El término soberanía ha sido usado en múltiples ocasiones en la presente administración y por supuesto, en el sexenio pasado. Cuando Sheinbaum utiliza la palabra “soberanía”, lo hace principalmente en el discurso público y diplomático para subrayar que México toma decisiones de forma independiente, sin subordinación a intereses extranjeros. Este énfasis tiene una fuerte carga simbólica e histórica dado el pasado de intervenciones estadounidenses y la sensibilidad nacional al respecto.
Sin embargo, los últimos meses la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos se ha vuelto herramienta de presión y coerción por parte del segundo.
Esto ha sido posible por el desastre sexenal de la transformación en materia de seguridad y el caos en el que están sumidas regiones enteras del país gracias a los abrazos y la evidente colusión de las más altas autoridades con el crimen organizado.
El gobierno de Sheinbaum está atrapado en una contradicción importante a raíz de la captura-entrega a Estados Unidos del delincuente “Mayo” Zambada, cabeza del cártel sinaloense y actor principal en la vasta red nacional de vínculos políticos-criminales.
La caja morena de Pandora se abrió y las irrefutables pruebas muestran quién manda aquí, la dimensión de la corrupción y la pesadilla para millones de mexicanos que enfrentan el cuadro dantesco de violencia diaria.
No es suficiente una estrategia de seguridad basada en el uso legítimo de la fuerza y con las herramientas que el gobierno de Donald Trump ha entregado a las autoridades mexicanas.
Los datos de inteligencia que les han sido proporcionados y la estrecha cooperación militar entre ambos países han sido vitales para el éxito en la captura de objetivos prioritarios generadores de violencia.
Los resultados están a la vista así como la omisión y permisividad de haber empoderado a las organizaciones criminales durante la administración pasada del ausente cada vez más presente.
No hay narrativa que ataje el poder de los líderes del narco en regiones enteras de México.
Ejemplos sobran y el último botón exhibido en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que durante horas estuvieron bajo fuego criminal, son una muestra de su fuerza y coordinación.
Hacer maromas mañaneras de relatos inverosímiles no alcanza para distraer del nudo gordiano en el que se encuentra la presente administración.
La corrupción estructural que subyace en el Estado mexicano no parece tener solución por los medios convencionales. Una gran parte de la clase política —sin importar colores partidistas— está involucrada en actos de corrupción y negocios con los cárteles. Este diagnóstico no sorprende y es eje estratégico de la agenda del inquilino de la Casa Blanca que sortea aguas geopolíticas agitadas gracias a sus arrebatos arancelarios.
La pinza para la captura total del Estado mexicano sucede cuando los cárteles dejan de ser sólo actores criminales y se convierten en actores políticos al tener injerencia sobre decisiones de gobierno; y esto es una realidad.
El último tramo está en la vía judicial con la elección abierta de jueces y ministros sin filtros rigurosos. La misma representa un altísimo riesgo en contextos donde el crimen organizado tiene poder territorial, político y económico.
Y es, en pocas palabras, la puerta directa del crimen organizado al Estado de derecho.
@GomezZalce