El artículo 1ro. constitucional sostiene que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el estado mexicano ha suscrito; señala que las normas relativas a DH deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (el principio pro-persona).
También nos dice que todas las autoridades tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad y progresividad entre otros.
Finalmente prohíbe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y menoscabe derechos y libertades de las personas.
En los últimos 7 años, Morena ha pisoteado un sinfín de derechos humanos para beneficiar al gobierno en prejuicio del ciudadano, atentando contra los principios propersona y progresividad. Uno obliga a que se favorezca a la persona la protección mas amplia de sus DH y el otro obliga a que los DH deben ampliarse y no restringirse.
Con la desaparición del INAI se atentó contra el derecho humano a la información contenido en el artículo 19 de la declaración universal de la ONU en su vertiente de acceso a la información pública, este derecho involucionó en lugar de ampliarse.
Hoy los mexicanos tenemos menos acceso a la información pública. El principio de publicidad de la información sostiene que por regla general la información pública debe ser pública.
Con la reforma judicial de Morena, el poder judicial federal dejó de ser un poder y se convirtió en una oficialía del Ejecutivo. La elección popular del poder judicial prostituyó la justicia porque los juzgadores no deben ser representantes del pueblo sino protectores y garantes del estado de derecho, la Constitución, y los Derechos Humanos.
La protección de la constitucionalidad y de los DH requiere de conocimientos especiales y exige de los juzgadores imparcialidad e independencia de criterio. La lealtad al partido gobernante y al Presidente es un acto degradante de la tarea judicial.
Hoy la justicia mexicana se ha contaminado de la política. La reforma atenta contra los artículos 7, 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto a la igualdad ante la ley, la no discriminación, el derecho a un recurso efectivo ante tribunales, contra la arbitrariedad, el derecho a la presunción de inocencia y a la legítima defensa ante tribunales independientes e imparciales, etc.
La reforma a la ley de amparo viola igualmente derechos humanos y atenta contra el principio propersona y de progresividad. Los derechos del individuo no fueron ampliados sino restringidos.
Desde la mañanera se ha violentado el derecho al honor de los ciudadanos contenido en el articulo 12 de la mencionada Declaración de la ONU y se ha perseguido injustamente a quienes piensan diferente. Se ha reprimido con abuso de poder a quienes han ejercido su libertad de expresión criticando y disintiendo del grupo gobernante, violando así los Derechos Humanos consagrados en los artículos 18 y 19 de la mencionada Declaración Universal.
Hoy Morena continúa con su violación sistemática a los derechos humanos, ya que su reforma electoral propuesta atenta contra el derecho humano de participación política contenido en el artículo 21 de la Declaración Universal, buscando un pleno control del sistema electoral y de la participación política deteriorando la incipiente democracia mexicana.