El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señala la necesidad de actuar contra los cárteles de la droga, y en términos muy recientes lo ha hecho contra el denominado “Cártel de los Soles”. Ha advertido también acciones en otras naciones donde hay relevante presencia de grupos dedicados al tráfico de estupefacientes, entre estas México.
Cuando hablamos de narcotráfico, además de pensar en la gran importancia que tiene ese sensible tema para nuestro país —porque aquí producimos, comercializamos y utilizamos todo tipo de drogas, tanto básicas como de diseño—, estamos al tanto de lo que ocurre, y es un tema recurrente en la región.
Desde hace varias décadas se menciona la producción y venta de drogas en diversas zonas del continente americano, desde mariguana, cocaína, metanfetaminas, derivado de opio, y en años más recientes las drogas de diseño, entre las que destaca el fentanilo. A estas actividades se dedican los cárteles del crimen organizado, cuyos nombres, por cierto, son por todos conocidos.
Abarcan territorios desde el norte hasta Centroamérica, las Antillas y buena parte del sur del continente. Participan diversos grupos delincuenciales que obtienen grandes cantidades de dinero. Hablamos de cárteles de primer nivel que van abriendo camino a otras agrupaciones que hoy se cuentan por decenas y centenas, y los podemos identificar en diversas zonas.
En México, tenemos conocimiento desde hace tiempo sobre la existencia y operación a gran escala, de grupos criminales, y ante ello nos hacemos la pregunta, ¿Qué resultados concretos se han obtenido? ¿Qué logros existen en la lucha contra ellos?
En la Ciudad de México se mantiene una importante presencia de estos grupos del crimen organizado y organizaciones delictivas locales que se conectan con grandes cárteles de acción transnacional y en diversas latitudes.
En esta urbe se ha detectado su operación en alcaldías como: Cuauhtémoc, Tláhuac, Milpa Alta; y a nivel nacional, en Estados como: Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, entre otros.
La DEA (Agencia federal de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos), ha clasificado como grupos terroristas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste, La Familia y la Nueva Familia Michoacana; Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.
México atraviesa una situación crítica de seguridad en relación con esas agrupaciones. En las dos últimas décadas, las acciones gubernamentales emprendidas en nuestro país no han funcionado debidamente y las estructuras criminales que aquí operan continúan su evolución. Se exige en consecuencia que la acción policial sea indispensable. Debe ser proactiva, y no solo reaccionar ante lo observado con resultados inciertos.
¿Qué nos ha impedido la implementación efectiva de la inteligencia para enfrentar la inseguridad en el país? Primero, la desconfianza institucional que se traduce en uno de los desafíos más críticos, por la vulnerabilidad y la corrupción dentro de las instituciones. Segundo, la efectiva ubicación de organizaciones criminales que siguen actuando e incrementando su capacidad económica, situación que conlleva severos riesgos para las instituciones y la seguridad.
Debemos reconocer la persistencia del recelo que se observa en las propias fuerzas armadas, que les impide compartir operaciones y resultados con las policías municipales, estatales, la Guardia Nacional, y qué decir, con las agencias extranjeras.
No observamos coordinación, ni intercambio de datos, ni el establecimiento de procesos para compartir institucionalmente la inteligencia y propiciar un eficiente combate a la inseguridad.
Infortunadamente, y a diferencia de países con servicios de inteligencia muy estructurados, México se reinventa cada sexenio. Cada nueva administración tiende a modificar los cuerpos policiales existentes para integrar nuevos con diferentes denominaciones y con carencia de procesos y seguimientos.
Los datos que la inteligencia proporciona a la institución policial deben permitir ubicar acciones delincuenciales, sin embargo, la falta de la solidez que exige el debido proceso impide la aportación de las pruebas necesarias para actuar en los términos jurídicos que cada caso exige.
En México los grupos criminales usan tecnologías avanzadas, en materia de comunicación y de contrainteligencia. Lamentablemente, el uso de la tecnología en ocasiones ha sido empleado para otros fines. El Estado mexicano ha invertido en tecnologías de intercepción de comunicaciones, como el denominado sistema “Pegasus”, software que, desde hace varios años, algunos grupos de gobierno usaron contra sus adversarios políticos en lugar del combate a la criminalidad.
En nuestro país el Gabinete es encabezado por la titular del Ejecutivo Federal y coordinado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la participación de SEGOB, Defensa, SEMAR, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Fiscalía General de la República (FGR). Son estas instancias las encargadas de analizar las acciones en materia de seguridad e inteligencia.
El tema de inteligencia policial es altamente complejo. Hay que transitar hacia una política de Estado y no del gobierno en turno. Debemos blindar las acciones de inteligencia de cualquier movimiento político.
Para ello se hace indispensable que las policías locales y municipales se robustezcan; que se consoliden las áreas de inteligencia. Las fuerzas federales de inteligencia deben convertirse en la célula central y estratégica de operación, contención o mitigación y coordinación de daños.
Podemos asegurar que, hasta el sexenio anterior, sabiendo la diversidad de grupos institucionales con áreas dedicadas a la inteligencia, y en conjunto los miles de personas dedicadas a estas acciones distribuidas en toda la República, no vemos los resultados elementales para enfrentar a la delincuencia organizada, por el contrario, esos grupos han crecido día con día, en detrimento de la seguridad que el Estado mexicano está obligado a brindar a toda la sociedad y a todas las comunidades.
Ex Comisionado Nacional de Seguridad y ex Comisionado Nacional Contra las Adicciones