La relación entre protesta y política es profunda y compleja, ya que ambas son formas de acción social y expresión del poder ciudadano. Cuando las personas sienten que sus demandas no son escuchadas a través de los canales tradicionales recurren a la protesta como una vía de participación política no institucional. Las protestas reconfiguran el espacio político abriendo debates sobre temas ignorados, simulados o marginales.
La protesta representa el derecho a disentir y a exigir transformaciones cuando los canales formales son cerrados, bloqueados o insuficientes.
Sin embargo, la fisura entre protesta y política se revela cuando la conexión entre la ciudadanía movilizada y las instituciones políticas se rompe o debilita. Es entonces cuando se actúa desde la emoción, la urgencia y la colectividad.
Esa fisura es, en última instancia, el síntoma de una crisis democrática.
Los imperdonables hechos ocurridos el pasado 2 de octubre donde una runfla de vándalos profesionales y criminales —sin ser debidamente encapsulados con anticipación para prevenir el caos de un operativo fallido— arremetieron contra la policía de la Ciudad de México dibujan el agotamiento transformador de esos abrazos y la inadmisible tolerancia del gobierno para defender su manto de “no represión”. La violencia se está gestando en los márgenes del descontento y se transforma en acción destructiva.
El uso legítimo de la fuerza es el derecho exclusivo del Estado a emplear medios coercitivos —por ejemplo, las policías o los militares— para mantener el orden, proteger la vida, la propiedad y los derechos de las personas. Se considera legítimo porque persigue el fin de proteger la seguridad ciudadana o evitar delitos y se ejerce con proporcionalidad y control; dispersar, controlar una manifestación violenta para evitar daños graves o agresiones a terceros.
En ese sentido se preserva el orden democrático y se defiende la convivencia civil. La represión se caracteriza por ser desproporcionada, arbitraria y excesiva violentando los derechos fundamentales produciendo miedo y sumisión.
Sorprende que, ante la clarísima diferencia de términos en el gobierno capitalino naden en el fango de las justificaciones pedestres por un saldo de casi CIEN policías heridos, humillados y agredidos mientras soportaban la violencia del Bloque Negro cuyos actos beligerantes y de abierto saqueo a negocios, cuentan con garantía de impunidad.
El precedente es de alto riesgo: La violencia contra la autoridad es aceptable y/o no tiene costo rompiendo el principio de autoridad legítima. Es entonces cuando el gobierno pierde autoridad simbólica y práctica. Hay un impacto psicológico e institucional. Una fuerza del orden desmoralizada, resentida y confundida no puede garantizar la seguridad ciudadana de manera profesional.
La falla en una hoja estratégica operativa y de labores de inteligencia —en una ciudad con más de 80 mil cámaras— para dar con los responsables de inmediato, aplicar la ley y atajar la impunidad, engendra semillas de peligrosa duda. ¿Esos sujetos son afines a algún grupo del régimen de Morena coludido con la delincuencia? ¿Los grupos violentos actuarán con más confianza a sabiendas que el gobierno no actuará? ¿Quién mueve esa cuna morena de tolerancia?
La gestación del huevo moreno de la serpiente no está dimensionada.
¿O sí?
@GomezZalce
