El caso de Cuauhtémoc Blanco implica más que una decisión legislativa lamentable, es una muestra de la manera de ser y de gobernar de Morena. Es un símbolo de cómo la impunidad puede protegerse desde el poder, incluso bajo gobiernos que se dicen “comprometidos” con la justicia. Es la expresión de la verticalidad de las decisiones y del hecho que las opiniones de las mujeres importan menos que las de los hombres. Primero fuimos convocadas todas las legisladoras, supongo que para que fuera evidente que éramos 251 y que con el voto sólo de nosotras se podría lograr el inicio de un proceso. Luego, las mismas diputadas morenistas callaron. Nos avisaron que habían pasado la aplanadora. Silencio absoluto. La segregación dentro de sus propias filas.

Increíble fue la actitud de las diputadas de Morena. Por momentos pensé que guardarían silencio y votarían a favor de tan infame resolución tratando de ser inadvertidas, sin decir nada. Pero no fue así. Optaron por la indignidad: cometieron la peor de las iniquidades de manera estridente. Subieron a tribuna para defender el desechar el inicio de un proceso de desafuero, no les importó que fuera una mujer la posible víctima de la violencia sexual. Conforme pasaba el tiempo, crecía el ánimo de defensa de la infame resolución de la comisión presidida por un partido del oficialismo y el discurso, así como la dignidad de toda una cámara, se degradaba cada vez más: aplaudieron, gritaron “no estás solo”, reclamaban a la oposición a gritos. Y, por si fuera poco, le abrieron paso a quien se le acusaba y le dieron la palabra sin que tuviera derecho a subir a tribuna. Para la víctima, nada hubo.

No se trató de una omisión técnica ni de un conflicto entre fueros y competencias. Se trató de una decisión política, consciente, que priorizó los intereses partidistas sobre el interés superior de la justicia. La decisión no fue darle o quitarle el fuero, sino que quedara claro que, cualquiera que sea la acusación, si la persona a investigar dio dinero o apoyó al jefe AMLO, no será tocado ni con el pétalo del inicio de una investigación. No me cansaré de decirlo: esto es lo que pasa cuando un partido o coalición obtiene una mayoría que no le fue concedida en las urnas.

La figura del fuero, originalmente concebida para proteger la función legislativa frente a presiones del Ejecutivo, ha sido degradada como escudo de impunidad. Lo sabíamos. Pero lo que resulta verdaderamente preocupante es la normalización de esa práctica por parte de quienes llegaron al poder prometiendo otra cosa.

Los partidarios de la Cuarta Transformación han repetido hasta el cansancio que su compromiso es con el pueblo y con la transparencia. Sin embargo, cuando la ley toca a uno de los suyos, la reacción es evasiva, titubeante o francamente protectora. La presidenta, al principio, minimizó el caso. Después, ante la presión social, pidió que el diputado compareciera voluntariamente. Pero mientras éste mantenga el fuero, el mensaje es claro: el sistema está diseñado para proteger al poderoso, no para respaldar a la víctima.

Esta contradicción no es menor. Se agrava cuando la vemos junto con otra ofensiva institucional: la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), un órgano autónomo que durante años garantizó nuestro derecho a saber. Porque si bien la impunidad lastima, lo hace aún más cuando se acompaña del silencio y la opacidad. Un país que no protege a las víctimas y que impide al ciudadano saber qué hacen sus gobernantes está dando pasos peligrosos hacia el autoritarismo.

Nos costó décadas construir una arquitectura institucional que nos permitiera transitar hacia una democracia con derechos. Tirarla en seis años no solo es un retroceso; es una forma de desmemoria democrática. Es olvidar cuántos abusos se cometieron en México precisamente porque no existían instituciones que vigilaran al poder.

México necesita instituciones fuertes, no mayorías ciegas. Y necesita, sobre todo, ciudadanos que no se conformen con discursos, sino que exijan verdad, justicia y rendición de cuentas.

Diputada federal. @Mzavalagc

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