Al hablar de una iniciativa de ley electoral debemos preguntarnos ¿para qué?, ¿qué se pretende lograr con la propuesta? Debemos ver si los motivos y los objetivos planteados son válidos y constitucionales, y solo así revisar si la propuesta logra lo que dice quiere lograr.
El análisis debemos enmarcarlo en el artículo primero de nuestra Constitución que a la letra dice: “Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán… favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia… Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad y progresividad”.
Igualmente el proyecto debe referenciarse con el derecho humano de participación política contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Derivado de lo anterior, la única razón válida para una reforma electoral es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos políticos de los mexicanos ampliándolos con apego al principio de progresividad.
¿La propuesta de la presidenta Sheinbaum favorece a los ciudadanos la protección mas amplia? ¿Se garantiza la oportunidad real y efectiva de los ciudadanos de poder ejercer sus derechos políticos? ¿Se puede votar y ser elegido en elecciones auténticas en condiciones generales de igualdad que garanticen la libre expresión de la voluntad popular?
¿De quién son los derechos políticos? Si estos son derechos humanos, los derechos políticos son de los ciudadanos quienes pueden ejercerlos a través de un partido político o por vía independiente, y para ello debe existir un mínimo de condiciones de equidad y la oportunidad de poder ejercerlos.
Está demostrado en la historia que cuando el gobierno y el partido en el poder se erigen en juez supremo de los resultados electorales y de la organización de los comicios, estos no pueden ser imparciales.
La propuesta morenista de eliminar la representación legislativa plurinominal genera en automático una sobrerrepresentación de las mayorías en menoscabo de lo que las minorías ya tienen y que lo único valido es expandir y garantizar el derecho a dicha representación y no reducirla como lo pretende la Presidenta.
En lo que respecta al financiamiento a partidos, si bien en el pasado propuse una reducción para el gasto ordinario, hoy no hay condiciones para reducir el financiamiento público a los partidos políticos sin que se afecte la equidad en las contiendas electorales, porque ya está demostrado que Morena son “los reyes del cash” en el financiamiento electoral con el uso ilícito de recursos a través de factureras, huachicol fiscal y del crimen organizado.
Hasta donde sabemos, la iniciativa que presentará la presidenta Sheinbaum no busca ampliar los derechos políticos de los ciudadanos, no pretende mayor equidad electoral ni de representación, no pretende ahorrar recursos públicos ni trasparentar el financiamiento de partidos y electoral, la Presidenta y su partido Morena solo buscan abusar del poder para garantizar más poder.