Un narco-estado es el país donde el narcotráfico no sólo existe, sino que tiene una influencia profunda y estructural dentro del Estado. No se trata simplemente de un país con alto nivel de tráfico de drogas u otras actividades ilegales. La diferencia clave, entre muchas otras, es que funcionarios públicos colaboran activamente con organizaciones criminales. El financiamiento político electoral proviene en parte de redes ilícitas y las instituciones dejan de investigar hechos relacionados con actividades criminales fomentando la corrupción e impunidad.
Las escandalosas revelaciones del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra plasmadas en el libro escrito por el periodista Jorge Fernández Menéndez “Ni Venganza, ni Perdón”, exhibe en uno de sus capítulos el andamiaje del gobierno de López Obrador y su estructura sobre un presunto pacto con el crimen organizado. Donde el poder político no sólo toleró actividades ilícitas, sino que dependió de ellas para sostenerse transformando la lógica misma del ejercicio de gobierno. Un Estado criminal paralelo con un sistema alternativo de poder ejerciendo control real sobre territorios, economías huachicoleras y poblaciones.
Complementariamente esta captura del Estado permite entender el fenómeno en términos más estructurales. No se trata únicamente de corrupción individual sino de una influencia sistemática sobre leyes, políticas públicas y decisiones institucionales. Cuando actores criminales logran moldear el marco legal, el Estado comienza a responder a redes privadas de poder: Las reglas del juego se diseñan o distorsionan para beneficio de quienes controlan los recursos ilícitos.
En contextos como el actual donde la relación bilateral se ha tensionado por la presión estadounidense hacia el gobierno mexicano por su “intolerable colusión con organizaciones delictivas”, ambos fenómenos convergen —narco-estado y captura del Estado— mostrando que el vínculo entre gobierno y crimen organizado no es accidental ni marginal, sino constitutivo del orden político.
Los señalamientos que ya prendieron el ventilador de la hidra político criminal se suman a las acusaciones del Departamento del Tesoro (FinCen) sobre lavado de dinero del exjefe de Oficina de López Obrador y su casa de bolsa Vector. Las pruebas documentadas engrosan el rosario de la cacareada transformación; Tabasco y su Barredora, Sinaloa y su descomposición desde la captura del capo Zambada. El punto de inflexión en Tequila y la peligrosa implosión de la burbuja Morena que hiede y amenaza con destapar una caja de Pandora para el joven régimen. La violencia imparable, el horror en desapariciones y asesinatos, el peligroso filo en la economía, la incertidumbre jurídica y sus efectos colaterales, hundiendo esfuerzos por tranquilizar a socios estratégicos en la nueva coyuntura geopolítica.
La estructura de poder cruje, el poder presidencial deja de parecer sólido y revela sus grietas; alianzas que se rompen, silencios que se vuelven denuncias y estructuras que antes parecían intocables entran en tensión.
El gobierno de Sheinbaum transita en un momento de riesgo ambiguo donde surge una posibilidad—incierta y frágil—de que nuevas reglas redefinan quién manda y para quién funciona realmente el Estado.
@GomezZalce