Sedatu: desarrollo en corrupción e inoperancia

La Sedatu aprendió a sobrevivir lejos de los reflectores. Su bajo perfil le ha resultado funcional. Mientras otras dependencias concentran los escándalos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acumula denuncias, funcionarios cuestionados, obras inconclusas y costos inexplicables sin ocupar demasiado espacio en la conversación pública. Aquí se ha presentado ya suficiente evidencia para mirar con atención lo que ocurre bajo la gestión de Edna Elena Vega Rangel.

La secretaria ha permitido que dos personajes concentren buena parte del poder dentro de la dependencia: la subsecretaria Griselda Martínez y Alonso Cacho, jefe de oficina de la propia Vega. Los dos acumulan señalamientos desde la administración de Román Meyer. El cambio de gobierno pudo marcar distancia con ellos. Edna Vega tomó otra decisión: los mantuvo y los premió con posiciones superiores.

Las denuncias permiten seguir el rastro de ese poder. En el área jurídica, encabezada por Alma González, opera un esquema señalado reiteradamente alrededor de la Dirección de Consulta y Pago de Predios. El mecanismo no requiere demasiada imaginación: el trámite avanza con moche y se empantana sin él. El ciudadano paga para conseguir que el gobierno haga aquello que ya está obligado a hacer.

El Registro Agrario Nacional reproduce prácticas similares. Las delegaciones de Puebla y Veracruz acumulan denuncias por cobros para agilizar trámites. Los señalamientos llegan incluso a la venta de “fichas” para atender a ejidatarios. Quien paga avanza. Quien no paga espera. Los funcionarios señalados tanto en el jurídico de la Sedatu como en el RAN comparten además una característica: pertenecen al grupo de Griselda Martínez.

Alonso Cacho conoció estas denuncias. Su oficina recibió información sobre las presuntas extorsiones y no las frenó. Cacho enfrenta además denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntamente operar una red que controla contrataciones y recursos en beneficio de empresas a modo. Al interior de la Sedatu se ostenta como operador político de la secretaria y extiende su influencia sobre distintas áreas. Mucho poder acumulado en una sola oficina. Mucha tolerancia desde el despacho de arriba.

El Archivo General Agrario ofrece otra radiografía del funcionamiento de la dependencia. Pedro Salmerón protagonizó durante la administración anterior un pleito con Román Meyer y lo acusó de opacidad, sobrecostos y retrasos en esa obra. El costo, aseguró entonces, se había duplicado y el retraso alimentaba sospechas de corrupción.

Edna Vega heredó el problema y consiguió empeorarlo. Su administración tardó todavía más en entregar la obra y el costo superó en más de mil 500 millones de pesos el presupuesto original. La millonaria diferencia tampoco compró una obra terminada. La librería, la cafetería y la plaza central permanecen sin acceso, y los servicios de consulta todavía no funcionan plenamente para el público. El gobierno gastó más, tardó más y entregó menos. Después organizó una inauguración.

Ese Archivo resume bastante bien a la Sedatu actual: presupuesto ejercido, fotografía oficial y pendientes detrás de la puerta.

Edna Vega ya no puede refugiarse cómodamente en el desconocimiento. Las denuncias existen, los nombres se repiten y los mismos funcionarios acumulan poder. La secretaria enfrenta entonces preguntas muy concretas. ¿Sus colaboradores la rebasaron? ¿Conoce los señalamientos y decidió protegerlos? ¿Permitió que estos mecanismos continuaran porque remover a sus operadores implicaría reconocer que entregó demasiado poder a las personas equivocadas?

Cualquiera de esas respuestas exige una explicación. La opacidad también tiene ventajas cuando nadie voltea a mirar. La Sedatu ha conseguido convertirse en una dependencia de escasa relevancia pública mientras administra asuntos, contratos y obras que involucran cantidades enormes de dinero. Esa discreción resulta especialmente cómoda cuando los trámites presuntamente tienen precio, los funcionarios denunciados ascienden, las investigaciones no producen consecuencias y una obra puede superar por más de mil 500 millones de pesos su presupuesto original antes de abrir siquiera todos sus espacios.

Ahora corresponde que Edna Vega explique qué ocurre en la dependencia que encabeza y qué ha hecho frente a las denuncias que involucran a sus colaboradores más cercanos.

Porque después de cierto número de denuncias, sobrecostos, omisiones y funcionarios protegidos, alegar que nadie sabía nada deja de ser una explicación. Se convierte en parte del problema.

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