Mientras el gobierno mexicano enfrenta el desafío de los aranceles trumpistas, hay otro proceso que no puede pasarse por alto: el 1 de junio se llevará a cabo la elección judicial que definirá el futuro del Poder Judicial en México.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la lista de candidaturas es amplia: 64 aspirantes. Sin embargo, las posibilidades de que el máximo tribunal quede en manos de perfiles afines a Morena son elevadas. Hay nombres que prácticamente tienen su lugar asegurado: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. De los nueve asientos en disputa, estas tres vacantes ya están amarradas, quedando seis más en juego.
Fuentes cercanas a legisladores y a la presidencia afirman que la elección de estas seis vacantes es una mera formalidad: serán repartidas entre el ejecutivo y el legislativo, con tres designaciones para cada uno. Aún no se han decidido los nombres definitivos, pero la dinámica es clara.
Lo que sí está definido es que la conformación de la Suprema Corte tendrá un sesgo oficialista. Si el legislativo y el ejecutivo han normalizado la violencia, minimizado la inseguridad y negado la penetración del crimen organizado en la política, ¿qué postura tomará la nueva Corte, magistrados y jueces electos ante estos temas?
Entre los nombres en la baraja están Olivia Aguirre Bonilla, Fabiana Estrada Tena, Estela Fuentes Jiménez, Irma Guadalupe García Mendoza, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Rosa Elena González Tirado, Alma Delia González Centeno, Sara Irene Herrerías Guerra, Ana María Ibarra Olguín, Lorena Josefina Pérez Romo, María Estela Ríos González, Margarita Darlene Rojas Olvera, Natalia Téllez Torres Orozco, Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, Luz María Zarza Delgado, Arely Reyes Terán, Federico Anaya Gallardo, Lutgarda Madrigal Valdez, Eduardo Santillán Pérez, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, Hugo Aguilar Ortíz y Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Muchos nombres con trayectoria en la impartición de justicia, pero con vínculos innegables con el oficialismo.
Ahora bien, la mayor preocupación respecto a la independencia judicial no solo radica en su alineación con el gobierno en turno, sino en la creciente influencia del crimen organizado en la política y las instituciones del país. La intervención de estos grupos en el proceso electoral de 2024 fue alarmante y se tradujo en un número sin precedentes de asesinatos y amenazas contra candidatos de todos los partidos.
El proceso electoral 2024 estuvo marcado por la violencia: al menos 60 políticos fueron asesinados durante las campañas electorales.
La creciente injerencia del crimen organizado en el ámbito político es una amenaza en sí misma, independientemente de las afinidades de ciertos perfiles judiciales con el oficialismo. La pregunta central es: ¿cómo garantizar un Poder Judicial que no responda ni a intereses partidistas ni a presiones criminales?
Hay perfiles técnicamente capacitados, sí. Pero la cuestión fundamental no es su competencia técnica, sino su autonomía. Palacio Nacional ha tomado nota de la falta de pericia de Lenia Batres, y es posible que busque evitar repetir el error.
Si el 1 de junio se confirma que el reparto fue un hecho, quedará claro que el Poder Judicial ha dejado de ser un contrapeso y se ha convertido en un engranaje más del poder. Y en un país donde el crimen organizado ya decide elecciones, ¿quién nos asegura que no empezará a decidir sentencias?
Ahora que el gobierno de Estados Unidos ha puesto la mira en los vínculos entre el crimen organizado y la política mexicana, tendría que observar con menos indiferencia esta elección que abrirá huecos peligrosos en el ya debilitado sistema de justicia. La pregunta no es si habrá sumisión, sino hacia quién.
@MaiteAzuela
