Comprar una vivienda es un sueño cada vez más lejano para la mayoría de la población en general y para los trabajadores, en lo particular, tanto del sector privado como del público, pues las percepciones salariales no van al parejo con los altos costos de departamento o casas habitacionales. Es una realidad sobre la que se debe trabajar con la implementación de verdaderos programas habitacionales donde estén involucrados autoridades e iniciativa privada, así como investigadores y académicos, pues representa un grave problema social.
A escala nacional, el precio promedio de una vivienda es de 1.7 millones de pesos, de acuerdo con estadísticas recientes; sin embargo, hay que considerar que esta cifra considera el valor de viviendas en entidades federativas donde aún hay opciones económicas en este rubro, como Guerrero, Michoacán o Zacatecas, pero en las zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Monterrey, el precio de la vivienda es mucho muy superior, prácticamente inalcanzable para la clase trabajadora.
Los datos duros establecen que en la capital del país el precio de la vivienda media ronda en dos millones de pesos, pero en la residencial es de cuatro millones o más, por lo que la mensualidad de una hipoteca de ese nivel cercano a los 40 mil pesos. Es decir, se requieren ingresos de alrededor de tres veces esa cantidad, o sea un ingreso promedio de 100 mil a 120 mil pesos mensuales.
En 2024 el salario promedio de los trabajadores asegurados ante el IMSS fue de 17 mil 462 pesos mensuales, es decir no existen ni siquiera posibilidades remotas para adquirir una vivienda de dos millones de pesos y más para quienes ganan el salario mínimo promedio, que equivale a 8 mil 364 pesos mensuales.
Estamos ante una verdadera urgencia social, en tanto que el acceso a la vivienda es un derecho establecido constitucionalmente, pero que en los hechos ha quedado en letra muerta. Pensamos que se debe implementar una verdadera reestructuración de los actuales programas de dotación de vivienda para los trabajadores, que implique cambios profundos en la manera de otorgar créditos hipotecarios y sus montos, que permita a los trabajadores tener accesibilidad a un modelo habitacional más equitativo que combine justicia social, sostenibilidad y desarrollo económico. Pasar de la letra constitucional a una realidad tangible para millones de trabajadores y sus familias que han sido excluidos de este derecho por cuestiones meramente especulativas y de mercado donde las ganancias han sido para muy pocos.
Es momento para reflexionar sobre el papel de las políticas públicas en la construcción de un país más justo y equitativo en el cumplimiento de los derechos de la clase trabajadora y el fortalecimiento de la solidaridad social. Transformar el acceso a la vivienda digna para los trabajadores no solo será un logro histórico sino un acto de justicia para el grueso de la población del país.
Hasta la próxima.
