano. Los datos eran indignantes y, aunque hubo votos en contra en lo particular, se aceptó en lo general. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, en donde se discutirá mañana, martes 24 de marzo, en comisiones. Sin embargo, es necesario que hagamos algunas reflexiones.
- El principio de irretroactividad de la ley es un derecho humano y no es un mero dato técnico. Así. la iniciativa no debería pasar, por indignante que parezcan las pensiones asignadas. De entrada, estaríamos aceptando que se puede hacer en contra de las pensiones “normales” que reciben los trabajadores, pensiones que reflejan el trabajo de años. De hecho, en el caso de pensiones exorbitantes están también miles de pensiones que no lo son y que se convertirán en parte agraviada y despojada por esta iniciativa.
- Además, la iniciativa deja expresamente excluidos a otros servidores públicos, por ejemplo, el ministro Zaldívar seguirá recibiendo (según dicen) más de 700 mil pesos, pensión que nadie toca; nada más faltaba.
- El 11 de marzo, el Senado de la República votó a favor de la reforma, pero lo hizo con base en datos que habían sido difundidos “oficialmente” y que días después fueron corregidos.
- El 17 de marzo, el gobierno federal emitió un boletín con “precisiones”. Resulta que los montos publicados no fueron ciertos y que algunos, en lugar de ganar cerca del millón de pesos, tienen una pensión hasta siete veces menor que la del ministro Zaldívar, por dar solo un ejemplo.
- Con este boletín aclaratorio nos damos cuenta de que hay muchas personas a quienes pusieron en riesgo nada más por un tema propagandístico. Ahora son secuestrables y extorsionables. Además de que con dichos datos incorrectos se generó el voto a favor en el Senado.
Reitero que esta reforma será aplicable también a miles de familias, a miles de personas que, de un día para otro, son despojadas de su pensión. Y, por favor, no se imagine usted a alguien en un escritorio, ni en una Suburban; imagínese a alguien que estuvo durante décadas trabajando en una plataforma petrolera en la que tenía que permanecer más de quince días seguidos y que ahora tiene afecciones respiratorias, o trabajadores en centrales eléctricas; piense en mujeres que trabajaron más de 12 horas diarias durante más de veinte años.
En realidad, el Estado no obtendrá recursos de recortar las pensiones más altas, que son pocas, sino de las miles de personas que les siguen. A esas familias les estarán quitando, al menos, la mitad de su ingreso. Y lo grave también es el precedente. Si hoy se permite que, desde la Constitución, se eliminen derechos adquiridos con base en información imprecisa o incluso falsa, entonces ningún derecho está a salvo. Ni la pensión, ni el ahorro, ni el patrimonio.
Porque cuando el Estado decide que puede cambiar las reglas que aplican a los ciudadanos a mitad del camino, sin proceso alguno, bajo datos falsos cuando no equivocados, entonces, deja de ser garante de derechos para convertirse en la fuente de una incertidumbre que ya vivimos. Y en ese momento, la discusión deja de ser sobre pensiones “altas” o “bajas”, y se convierte en algo mucho más serio: la confianza para planear, para invertir y para vivir.
Diputada federal. @Mzavalagc