Termina la semana con dos asuntos mediáticamente relevantes. Muy mala semana ha sido para los integrantes de la Suprema Corte por haber decidido la compra de 9 unidades blindadas Grand Cherokee y en particular mala para el ministro presidente Hugo Aguilar, quien termina diciendo que él no tiene problemas para circular porque incluso lo haría en Metro.
El fundamento de la decisión para comprar esas camionetas es que las que dejaron los anteriores ministros, o estaban gastadas o se las llevaron como parte de una prestación de retiro de la función. Y no dejó de lado las discusiones importantes que se dan en la corte y que pueden poner en riesgo la seguridad de los actuales ministros. Perdón, pero ¿a cuál se refieren en particular? Así a vuelo de pájaro no hay una discusión o determinación que hayan tomado desde septiembre pasado cuando comenzaron su función en la que hayan arriesgado el huipil o la guayabera o una de las carísimas togas que compraron. Es puro cuento.
Precisamente las críticas que se le han hecho a esta corte es que la mayor parte de los fallos “relevantes” —que no fallos peligrosos o con temas delicados que han dado— los han hecho en favor de la 4T.
Mala semana y mala decisión también la que tomó la presidenta Sheinbaum al intentar salir a defender con la vieja cantaleta de que los de atrás, los que ya se fueron, tenían una serie de beneficios de alto nivel. Ajá, y dónde estaban, como dicen ellos, todos esos chairos cuando estos ministros decidieron comprar camionetas de más de 2 millones de pesos cada una. ¿Nadie se inconformó? ¿Nadie pidió un auto menos oneroso?, ¿nadie pidió “cuidar” los recursos del pueblo? Claro que no, porque esta generación de políticos en el gobierno y también en el área judicial están felices en el poder y en el uso de recursos públicos. Qué mal que así haya comenzado el 2026 para un poder “nuevo” porque además de ser la Corte del acordeón será la Corte de los ministros adinerados. ¡Llegar en metro a la SCJN, bah!
El otro tema de la semana en materia política es sin duda el primer informe sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico del 28 de diciembre pasado. Justo a un día de cumplir un mes de los hechos, la fiscal general Ernestina Godoy dio sustancialmente dos datos. La obra (máquinas, vías, balastros, construcción) no tuvieron que ver en el descarrilamiento. Y dos, la responsabilidad de por lo pronto 3 personas en la conducción de la locomotora que excedió, así sea en 15 kilómetros por hora, el límite de velocidad de la curva en donde salió el tren de la vía. Claro, y la conducta del maquinista que venía conduciendo a alta velocidad en diferentes tramos previos al impacto y nadie le pidió que se moderara. Y luego salieron con que estas personas no contaban con licencia vigente. Como si eso les quitara la capacidad aprendida para operar el tren, por un lado y por el otro, ¿quién supervisa esas cosas en un tren de Estado?
No sorprende que, en este tren usado, viejo, no se cuente con un sistema regulador de velocidad o una alarma que mínimo indique que se ha excedido el límite de velocidad. Pero de eso, ni una palabra de la fiscal.
Nada de la responsabilidad de la pasada administración, la de López ni la de su hijo que era una especie de garante “moral”, hágame el favor viniendo de esa familia, de que la obra se hizo bien.
Háganle como quieran, pero los 14 muertos de ese tren son muertos cortesía del estado mexicano. Sí, el Estado los mató.
Periodista. @ConFeregrino